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1 COMPRA Y VENTA DE PROPIEDAD RURAL: UN ENFOQUE A PARTIR DE LA AMAZONIA JOSÉ DE ARIMATÉIA BARBOSA Traducción y corrección al castellano: Sara González BUENOS AIRES - 2014 Editorial UMSA Universidad del Museo Social Argentino

JOSÉ DE ARIMATÉIA ARBOSA - Agusvinnusagusvinnus.prodiversitas.org/libros/Arimateia.pdf · Examinadores de la Tesis Doctoral DR. MARTINEZ ALVAREZ, EDUARDO DR. SCHIJMAN, JORGE DRA

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COMPRA Y VENTA DE PROPIEDAD RURAL: UN ENFOQUE A PARTIR DE LA AMAZONIA

JOSÉ DE ARIMATÉIA BARBOSA Traducción y corrección al castellano: Sara González

BUENOS AIRES - 2014

Editorial UMSA Universidad del Museo Social Argentino

© 2014 José de Arimatéia Barbosa Derechos exclusivos

© Editorial UMSA Av. Corrientes 1723, C.A.B.A.

(54 011) 5530-7600

Arte de tapa: Melisa De Lorenzo

Hecho el depósito que establece la ley 11.723

Impreso y encuadernado por: Imprenta Dorrego. Dorrego 1102, C.A.B.A. 1ª. ed. Tirada: 200 ejemplares. Se terminó de imprimir en octubre 2014.

Fuente de la Ilustración de tapa: Americae 1562, Diego Gutié-rrez, Hieronymus Cock File:1562 Americae-Gutierrez map 06hrs-inn Benezuela-Amazones-Regio-de-Brasil. US Library of Congress (hdl.loc.gov/loc.gmd/g3290.ct000342. Wikimedia Commons, the free media repository. Esta obra se encuentra bajo el dominio público La responsabilidad por los hechos, ideas o doctrinas expuestas en esta obra corresponde exclusivamente al autor.

José de Arimatéia Barbosa Compra y venta de propiedad rural: un enfoque a partir de la Amazonia. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Editorial UMSA, 2014. 302 p.; 22x15 cm. ISBN 978-987-45196-8-9 1. Propiedad Rural. I. Título CDD 343.076

Directora de Trabajo de Investigación

y Plan de Tesis

PROFESORA DOUTORA MARIA MAIDA

Examinadores de la Tesis Doctoral DR. MARTINEZ ALVAREZ, EDUARDO

DR. SCHIJMAN, JORGE DRA. ZAMUDIO, TEODORA

(sustituyó a DR. VALLS, MARIO en la defensa)

Lugar y fecha de Defensa: Universidad del Museo Social Argentino; Buenos Aires – 26/05/2014

Calificación: Sobresaliente

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Índice

AGRADECIMIENTOS ............................................................. 7 ABREVIATURAS ..................................................................... 9 RESUMO ................................................................................. 10 RESUMEN ............................................................................... 12 ABSTRACT ............................................................................. 14

INTRODUCCIÓN GENERAL ................................................ 17 Planteamiento del problema ........................................ 17 Identificación y significación jurídica del problema ... 21 Objetivos general y específicos ................................... 23 Objetivo general .......................................................... 23 Objetivos específicos ................................................... 23 Métodos y Técnicas de Investigación .......................... 24 Delimitación del Campo Espacial y Temporal ............ 24 Recolección de los datos: ............................................ 24

PARTE I - CONSIDERACIONES SOBRE EL DERECHO DE LA PROPIEDAD ..................................................................... 29

1. Construcción del Concepto de Propiedad ................ 29 1.1 Origen de la ocupación, división y demarcación de la propiedad rural en Brasil .. 31 1.2. Del concepto de la propiedad e inmueble rural en el ordenamiento brasileño ................. 45 1.3 Formas de Adquisición de la posesión y de la propiedad rural en ordenamiento jurídico brasileño ......................................................... 55 1.3.1. Una breve historia ................................. 64

2. Peculiaridades de la compra y venta civil ............... 74 2.1. Usucapión y/o prescripción adquisitiva de dominio como una forma de regularización de tierras privadas y devueltas ............................. 75 2.2. Compra y venta de la propiedad rural y de la escritura – ley 7.433, de 18 de diciembre de 1985, reglamentada por el Decreto nº 93.240 de 9 de septiembre de 1986. ................................ 81

Compra y venta de propiedad rural:un enfoque a partir de la Amazonia

2.3 Del Registro de inmueble, en especial lo rural................................................................. 87 2.4 De la limitación de venta de la propiedad, sus fundamentos, con destaque para el inmueble rural................................................................. 99

PARTE II – ASPECTOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD RURAL ........................................................... 105

3. Concepto de Amazonia: Amazonia Brasileña y Amazonía Continental ............................................... 105

3.1 La cuestión en la Amazonia brasileña .... 105 3.2 - Amazonia Continental .......................... 110 3.3. Registro de Tierras en Brasil, con énfasis en la Amazonia brasileña .............................. 112 3.4 De la georreferenciación, en especial en la Amazonía brasileña ...................................... 120 3.5 Desjudicialización dos actos voluntarios 127 3.6-De la “grilagem” (grillaje) en la región de la Amazonía ...................................................... 133 3.7- De La CPI (Comisión de Investigación Parlamentaria) en la región de la Amazonía . 143 3.8. Estudio de casos de compra y venta en la Amazonia de Brasil ...................................... 146

CONSIDERACIONES FINALES ......................................... 149

BIBLIOGRAFÍA CITADA E CONSULTADA .................... 157

APÊNDICES .......................................................................... 183

ANEXOS................................................................................ 203

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AGRADECIMIENTOS

Agradezco a los profesores de la UNIVERSIDAD DEL MUSEO SOCIAL ARGENTINO, representados por Luz Amparo, por las memorables lecciones que llevaré durante mi jornada en esta vida terrenal, y de manera muy especial y sincera al Profesor Doctor Gregorio Alberto Dillon, por confiar en mí desde que fue nombrado mi ase-sor académico en este viaje, haciendo distinción para la realización de esta pesquisa, la actitud científica y la dedi-cación marcas indelebles que orientan su vida profesional.

A mi otra asesora, Doctora Maria Maida, que al fi-nal de mi pesquisa, me condujo a la presentación de mi tesis, sucediendo al Doctor Dillon, a causa de su enferme-dad.

A los compañeros del curso de Doctorado de la UNIVERSIDAD DEL MUSEO SOCIAL ARGENTINO, representados por mi colega María Silvina Yagüe, que contribuyeron directa o indirectamente para finalizar esta etapa.

Al Profesor Carlos F. Gonçalves, que también es colaborador en mi oficina, quien a lo largo de los cinco últimos años me asiste en esa misión, ora como Maestro de español, ora como asistente en gran parte de las pesqui-sas de mis trabajos.

A la Estimada Profesora Doctora Rita de Cássia Marques Lima de Castro, eficiente revisora de este texto y de tantos otros proyectos de mi autoría y presentaciones a distintos públicos.

De modo especial agradezco al Profesor y compa-ñeros, Loredano y Beatriz Aleixo, con quien mucho

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aprendí en los 17 años de convivio en el añorado Gover-nador Valadares; y para mi Profesora Sara Esther Gonzá-lez Fernández, por las lecciones impartidas; no olvidando jamás su apoyo y cariño hacia mi persona y mi mujer, siempre que estamos en esta linda capital porteña.

A todos los funcionarios de la Secretaría de UM-SA, por la atención que me han dado en varias ocasiones.

Por último, el agradecimiento a las personas más importantes de mi vida. La familia, en especial “in memo-riam” a mis padres, Rui Barbosa y Maria Claudina y her-mana Ana Maria, de quien hecho mucho de menos; mi mujer, Maria do Socorro; mi hija Ariane e yerno Fábio y la “chica del abuelo”, mi nieta, Ana Luiza; mi hijo Rui y mi nuera Sandra Mara; mis hermanos y cuñados, Gilmar/ Durce, Evaldo/Maria José, Sandra/Gilson, Edésio, y esos dos hermanos del corazón, Aguimar y Guilherme, que iluminan mi vida todos los días, haciéndola feliz.

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ABREVIATURAS

CF Constituição da República Federativa do Brasil de 1988

CB Comitê(s) de Bioética CCB/2002 Código Civil Brasileiro CDC Código de Defesa do Consumidor CEM Comissões de Ética Médica CEP Comitês de Ética em Pesquisa CIB Comitê Internacional de Bioética CIGB Conselho Intergovernamental de Bioética CNB Comitê Nacional de Bioética CNJ Conselho Nacional de Justiça CPC Código de Processo Civil CP Código Penal CPP Código de Processo Penal HEC Hospital Ethics Committee INCRA Instituto Nacional de Colonização e Re-

forma Agrária. INTERMAT Instituto de Terras de Mato Grosso TJRS Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul STJ Superior Tribunal de Justiça STF Supremo Tribunal Federal UNESCO Organização das Nações Unidas para a

Educação, a Ciência e a Cultura

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RESUMO

A presente tese propõe-se a estudar a compra e venda da propriedade rural na Amazônia do Brasil. Buscar seus fundamentos jurídicos e fáticos, apontando proposta de sua regularização fundiária, por meio do instituto da usu-capión, tendo em vista a função social da propriedade, responsabilidade do particular e também do poder público, garantidor de seu Direito A exemplificar, no caso do Mato Grosso, onde a colonização se deu pelo Estado e União, bem como por empresas privadas, muitos são os registros e/ou matrículas “voadoras”, informando ter uma pessoa a propriedade de um imóvel que na verdade está localizado em outro lugar. isto é: matrículas desprovidas da posse do imóvel a que ela corresponde e/ou posses desprovidas de matrículas que incidem sobre áreas de reservas indígenas e rurais tituladas pelo Estado, ou União. Por isso, estima-se que mais de sessenta por cento de terras no citado Estado tem sua titularidade questionável. Isto porque os próprios órgãos INTERMAT e INCRA, responsáveis pelo cadastro e controle das terras do Estado e/ou União, não estão in-terconetados, daí a expedição de títulos em duplicidade, por ambos os institutos. Assim sendo, levando-se em conta que o fato não se adequa a norma, e esse é o caso que se apresenta, imperativo é tomá-lo como a base da proposta para transformá-lo em fato aquisitivo nos termos de pro-posta de lei que venha ao encontro do fato completo, ou seja, os possuidores-proprietários atuais de boa-fé não podem ser alijados em seu direito tendo presente todo o histórico de ocupação promovido pelo Poder Público, ali-ada as necessidades de crescimento econômico e perfecti-

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bilização do direito de propriedade, se preenchidas as con-dições de usucapión voluntária do imóvel por ele ocupado mansa e pacificamente. A atuação do Poder Público re-clama avaliação, objetivando perfectibilizar a gestão do patrimônio público e privado, notadamente em face do crescimento econômico na região investigada, alimentado pelo agronegócio que certamente mais dividendos trará a partir do momento que a segurança jurídica se fizer mais presente quanto à titularidade das propriedades. Deve-se ter presente, no entanto, que a tentativa de regularizar a titularidade da terra a partir de sua justificação histórica levaria a um procedimento de análise ad aeternum em que se instalaria trabalho símile a condenação de Sísifo. Exa-tamente para não permanecer rolando pedras é que se a-presenta, nas conclusões, proposta para alterando-se o Có-digo de Processo Civil e a Lei dos Registros Públicos, regular o procedimento extrajudicial por meio de usucapi-ón, tanto das terras particulares, como também de terras devolutas que estejam descumprindo sua função social e em ambos os casos, seu uso, domínio e posse pelo lapso prescricional definido em lei com a intenção de dono, per-tencer ao seu respectivo possuidor. Palavras-chave: compra e venda da propriedade rural – função social da terra e da propriedade- poder público – formas de alienação – usucapión voluntária –esboço de provimento e projeto de lei comentados – fato completo – boa fé- segurança jurídica

Compra y venta de propiedad rural:un enfoque a partir de la Amazonia

RESUMEN En esta tesis se propone estudiar la compra y venta de la propiedad de la tierra en el Amazonas de Brasil. Encuentre sus fundamentos jurídicos y fácticos, apuntando con su propuesta de regularización a través de la Oficina de pres-cripción adquisitiva de dominio, en vista de la función social de la propiedad, la responsabilidad del individuo y también el poder garante público de su La Ley ejemplifica en el caso de Mato Grosso, donde la colonización fue hecha por el Estado y de la Unión, así como por las em-presas privadas, hay muchos registros y / o archivos de " voladores", informando a una persona que sea propietaria de una propiedad que se encuentra realmente en otro lu-gar; es decir, registros carentes de posesión de la propie-dad a la que corresponde y/o posesiones carentes de la matrícula que se concentran en las zonas rurales y las re-servas indígenas tituladas por el Estado o de la Unión Por lo tanto, se estima que más del sesenta por ciento de la tierra en ese estado tiene su propiedad cuestionable. Esto se debe a los propios órganos del Intermat y INCRA, res-ponsable del registro y control de las tierras del Estado y / o de la Unión, no están interconectados, por lo tanto, la emisión de valores por duplicado por ambos institutos. Por lo tanto, teniendo en cuenta el hecho de que no se ajusta a la norma, y este es el caso que se presenta imprescindible es tomarlo como base para la propuesta de convertirlo en realidad la compra bajo la ley propuesta llegado a cumplir con el traje completo, es decir, los actuales propietarios- los propietarios de buena fe no pueden ser deshicieron a la derecha con toda esta historia de la ocupación promovida

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por el Gobierno, junto con las necesidades de crecimiento económico y de la propiedad perfectibilização si las con-diciones de prescripción adquisitiva de dominio voluntario de la propiedad ocupada por éste cumplen suave y pacífi-camente. El papel del gobierno afirma revisión, con el objetivo perfectibilizar la gestión de capital público y pri-vado, especialmente en la cara del crecimiento económico en la zona de estudio, impulsado por la agroindustria, que seguramente traerá más dividendos desde el momento en que la seguridad jurídica en cuanto a hacer esto más pro-piedad de los bienes. Hay que recordar, sin embargo, que el intento de regularizar la propiedad de la tierra de su jus-tificación histórica conduciría a un procedimiento de aná-lisis ad aeternum que fijaría trabajo símil condena de Sísi-fo. No permanecer rodando piedras exactamente es que se presenta, los resultados, se propone cambiar el Código de Procedimiento Civil y la Ley de Registros Públicos, regula el procedimiento judicial a través de prescripción adquisi-tiva de dominio, tanto de las tierras privadas, así como las tierras públicas que no están cumpliendo con su función social y, en ambos casos, su uso, el dominio y la posesión por plazo de prescripción establecido por la ley con la in-tención de dueño, pertenece a su respectivo propietario. Palabras clave: compra y venta de la propiedad rural - la función social de la tierra y el poder de propiedad pública - formas de alienación - voluntaria receta de relleno y con-torno del proyecto ley Comentadas - realmente completos - de buena fe la seguridad jurídica

Compra y venta de propiedad rural:un enfoque a partir de la Amazonia

ABSTRACT This thesis proposesións to study the buying and selling of land ownership in the Amazon of Brazil. Find their legal and factual grounds, pointing his proposal for regulariza-tion through the Office of adverse possession, in view of the social function of property, the responsibility of the individual and also the public guarantor power of his The Law exemplify in the case of Mato Grosso, where coloni-zation was made by the State and Union as well as by pri-vate companies, there are many records and / or "flying " files, informing a person having ownership of a property that is actually located elsewhere. ie registrations devoid of possession of the property to which it corresponds and / or possessions devoid of enrollments that focus on rural areas and indigenous reserves titrated by the State or Un-ion Therefore, it is estimated that more than sixty percent of land in that state has its questionable ownership. This is because the bodies own Intermat and INCRA, responsible for the registration and control of state land and / or Un-ion, are not interconnected, hence the issuance of securi-ties in duplicate by both institutes. Therefore, taking into account the fact that does not fit the norm, and this is the case that is presented imperative is to take it as the basis for the proposal to turn it into fact purchasing under proposesiónd law come to meet the complete suit, ie, the current owners - owners in good faith can not be jettisoned on your right with this whole occupation history promoted by the Government, together with the needs of economic growth and perfectibilização of ownership if the condi-tions of voluntary adverse possession of the property oc-

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cupied by him fulfilled gentle and peacefully. The role of the government claims review, aiming perfectibilizar the management of public and private equity, especially in the face of economic growth in the area surveyed, powered by agribusiness that will surely bring more dividends from the time that the legal certainty as to do this more owner-ship of properties. It must be remembered, however, that the attempt to regularize the ownership of the land from its historical justification would lead to an ad aeternum analy-sis procedure that would set work simile condemnation of Sisyphus. Not remain exactly rolling stones is that pre-sents itself, the findings, proposesiónd changing the Code of Civil Procedure and the Law on Public Records, regu-late court procedure through adverse possession, both from private lands, as well as public lands that are not ful-filling their social function and in both cases, its use, do-minion and possession by limitation period set by law with the intention of owner, belongs to its respective owner. Keywords : buying and selling of rural property - the so-cial function of land and public - owned power - forms of alienation - voluntary prescription - filling and outline of project Commented law - indeed complete - good - faith legal security

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INTRODUCCIÓN GENERAL ÁREA TEMÁTICA: Doctorado en Derecho con orientación en Protección y Gestión de Activos Ambientales

Planteamiento del problema

Esta tesis presenta el objetivo de investigar el sis-tema de compra y venta de la propiedad rural en la Ama-zonía, lo que se desea, por lo tanto, es tratar el tema: com-pra y venta de la propiedad rural en la Amazonía de Brasil y, para tal, será hecho un estudio sobre el instituto de re-gistro de la compra y venta, de las particularidades de este negocio, exactamente la propiedad rural.

Para su mejor comprensión, será analizado el con-cepto del derecho inmobiliario, subrayando la importancia del principio de la publicidad, fundamentado en el derecho comparado incluidos sistemas registrales de los principales países del MERCOSUR y del mundo.

Mismo aportando informes a respecto de la Ama-zonia al completo, se limitará el alcance de esta investiga-ción al instituto de compra y venta en la región de Ama-zonía de Brasil, así es porque en esta región – que repre-senta espacio físico amplio con sus propias características, con gran proporción del área de conservación – las condi-ciones históricas de colonización y concesión de tierras, las características naturales y el modo de ocupación actual, principalmente debido a las grandes propiedades y explo-tación agraria, requieren procedimientos más rigurosos y eficaces.

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El enfoque Pan-amazónico, comprendido en ello la Amazonia brasileña y la continental, la primera formada por más de 69,5% de tierras y el 29,5% por los otros paí-ses sur-americanos, que son los vecinos: Bolivia, con 8,2%; Perú, 10,3% Colombia, 5,5% República de la Gu-yana , 1,8%; Surinam; 1,4%; Guyana Francesa, 0,6% y por el que no es vecino Ecuador, con 1,7%, será también obje-to de estudio comparado, considerando su importancia en la escena mundial, para las cuales todos los ojos están di-reccionados.

Además, la propiedad rural en la Amazonia brasi-leña, se justifica teniendo en cuenta su extrema importan-cia en un País con enorme dimensión continental y con fuerte explotación agropecuaria. Es importante subrayar que en ese País de extenso territorio, la manera de coloni-zación muy contribuyó para la práctica de reiterados actos ilegales e inmorales de la ocupación irregular de sus tie-rras públicas o devueltas, pendientes de discriminaciones, ahora no se sabiendo el gobierno, por lo tanto, separarlas de las tierras particulares, cuyas irregularidades son, a se-guir relatadas por el renombrado jurista brasileño, Aliomar Baleiro, en comentario a la constitución brasileña de 1891, promulgada dos años después de la proclamación de la Republica de Brasil, apunta:

[...] Muchos ocupantes de tierras devueltas, antes de adquirir el do-minio o propiedad de ellas, ejerci-taban la posesión sobre vastas áre-as, como si fueran dueños. Esa es-tructura rural, que se empezó a co-rregir por la Ley de Tierras de 1850 y por su reglamento de 1854

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(“registro del vicario”), para las posesiones, permitía el dominio efectivo por parte de los “Señores de ingenio” y de los coroneles”. Estos recibían esos títulos porque el Gobierno concedía presentes honoríficos de oficiales de la Guardia Nacional, práctica que permaneció después de la Repúbli-ca, hasta los dos primeros diez años del siglo pasado” (BALEIRO, apud PORTO, 2001, p. 52).

Los “coroneles” eran los notables o líderes loca-les de los “sertões”, porque podrían dar o negar pequeños lotes de tierra a los agregados, que protegian contra abusos de la policía o la utilizaban para los propios abusos. Algu-nas veces hacían la guerra – que fuese por la posesión de las tierras, glebas de minerales o solamente por cuestiones de prestigio.

Aplicando esa realidad brasileña a lo que se pasa-ba en Argentina en 1869, en nota insertada en el artículo 3.202 - Código Civil de la República de Argentina - repor-tando sobre Derechos reales, su autor, Dr. Dalmacio Velez Sarsfield, así preleccionó:

En un País como el nuestro, donde el dominio de los inmuebles no tie-ne en la mayor parte de los casos títulos incontestables, la necesidad del registro público crearía un im-pedimento más al crédito hipote-cario. El mayor valor que estaban

Compra y venta de propiedad rural:un enfoque a partir de la Amazonia

tomando los bienes territoriales, irá regularizando los títulos de propiedad, y puede llegar un día en el que podamos aceptar la creación de los registros públicos. Hoy en las diversas provincias de la República sería difícil encontrar personas capaces de llevar esos registros, y construir el catastro de las propiedades, y sus mil muta-ciones por la división continua de los bienes raíces que causan las leyes de la sucesión, sin sujetar la propiedad y gravámenes que no corresponden a su valor para sa-tisfacer los honorarios debidos por la inscripción o transcripción de los títulos de propiedad. (VELEZ SARSFIELD, 2006, p. 739).

A este trabajo están adjuntadas las principales le-yes que disciplinan el tema en evidencia, mapas, memoria-les, oficios mantenidos con autoridades Agrarias del País, bien como reportajes y entrevista periodística sobre la aplicabilidad de la georreferenciación de inmuebles rurales en Brasil, a partir de entrevista por el investigador, conce-dida a la imprenta del Estado de Mato Grosso, responsable por la primera anotación por la certificación de georrefe-renciación de un inmueble rural en su oficina de trabajo, no Estado de Mato Grosso e no País, efectuada no mes de junio do ano 2004.

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Identificación y significación jurídica del problema El derecho de propiedad es una garantía en Brasil,

garantizado por la Constitución Federal, en su art. 5, inciso XXII. Sin embargo, en tal derecho se hallan ciertas limita-ciones, entre ellas la función social de la propiedad, además de la función del medio ambiente. De tal modo que, si el propietario de la tierra observa las condiciones de la función social y ambiental, puede disfrutar de su propiedad de la manera que mejor le convenga, realizando actos de disposición sobre su propiedad.

Cuando la elección del propietario de la tierra es la de realizar la venta de la tierra, o sea, la transmisión de la propiedad de dicha tierra, la ordenanza jurídica exige que sean observadas algunas condiciones legales del negocio jurídico de la compraventa. Así, el cumplimiento de las exigencias prácticas y legales es necesario para que el ne-gocio presente validad y eficacia.

Todavía, posteriormente, pero como requisito esencial de este negocio, hace falta el registro de este in-mueble y para tanto son necesarias informaciones exactas y fiables para que la transmisión pueda ocurrir de forma correcta y legal. Como hoy es realizado, en Brasil, el con-trol de las dimensiones de la propiedad real del inmueble y de la explotación de las propiedades rurales no son las más indicadas y acaban aportando confusiones y pérdidas a medida que el sistema de control y registro es fallo.

Aunque la legislación haya evolucionado en este sentido en los últimos años, especialmente con la promul-gación de la Ley 10.267/01, nombrada Ley de la Georrefe-renciación, reglamentada por el Decreto 4.449/02 y 5.570/05 - como una forma de determinar el exacto espa-

Compra y venta de propiedad rural:un enfoque a partir de la Amazonia

cio físico ocupado por el inmueble rural individualizado de acuerdo con su catastro en el órgano oficial, formali-zando legalmente la propiedad a través del Registro de la Propiedad - todavía hay mucho que ser reglamentado y alterado para que la compraventa pueda ser considerada un negocio válido e eficaz en Brasil, con respecto a las pro-piedades rurales, principalmente en la región de la Ama-zonia brasileña.

La limitación de este estudio en la región de la Amazonia brasileña trae consigo la necesidad de reglas específicas para esta región que presenta características peculiares de ocupación, división y explotación de sus tierras. Estas cuestiones, más allá de tantas otras, justifican toda la atención puesta en el tema para análisis frente a su importancia y actualidad.

Este estudio se presenta, por tanto, con el fin res-ponder las cuestiones: (i) ¿cuáles son los tipos de adquisi-ción de la propiedad rural y cuál es la eficacia de estas formas?; (ii) ¿cuáles son las inadecuaciones del instituto de compraventa de propiedades rurales?; (iii) ¿cuál es la inadecuación del sistema de control de estas propiedades?; (iv) ¿la previsión de la georreferenciación es realmente utilizada y cuáles son los beneficios por ella aportados?; (v) ¿cuáles son las medidas posibles para calificar y tornar eficiente el registro de inmuebles de tales propiedades?; (vi) ¿cómo señalar los cambios necesarios para que haya un control y registro efectivo de inmuebles de estas pro-piedades?

La importancia de este estudio, con énfasis en la propiedad rural en la Amazonia brasileña, se justifica en vista de su importancia extrema en un país con dimensio-

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nes continentales y con la explotación agrícola fuerte, cu-ya forma de colonización contribuyó a la práctica de los repetidos actos ilegales la ocupación inmoral e ilegal de tierras públicas, especialmente en el vasta Amazonia.

Estas cuestiones, junto con muchas otras, tienen derecho a toda la atención puesta en el tema antes del aná-lisis de su importancia y actualidad, ya que la nueva tecno-logía, especialmente en las áreas de las ciencias médicas y biológicas, ha puesto el conocimiento legal total en el paso con la realidad.

Objetivos general y específicos

Objetivo general El objetivo general de este Plan de Investigación de

Tesis Doctoral es llevar a cabo un estudio del fenómeno de la compra y venta de la propiedad rural en la Amazonia, especialmente en las un enfoque a partir de la Amazonia, desde un enfoque interdisciplinario.

Objetivos específicos

• Identificar en que casos puede suceder la compra y venta de propiedad rural en la Amazonia;

• Estudiar los casos en que implican consecuencias jurídico-civiles;

• Identificar los tipos de compra y venta clasificados por la doctrina argentina;

• Estudiar como el derecho civil ha reflexionado so-bre esta contratación;

• Comparar los resultados en la literatura en la Ar-gentina y en el Brasil con otros países;

Compra y venta de propiedad rural:un enfoque a partir de la Amazonia

• Revelar las inadecuaciones del registro de inmue-bles en el ordenamiento jurídico brasileño de regis-tro, como también en la forma práctica aplicable hoy;

• Describir el método previsto de georreferenciación y usucapión para control de las propiedades;

• Pesquisar acerca de la efectiva utilización y del re-sultado aportado por la georreferenciación;

• Recoger datos estadísticos acerca de negocios jurí-dicos realizados en las propiedades rurales de la región de la Amazonia brasileña;

• Hacer un análisis de los casos los aspectos jurídicos de Derecho Comparado.

Métodos y Técnicas de Investigación

Delimitación del Campo Espacial y Temporal El estudio comparativo se llevó a cabo a partir del

análisis de la práctica registral de Argentina y Brasil. Para llevar a cabo el estudio se utilizó el método histórico, con el fin de conocer los antecedentes de la compra y venta; el método comparativo, para conocer la orientación de la cuestión en el Derecho Brasileño, intentando paralelamen-te la búsqueda de informaciones en los países latinoameri-canos.

Recolección de los datos:

Para la elaboración de esta investigación fueran utilizados libros, periódicos, revistas jurídicas, artículos, publicaciones, decisiones de los Tribunales, estadísticas ya registradas en los órganos competentes, y otras contribu-

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ciones importantes para el tema tratado. Para la ejecución de esta pesquisa y para la construcción de la Tesis fueran utilizadas concomitantemente el enfoque deductivo y la pesquisa de campo.

El enfoque deductivo fue aplicado en las explana-ciones acerca de los conceptos, legislaciones, doctrinas sobre los temas tratados a lo largo de la tesis. La redacción de la tesis ocurrió basada en conceptos y escritos ya exis-tentes y que fueran concatenados por el estudiante de doc-torado. Mientras que el uso de la pesquisa de campo fue hecha cuando el estudiante de doctorado trabajar con ca-sos específicos de compra y venta de propiedades rurales, ejemplos específicos de registro de inmuebles y aún datos estadísticos y encuestas compiladas.

Por último, los datos fueran recogidos a través de pesquisa hecha en oficinas Del Registro de la Propiedad en los Estados de Mato Grosso y Rondônia, estos estados están en la Amazonia brasileña; Bolivia, Perú y Colombia en la Amazonia Continental

Las hipótesis fueran:

(i) Las posibilidades de adquisición de la propiedad en el ordenamiento jurídico brasileño no son muy bien planeadas y motivadas. La forma más utilizada es la del instituto de la compra y venta y este negocio jurídico es correctamente aplicado en Brasil, si-guiendo las normas legales y, realizando un ade-cuado control de propiedades. El sistema de regis-tro de inmuebles es lo más adecuado y la forma en-contrada de determinación de los límites de la pro-piedad, a través del sistema de la georreferencia-

Compra y venta de propiedad rural:un enfoque a partir de la Amazonia

ción no es efectivamente utilizado y así, origina un inexacto control de tierras y de las propiedades.

(ii) Este problema que ocurre en la Amazonia brasile-ña, no ocurre en otros países de dimensiones terri-toriales también grandes, como es el caso de Ar-gentina, porque el ordenamiento jurídico es aplica-do en la práctica.

(iii) Mismo que el instituto de la compra y venta sea demasiadamente utilizado y que haya una amplia creación de normas para este negocio jurídico, la manera por la cual en la práctica son realizados ta-les contractos aporta graves y evidentes daños al control y demarcación de las propiedades rurales, principalmente en la región de la Amazonia brasi-leña. La falta de registro de los negocios realizados impiden la correcta demarcación y control de las propiedades.

(iv) El dominio de la transferencia de propiedad, a ve-ces, no tiene forma efectiva legal. Aunque las ofi-cinas de registro de inmuebles poseen todo un apa-rato y todo un ordenamiento para realizar tal regis-tro y control, los propietarios de tierras, general-mente, no hacen el registro de tales negocios y, así se convierte en algo inviable una exacta dimensión de la propiedad, de las explotaciones llevadas a ca-bo y de las limitaciones y demarcaciones territoria-les, además de provocar la incertidumbre jurídica en las transacciones de inmuebles realizadas en la Amazonia brasileña. Aunque el sistema de registro de inmuebles sea adecuado y el sistema de geo-referenciación sea efectivamente utilizado en Bra-

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sil, la manera por la cual son realizados los contra-tos de compra y venta en Brasil aporta graves y evidentes daños al control y a la demarcación de las propiedades rurales, principalmente en la región de la Amazonia brasileña. Creemos que la falta de registro de gran parte de los negocios realizados impide la correcta demarcación y control de las propiedades. La pregunta es por qué no se hace ese registro?

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PARTE I - CONSIDERACIONES SOBRE EL DE-RECHO DE LA PROPIEDAD 1. Construcción del Concepto de Propiedad

Sostenido durante siglos hay la tesis de Montes-quieu que está contenido en L'Esprit des Lois, vol. 3, libro XXVI Capítulo X que indica que:

Cuando los hombres abandonaron la comunidad natural, para vivir bajo la ley de los hombres también abandonaron la comunidad natu-ral de los bienes, a vivir bajo las leyes civiles. El primero les dio la libertad, la segunda, la propiedad "Bajo el aspecto sociológico, la propiedad, por lo tanto es un fenómeno histórico. (MONTES-QUIEU, 1758, ed. 2007, s/p.)

Hoy día, su función social es estudiada de forma compartida bajo su aspecto económico y legal.

En esta área, la Constitución brasileña de 1988 ha traído ciertas limitaciones a la propiedad frente al derecho necesita el contexto de la época considerada como obliga-toria. Así, el legislador como lo haría de haber recogido el derecho a la propiedad como una garantía fundamental y predijo un aparato legal entero para el mantenimiento y la seguridad. La inserción de este derecho y la garantía de la propiedad en el caput del artículo 5 demuestran el carácter fundamental de esta institución, sobre la que se cierne la

Compra y venta de propiedad rural:un enfoque a partir de la Amazonia

siguiente inquietud: ¿es necesaria la existencia de la pro-piedad como una institución?

Aunque considerado como un derecho esencial, en el caput del artículo máximo de los derechos más funda-mentales en sus desdoblamientos, en los incisos, ya están previstos importantes advertencias al derecho pleno de la propiedad, tanto es así que el artículo XXIII de la Carta Magna hay la configuración de la limitación aportada por la función social de la propiedad.

En su texto original fueron incluidos dispositivos acerca de la propiedad, su extensión, forma de impuesto, además de la previsión de las políticas urbanas y rurales, entre otros temas trabajados. Con los años, se fueran inser-tando leyes específicas a través de enmiendas constitucio-nales, cambiando la redacción original de la Carta Mayor, que vienen de diversas formas de aportaciones presentadas por la sociedad, por la realidad fáctica y por la necesidad de la paz social, la garantía de políticas públicas en conso-nancia con el derecho privado y los derechos individuales, así como por los constantes cambios en el escenario mun-dial.

Debido a esto, algunas preguntas nos invitan a re-flexionar: ¿Cuáles son los principales retos y perspectivas de la afirmación de una nueva lección para los Derechos del orden mundial contemporáneo, o como dicen los fran-ceses: mundializado?

¿Cómo conciliar los documentos y procedimientos, con el objetivo de ofrecer seguridad jurídica en el registro de la propiedad, de acuerdo con los requisitos legales, al tiempo que reconoce la existencia de una ley imperial para

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influir en el cumplimiento de las primeras? Faltando no portugués.

El comportamiento humano, los resultados de esta estrategia y cómo la sociedad ve a estas formaciones los procedimientos correctos. Y precisamente porque es el derecho de una de las consecuencias de estas acciones y estos la visión humana es que se vuelve dinámica.

Por lo tanto, es fácil concluir que, debido a este di-namismo, el cambio constante en el orden so-cio/económico, científico e incluso religioso es que en ciertos momentos se insertan algunas restricciones a los derechos; institutos cambian de tamaño y se han obtenido nuevos preceptos y ordenamientos jurídicos.

Estas son preguntas que inspiran este estudio, cuyo objetivo es, como se ha discutido en otra parte, examinar la institución de la venta y la compra de la propiedad rural, direccionando la aplicación de este negocio jurídico de la Amazonia brasileña y señalando los cambios necesarios para que haya una efectiva regularización de tierras, por medio del instituto de ’usucapión’ voluntaria, ya sea de tierras de propiedad privada, así como las tierras públicas, devueltas que no están cumpliendo su función social.

1.1 Origen de la ocupación, división y demarcación de la propiedad rural en Brasil

De acuerdo con las enseñanzas de Ismael M. Falc-ão (1995), bajo la premisa del cristianismo, el acta de na-cimiento de Brasil es la bula inter coetera del Papa Ale-jandro VI, del 4 de mayo de 1493, consolidada en el Tra-tado de Tordesillas, firmado en 1494. Para este autor, se sabía que todas las tierras existentes en el mundo, por dis-

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posición del ordenamiento jurídico de la época, pertenec-ían al Orden de Cristo, de la que fue Gran Maestro el Pa-pa, con los reyes como vasallos y leales partidarios.

Por otra parte, partiendo de la premisa espacial, el “descubrimiento” de Brasil no fue otra cosa que clavarse el dominio lusitano sobre el "nuevo mundo", en nombre del Rey de Portugal y del Orden de Cristo. Así, las tierras descubiertas estaban los dominios de la Corona Portugue-sa, siendo, en consecuencia, todas públicas, por origen, como enseña Luís De Lima Stefanini (1978).

[...] El territorio brasileño era una propiedad pública de la Co-rona. Esto como una entidad de Derecho Público, y no como una entidad privada - propiedad del Rey de Portugal - que para enten-der la situación del Jefe de Esta-do, como representante de la na-ción [...] (STEFANINI, 1978, p 32.).

El maestro Pinto Ferreira afirma que en el descu-brimiento de Brasil numerosas naciones indígenas tenían su propio territorio por derecho y que en la forma original no había la división de tierras, excepto por mar.

Concluye su conferencia de la siguiente manera: "Recuerde que en este momento el indio no era señor de derecho". De acuerdo con las ordenanzas del reino, fue clasificado como una "cosa" de la cual cualquier pudiera apropiarse”, por lo tanto, ha prevalecido “la concesión Papal". (Ferreira, 1994, p. 107).

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Con esto, se puede decir que en las raíces de las tierras brasileñas desde el principio, independientemente de la extensión, en la opinión de algunos el dueño era "Cristo", para otros, la corona portuguesa o los indios. Otra premisa, constitucional, es decir que la tierra brasile-ña siempre ha pertenecido al Estado, ya que su origen le-gal más antiguo, fue su titular directo.

Acogiendo esta última premisa, es simple concluir que todas las tierras de Brasil fueron originalmente públi-cas, ya que fueran habidas por derecho de conquista de la corona portuguesa, con su independencia política ahora pertenecen a la nación brasileña. Así es como nos enseña el jurista brasileño, Hely Lopes Meirelles:

En Brasil todas las tierras eran originalmente públicas, ya que pertenecen a la nación portuguesa, por derecho de conquista. Luego pasaran para el Imperio y la Re-pública, como siempre dominio del Estado. La transferencia de tierras públicas a particulares se produjo gradualmente, a través de conce-siones de concesión de tierras y las “datas” (instituto sesmarial), compra y venta, el intercambio y la legitimación de las posesiones (Ley 601/1850, la primera legisla-ción brasileña sobre regulariza-ción de tierras). Por eso la regla de que todas las tierras sin título de propiedad privada es de domi-

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nio público. (MEIRELLES, 1971, p. 447).

Figura 1 - Mapa 1 – Límites Geográficos del Tratado de Tordesi-llas y División del País en Capitanías hereditarias. (Fuente: http://pt.wikipedia.org)

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A partir de 1822, con la independencia de Brasil, la propiedad fue pasando poco a poco para el dominio priva-do. La Ley de Tierras – nº. 601, promulgada en 1850, pre-veía la revalidación de las sesmarías, concesiones de tie-rras y legitimación de las posesiones mansas y pacíficas existentes, la venta de tierras públicas a particulares a par-tir de entonces como la única forma de adquisición por parte de los individuos. Definió cuales eran las tierras de-vueltas, estableciendo que solamente después de la demar-cación de la propiedad privada es que el Gobierno podría demarcar extremar o discriminar a las tierras devueltas.

Aprovechando el criterio enumerativo negativo en los párrafos 1, 2, 3 y 4 del artículo 39, de la Ley 601 de 1850 (Ley de Tierras), hay la siguiente definición de tie-rras devueltas:

- Las que no están aplicadas a algún uso público, nacional, provincial o municipal;

- Las que no están en dominio particular, por cual-quier título legítimo, ni son habidas por sesmarías y otras concesiones del Gobierno General o Provincial, no incur-sas en ‘comiso’ por la falta de cumplimiento de las condi-ciones de medida, confirmación y cultura.

-Las que fueran dadas por sesmarías u otras conce-siones del gobierno, que, a pesar de incursas en ’comiso’, se revalidó por esta ley.

-Las que no estén ocupadas por las posesiones, las cuales, aunque no estén fundadas en título general, están legitimadas por esta ley.

Actualmente, en nivel federal, el asentamiento de tierras públicas es disciplinado por la ley n. 6.363, de

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07/12/76, cuyo objetivo es encontrarlas, definir sus con-tornos, extremándolas de las tierras particulares o priva-das.

Este procedimiento, en el ámbito administrativo, se hace por un comité especial, presidido por un Licenciado en Derecho por la Asesoría Jurídica del Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), que verifica la legitimidad de los títulos de dominio privado, apurando, por exclusión, las tierras de dominio público.

Bajo esa ley n. 6.363/76, el procedimiento adminis-trativo sigue dos fases: llamamiento de las partes interesa-das a presentar sus títulos de dominio sobre las tierras ocupadas por ellos y los títulos de demarcación, efectuada a través de la georeferenciación de la propiedad, aprove-chando el GPS (Global Positioning System) de alta preci-sión, utilizado actualmente por geomensores y/o técnicos topográficos de acuerdo a las reglas establecidas por el INCRA, obedeciendo a los dictámenes del artículo 225 de la Ley 6015/73 (Ley de los Registros Públicos).

Si alguna de las partes no contestan la llamada, o siendo el procedimiento considerado ineficaz y/o su con-clusión administrativa, se recurre a un procedimiento judi-cial, cuya decisión, de legalización o no, será registrada en nombre de la entidad política que es propietaria de las tie-rras públicas, o devueltas.

Sobre la obligación de demarcar las tierras, Monica Diniz (2005) muestra la relación entre la Corona, los con-cesionarios y los ocupantes ilegales, hecho generador de interminables conflictos cuyos efectos aún persisten en la actualidad.

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Tal dualidad que existía (la emisión de Cartas de Sesmarías sin apoyo legal y la ocupación desprovista de cualquier titulación de tierras) será abordada por la Ley de Tierras del Imperio en 1850, con la revalidación de las Cartas y las concesiones otorgadas en las provincias de la Repartición General de Tierras del Imperio, creada en vir-tud de la citada ley y la obligación de declarar los bienes sin ningún título antes de los Registros parroquiales (más tarde llamados ‘Registros del Vicario’). Por lo tanto, desde 1850, tanto la propiedad como la posesión deberán ser tituladas en la administración imperial, una situación que se arrastra hasta la creación de los Registros Generales de Inmuebles en el Código Civil en 1917.

Después de algún tiempo es que se lograron estos registros sobre las posesiones, bajo la responsabi-lidad de la iglesia católica. Monica Diniz en este sentido menciona

[...]Todas las posesiones y adjudi-caciones formadas fueron legiti-madas en los registros públicos elaborados con las parroquias lo-cales. La Iglesia en este período de la Colonia, se unió oficialmente al Estado. Por lo tanto, los vicarios (o párrocos) de las iglesias eran quienes hacían los registros de la tierra o los certificados, tales co-mo el nacimiento, el matrimonio, etc. Sólo con la proclamación de la República en 1889, la iglesia y el estado se apartaran. (DINIZ, 2005, s/p.)

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Sin embargo, se observa que, en vano, hubo mu-chos intentos de regularizar el sistema de tenencia de tie-rras. En este período, el desorden asoló el país con la toma de posesiones ilegales de tierras, sin duda causados por la falta de límites y la falta de legislación regulatoria en tie-rras brasileñas.

Esto se observa en varias premisas ya citadas, y por lo tanto, no es una novedad decir que los registros de estas tierras hasta hoy son controvertidos. Se sabe que hay una gran cantidad de zonas superpuestas. Hay mucha irregula-ridad en lo que respecta a la situación de la propiedad a la medida del campo y la demarcación de las áreas reporta-das que son relatadas en los memoriales descriptivos.

Además de esto, los ingenieros del Instituto Nacio-nal de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), miem-bros de los comités gubernamentales designados para fines específicos, con el respaldo de los legisladores, llegaron al consenso de que era necesaria la actualización urgente en los registros de tierras de Brasil para promover una inter-conexión entre la situación actual de las propiedades rura-les y los documentos registrados, editando, para esto, las nuevas leyes especiales que se tratarán en los capítulos secuenciales.

Así, en Brasil, todas las tierras eran originalmente públicas, ya que habidas por derecho de conquista a la corona portuguesa y, con la independencia la pertenencia le tocó a la nación brasileña.

Analizando lo que se ha dicho, se deduce, como se ve en la disposición 013/06, publicada por el Magistrado de Justicia del Estado de Pará, el siguiente: cualquier per-sona que se hace llamar un terrateniente en el país, debe

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demostrar que la propiedad bajo su gobierno fue válida-mente desmembrada del patrimonio público. Eso se ve en la ley 601 de 1850, denominada Ley de Tierras, promul-gada por el emperador Pedro II, a fin de determinar lo que pertenecía al imperio y lo que pertenecía al privado, adqui-rido a través de concesiones asignaciones y/o del llamado ‘Registro del Vicario’.

Aunque haya leyes estatales que reglan las cuestio-nes relativas a la venta de tierras públicas, las Constitucio-nes federales de Brasil, a partir de 1934, siempre estable-ceran límites y condiciones para la práctica de tales actos, siendo que se mantuvo la prohibición de que las de la pro-piedad pública son inalienables y no están sujetos a pres-cripción adquisitiva (usucapión).

La Constitución de 1934, en su artículo 130, esta-blece el límite de 10000 hectáreas (diez mil hectáreas) para la alienación de tierras públicas, sin necesidad de autorización del Senado.

La Constitución de 1937, en el artículo 155, man-tuvo esta condición límite, así que es necesario solamente respetar el límite contenido en los títulos de propiedad emitidos por las distintas agencias del gobierno federal y/o de la Unión. Se verifica que ninguno de ellos, a menos que haya una excepción, supera el límite de 9.999 hectáreas (nueve mil novecientos noventa y nueve hectáreas).

Art 155 – Ninguna concesión de tierra de más de diez mil hectáreas, podrá ser hecha sin que, en cada caso, haya autorización previa del Consejo Federal. (Brasil, Constitución de 1937).

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Continuando, en la Constitución de 1946, por la Enmienda Constitucional nº 10, del 09/11/1964, en el artí-culo 6º, nótase que este límite se redujo a 3.000 hectáreas (tres mil hectáreas), área que también fue mantenida por la Constitución de 1967, artículo 154, y reducida a 2.500 hectáreas (dos mil quinientas hectáreas) en la actual Cons-titución de la República, en sus artículos. 49, c/c el párrafo 1º del artículo 188, en sustitución a la autorización del Senado Federal para el Congreso Nacional.

Así establece la mencionada disposición nº. 013/2006- editado por Magistrado de Justicia del Estado de Pará:

[...] CONSIDERANDO que desde la Constitución Federal de 1934 hay una limitación a la alienación de tierras públicas sin el consen-timiento del Senado de la Repúbli-ca. La Constitución de 1934 (art. 130) estableció el límite de 10 000 hectáreas. La Constitución de 1937 (art. 155) mantuvo este lími-te. La Constitución de 1946, por la Enmienda Constitucional nº 10 de 09/11/1964 (artículo 6º) redujo el límite para 3.000 hectáreas, man-tenido por la Constitución de 1967 (art.154) y reducido en la actual Constitución de la República (art. 49, c / a & 1, art. 188) a 2.500 hectáreas, siendo que la autoriza-ción pasa a ser otorgada por el Congreso Nacional, por lo que los

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registros de las zonas superiores, incluso los basados en títulos auténticos, si no tuvieron autoriza-ción del Senado y o del Congreso Nacional, plagados de ‘vicio de constitucionalidad’.

Para justificar la expedición de la citada disposi-ción, Su Excelencia, la desembargadora Oradir Sampaio Nery, Corregidora de Justicia de los condados del interior del estado de Pará, lo hizo con el fin de resolver el grave problema de la tierra de su estado, lo que significa que las medidas específicas adoptadas por la Corregiduría e por el Instituto de Terras do Pará (ITERPA), se presentan insu-ficientes, en comparación con la dimensión que alcanzó el acaparamiento (“grilagem” en Lengua Portuguesa) de tie-rras, lo que demuestra que varios municipios del interior del Estado presentan áreas registradas que superan en una, dos o más veces su superficie territorial.

De conformidad con la Ley nº. 601, de 1850, con el objetivo de arrecadar las tierras públicas brasileñas, vale el registro de la siguiente noticia transmitida en la prensa oficial:

Transcurridos 123 años, en un procedimiento sin precedentes, una iniciativa de la Superintendencia Regio-nal do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrá-ria (INCRA), Roraima, sin duda motivada por la demarca-ción indígena con problemas de la localidad Raposa do Sol, fue abierto un proceso de licitación pública, cuyo de-creto fue publicado en el Diário Oficial da União (Diario Oficial del Estado de Brasil), edición del día 23/10/2008, con el objetivo de delimitar y georreferenciar parte de

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TIERRAS PÚBLICAS de su territorio, haciendo su medi-ción y la materialización de todos los vértices del períme-tro de las explotaciones de hasta 100 hectáreas, con la ve-rificación de las fronteras estatales y pistas de carreteras fronterizas que están limitadas a los sitios en evidencia, y su objetivo es intensificar la regulación fundiaria de la referida región, en busca de su desarrollo regional.

Así, se concluye que las tierras devueltas son tie-rras públicas que aún no han sido identificadas y recogidas debidamente a través del procedimiento legal, debidamen-te matriculadas/registradas en el Registro de la Propiedad Inmueble de la circunscripción inmobiliaria correspon-diente a la ubicación de la propiedad a la que se refiere.

Merece mencionar que hasta 1916, cuando se hizo obligatorio el registro de una propiedad, creado por el primer Código Civil, el sistema de registro de tierras brasi-leñas no tenía otro propósito que el de prestar su censo.

El escritor Costa Porto, citado por Maria Helena Diniz, así identifica el sistema de tierras brasileño, en el período imperial:

[...] tierras no distribuidas, o que, concedidas a terceros, habían re-gresado al Estado, llamadas, gené-ricamente, devueltas, con visible impropiedad, pues devueltas, a ri-gor, se debía considerar que, dadas a particulares, fueran devueltas al poder público, pasando este a ser el señor primitivo;

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b) tierras dadas regularmente de sesmaría, cuyos beneficiarios, aten-diendo a todas las condiciones y exigencias legales, tuvieron el do-minio pleno, asegurado por la nor-ma del art. 179, XXII, de la Consti-tución de 25 de marzo de 1824;

c) tierras dadas de sesmaría, cuyos titulares no atendieron a las exi-gencias legales, perdiendo el dere-cho a la fecha, quedándose como ‘sesmeros’ no legítimos; y

d) áreas simplemente ocupadas por personas sin ningún título, situación de hecho, a rigor intrusos, solamen-te amparados por el principio ro-mano del melior est conditio possi-dentis.

e) Con la finalidad de la inscripción de hipotecas, en 21-10-1843 fue ins-tituido el “Régimen Hipotecario”, por la Ley Presupuestaria n. 317, que, posteriormente, fue cambiado para “Registro General” por la Ley nº 1.237, de 24-9-1864, reglamen-tada por el Decreto 3.453, de 26-4-1865. Esta Ley ha traído significati-vos avances en el sistema registral brasileño, pues vino, entre otras co-sas, instituir el registro de propie-dad por ato inter vivos y la consti-

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tución de derechos reales limitati-vos (art. 7º); declarar que la trans-misión no se operaba con respecto a terceros, sino por la transcripción y desde su fecha, y que esta no lle-varía a la prueba de dominio; exigir la escritura pública como de subs-tancia del contrato y su inscripción en el registro, para valer en contra de terceros; instituir la pre notación y enumerar, taxativamente, los de-rechos reales limitativos reales, su-jetándoles a la transcripción. (PORTO, apud DINIZ, 1992, s/p.).

El Reglamento 1.318/1854 estableció el Registro del Vicario, para la solución necesaria de las posesiones entonces existentes, creando así el primer registro en Bra-sil, mientras que el origen del Registro Geral de Imóveis (Registro General de la Propiedad) se produjo tan sólo 10 años después de que, en virtud de la Ley N º 1.237/1864 y el Decreto N º 3.453/1865, vale la pena señalar que estaba destinado para fines estadísticos, y realizar la transmisión de la propiedad privada, con efectos declarativos, diferen-ciándola de la opinión pública, en sustitución de la tradi-ción por la transcripción.

Años más tarde, como apunta José Penna Edgard Pereira Amorim (2003), los Decretos. 169-A, 19 de enero de 1890, y 370 de 2 de mayo de 1890 repiten las viejas disposiciones de la ley hipotecaria, en lo que se refiere a la transcripción de las transmisiones, que las leyes posterio-res ampliaran, buscando siempre la organización y la ga-rantía de la propiedad privada por el registro.

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1.2. Del concepto de la propiedad e inmueble rural en el ordenamiento brasileño

Buscó el Supremo Tribunal Federal distinguir el concepto de propiedad y propiedad rural en los siguientes términos:

La propiedad rural está relacionada al registro úni-co definido, aunque la Ley 6.015/73 (Ley de Registros Públicos) haga mención a la palabra "inmueble". La pro-piedad puede tener más de un registro, incluyendo distin-tos propietarios, ya que se refiere a las áreas contiguas que se están explorando en una manera única. (MS -22 591 - DJ 14-11-2003)

Propiedad rural, según el Vocabulário Jurídico, de De Plácito e Silva (2008, p. 1118), puede resumirse, según la doctrina, como:

institución económica que tiene por objeto la explotación de las empresas agrícolas y, por exten-sión, el terreno en el que se hace la cultura y se mantiene un agro-negocio, la construcción, la sede de la propiedad, al igual que todo lo relacionado con esta industria, incluyendo los derechos para ga-rantizar las actividades que son inherentes al trabajo.

A este concepto se suma que la propiedad, en par-ticular la rural, nunca se divorció de su función o interés social. Incluso antes de entrar en el sistema legal, había muchos filósofos y pensadores religiosos que proclamaron

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la importancia del interés social de la tierra para la perpe-tuación de la especie humana.

Aristóteles en "Política", afirmó que la propiedad debe tener un propósito, teniendo en cuenta la finalidad que se pretendía. Santo Tomás de Aquino, en su Suma Teológica y en la misma línea de investigación en diversas encíclicas papales, se opuso con vehemencia al uso indis-criminado de la propiedad, marginando a alguien que no es su guardián, lo haciendo sobre la base de Génesis, el primer libro de la Biblia, que establece, imperativamente, creced y multiplicaos, señalando que la relación del hom-bre con la tierra siempre ha existido.

Después de muchos siglos, se ha de observar que la institución de la función social de la tierra y de la propie-dad sólo se convirtió en parte del sistema legal en el mun-do, a partir de 1919, por la República Federal de Alema-nia, a través de la famosa Constitución de Weimar.

En Brasil, muy tímidamente, la Constitución de 1934/1937 y de una manera más transparente en la Consti-tución del año 1946, la función social de la propiedad ob-tuvo status constitucional al proclamar que la ley, en cum-plimiento de lo dispuesto en el artículo 141, § 16, para promover la justa distribución de la propiedad con la igualdad de oportunidades para todos. Trató, por el bien de la verdad, de la posibilidad de implantar la reforma agraria en Brasil, la cual se consolidó, en las zonas rurales, de acuerdo con el llamado Estatuto de la Tierra, creado por la Ley n. 4504, de 30 de noviembre de 1964, que ya en su artículo 1 establece "Esta ley regula los derechos y obliga-ciones relativos a inmuebles rurales, asegurando a todos, de acuerdo con su artículo 2, la oportunidad de acceder a

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la propiedad de la tierra, condicionada por su función so-cial, en términos de esta Ley”.

Por lo tanto, la propiedad rural está asociada a la noción de unidad de explotación económica centrada en el desarrollo de las actividades agrícolas, que puede estar formada por una o varias propiedades rurales, como así escrito en el artículo 4 del Estatuto da Terra, la Ley nº 4504-I. del 30/11/64: "el edificio rústico, área continua, en cualquier ubicación, que está destinada a la exploración minera agrícola, la ganadería o la agroindustria, o por los planes públicos, sea a través de la iniciativa privada."

Volviendo al concepto de propiedad rural, José Afonso Silva apunta que:

La propiedad rural, que está aso-ciada a la noción de propiedad de la tierra, con su naturaleza de bien de producción, tiene como unidad natural la producción de bienes necesarios a la supervivencia humana, de ahí la razón para que la Constituição da República Fede-rativa do Brasil registra normas que sirven como base a su peculiar disciplina jurídica (arts. 184 a 191). Es decir: la propiedad de te-ner bienes no podría quedarse únicamente en el sometimiento a los caprichos de la naturaleza humana, en el sentido de tomar o no provecho como más convenga

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al propietario (SILVA, 1999, p. 687).

Desde lo alto de su dominio, afirma el jurista Car-los Roberto Gonçalves (2003, s/p.) que se puede definir el Derecho de propiedad real como el poder legal, directo e inmediato del titular sobre la cosa con exclusividad. Así comenta:

En los derechos personales, el vínculo obligatorio entre el pres-tamista y el prestatario da al pri-mer el derecho de exigir la presta-ción prometida: a) hay el principio del absolutismo, erga omnes... b) hay el principio de la publicidad o de la visibilidad, donde se adquie-ren los derechos reales sobre pro-piedad sólo después de la trans-cripción, en el registro de la pro-piedad, del título respectivo (CC, art. 1226 y 1267). Al ser oponibles erga omnes, es necesario que to-dos conozcan sus titulares, para no molestarlos. La transcripción y la tradición actúan como medios de publicidad de la titularidad de los derechos reales de propiedad.

A partir de estos conceptos es que con la llegada del Estatuto de la Tierra, se buscó, de primero, para esta-blecer una forma de descripción de los inmuebles rurales, con la cual se pretendía crear una realidad en que se queda

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clara la situación fática de la tierra, no lograda, por tener preponderado la finalidad administrativa y fiscal de la ins-cripción.

Sólo con la Ley de los Registros Públicos, los re-gistros de inmuebles disponen de un respaldo legal para requerir una descripción de la propiedad, sin embargo el artículo 176, § 1, sección II, punto 3, y el artículo 225 hayan traído, salvo mejor juicio, las expresiones vagas y criterios subjetivos, lo que permite al intérprete la aplica-ción de la norma de acuerdo con su comprensión.

De acuerdo con el artículo primero de dicho Esta-tuto de la Tierra, se garantiza a todos la oportunidad de acceder a la propiedad de la tierra, condicionada por la función social que se realiza simultáneamente cuando: a) promueve el bienestar de los propietarios y de los trabaja-dores que laboran en ella así como de sus familias, b) mantiene niveles satisfactorios de productividad c) garan-tiza la conservación de los recursos naturales; d) cumple con las disposiciones legales que regulan las relaciones de trabajo justas entre los que la poseen y la cultivan.

Se observa que El Estatuto de la Tierra, Ley n. 4.504/64, introdujo una serie de innovaciones que destina-das a proporcionar un mejor uso de la tierra, tratando de realizar distribuciones de manera a cumplir los principios de la justicia social y al aumento de su productividad. Cre-ando, de esa manera, limitaciones al derecho de propiedad no sólo al extinguir, de manera gradual, las formas de ocupación y explotación de la tierra en contra su función social, pero también al establecer normas a respeto de la alienación de tierras rurales, que sólo se pueden materiali-zarse, por ejemplo, con la aprobación del INCRA. O mejor

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dicho, hay la necesidad de que el área que se objetive ven-der está dentro de la planificación del INCRA (Estatuto de la Tierra, arts. 61 y siguientes.).

En este contexto, la Ley nº 10.267, de 28 de agosto de 2001, cambia los artículos 176, § § 3 y 4, y 225, § 3, de la Ley nº 6.015/73, con la previsión de identificación de propiedades rurales desde el memorial descriptivo firmado por un profesional cualificado y con la debida Anotación de Responsabilidad Técnica - ART, que contiene las coor-denadas de los vértices que definen los límites de los in-muebles rurales georreferenciadas al Sistema Geodésico Brasileño y con exactitud posicional que será fijada por el INCRA, según lo dispuesto en el Poder Ejecutivo, Decreto nº 4.449/2002, modificado posteriormente por el Decreto nº 5.570/05, que presenta la intención de incorporar a la base gráfica del catastro de registro, con la realización de una interconexión entre ellos, para corregir el vacío legal que resulta de la relación algo promiscua e incestuosa en-tre el sector público y privado, hace más de quinientos años.

En la misma línea se siguió en las Constituciones de 1967 a 1969, la Constitución Federal de 1988 en la par-te de los Derechos y garantías fundamentales, garantizan-do el derecho de propiedad (art. 5º, inciso XXII), subra-yando, sin embargo, que ésta "cumplirá su función social" (inciso XXIII).

Al relacionar los principios que deben observarse para que el orden económico, basado en la valoración del trabajo humano y en la libre empresa, cuya finalidad es garantizar a todos una vida digna, de acuerdo con los dic-tados de la justicia social, el art. 170, III, de la CF/88, se

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refiere, explícitamente, a la "función social de la propie-dad".

Nótese, sin embargo, que la función social de la propiedad no grava todo y cualquier bien de manera indis-criminada. Debemos considerar como GRADO teniendo en cuenta que, en lo que atañe tierras pertenecientes a los particulares, sólo la propiedad de los activos productivos es que estaría adjunta al cumplimiento de la función so-cial, se distingue, además, con respecto a aquellos, ciertas circunstancias en las cuales la propiedad cumple una fun-ción distinta de aquellas otras en lo que el cumplimiento de la función social podrá ser exigido, al explicar:

[…] como un instrumento para ga-rantizar la supervivencia indivi-dual y familiar – la dignidad de la persona humana, porque – la pro-piedad está compuesta de un dere-cho individual y, inevitablemente, cumple la función individual. Co-mo tal, está garantizada por la ge-neralización de las Constituciones de nuestro tiempo, capitalistas y, como hemos visto, socialistas. Pa-ra esa propiedad no se puede im-poner la función social; sólo a los abusos efectuados en su ejercicio son blancos de limitación, adecua-da, en las disposiciones que apli-can el llamado poder de policía es-tatal (GRAU, 1998, p. 254).

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La discusión sobre la función social que la propie-dad sin falta debe ejercer no es reciente en la esfera del derecho privado. La doctrina nacional, sobre el tema, cuenta con muchas y significativas contribuciones y hoy ya hay una vasta producción de obras y artículos en este sentido, todas ellas con una visión semejante o al menos con una base arraigada en algunos principios y determina-ciones.

Al asignar a la propiedad privada una función (so-cial), afectan a su titular un poder-deber, refleja GRAU, basado en Sarsfield, aportando al derecho privado algo que inicialmente estaba destinado al derecho público, que es el condicionamiento del poder a una finalidad. (LYRA JUNIOR; FIGUEIREDO; 2002, s/p).

Tal función social debe presentar un tono activo, que consiste en comportamientos positivos, de manera a imponer, al propietario "el deber de ejercerlo en favor de otro y no, solamente, de no ejercerlo en detrimento a los demás" (GRAU, 1998, p. 246). La propiedad, así, se con-figura como la relación entre persona y cosa. Por lo tanto, las cosas, o bienes, deben ser instrumento al servicio de los hombres para satisfacer sus necesidades. (OLIVEIRA, 2001, s/p.). En la autorizada opinión de FACHIN, la pro-piedad debe ser "menos exclusión y más abrigo, menos especulación y más producción" (FACHIN, 1996, p. 96). Es dentro de este contexto que la doctrina especializada sigue afirmando no puede mantenerse el concepto roma-nista de la propiedad, de connotación francamente indivi-dualista. Se observa, por el contrario, actualmente, que el individualismo de la propiedad perdió espacio para el in-terés colectivo, con el fin de sujetarla, cada vez más, al bien público. Según MARQUESI (2001):

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[…] ya no es posible aceptar que el propietario utilice su propiedad objetivando a fines puramente in-dividuales. Él debe, por el contra-rio, hacerlo de una forma útil a la sociedad, utilizándolo como un instrumento de la riqueza y la búsqueda de la felicidad de todos. Y, en efecto, como son escasos los bienes naturales puestos a la dis-posición del hombre, se requiere que su uso se haga en beneficio de todos, aunque hay que respetar la propiedad como un derecho subje-tivo individual, en oposición a las teorías marxistas. El predicado de la función social, dijo Trotabas, ci-tado por Ribeiro da Cunha, no es una amenaza al derecho del pro-pietario; o más bien, completa e enriquece la noción de propiedad. (MARQUESI, 2001, p. 95).

La propiedad, así, se constituye en un costo social real, dedicada, al bienestar de la comunidad. La propiedad del latifundio en nuestro País es aceptada sin cualquier limitación para los ciudadanos brasileños. Esta situación se explica, de acuerdo con Gondinho (2000) por el alar-mante desconocimiento del verdadero alcance del princi-pio de la función social de la propiedad y su integración con la propia estructura del derecho de propiedad.

Lo que se debe tener en cuenta, es que la función social de la propiedad, principio constitucional de conteni-

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do cierto y determinado - y no simplemente norma pro-gramática - es un importante aliado de la democracia, al punto de, si desapercibido, posibilitar la utilización de "instrumentos jurídicos aptos a promover los objetivos fundamentales de la República consagrados por la Consti-tución".

La función social de la propiedad corresponde a una "formulación contemporánea de la legitimación del título que abarca el dominio". El derecho de propiedad, como todos los otros derechos colectivos, debe ser asegu-rado y ejercitado en función de la sociedad, que es su prin-cipal blanco.

El derecho de propiedad no está previsto solamente en el capítulo del Orden Social, pero también hay previ-sión de él en el orden económico, asegurado en el ámbito de los derechos y garantías fundamentales, la Carta Ciu-dadana de 1988 garantiza el derecho de propiedad, desde que cumpla su función social. Aún según Gondinho (2000, p. 413), “socialmente funcional será la propiedad que, desde que respetada la dignidad de la persona humana, contribuya para el desarrollo nacional y para disminuir la pobreza y las desigualdades sociales”. El cumplimiento de esta exigencia no ocurre solamente en carácter hipotético: al contrario, la propia Constitución Federal delinea sus parámetros.

El art. 186 de la CF/88 aporta cuatro requisitos pa-ra que la propiedad rural tenga atendida su función social, cuales sean: aprovechamiento racional y adecuado; utili-zación adecuada de los recursos naturales existentes y pre-servación del medio ambiente; observancia de las disposi-ciones que reglan las relaciones de trabajo y explotación

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de la propiedad, desde que favorezca el bienestar de los propietarios y de los que en ella trabajan. Sólo la propie-dad que cumpla todos esos requisitos es que tendrá atendi-da su función social. Así, mismo que sea productiva, la propiedad rural no atenderá su función social si su produc-ción está basada en violación de las normas de trabajo, por ejemplo.

Como se ve, pues, la propiedad sigue teniendo su contenido protegido y el propietario continúa manteniendo su característica de dueño; lo que cambió, o mejor, evolu-cionó, es que cabe a la ley definir los modos de adquisi-ción, uso, gozo y límites de la propiedad, siempre con el objetivo de favorecer su función social. Así, caso la pro-piedad rural de latifundio no cumpla su función social porque el propietario no haga su aprovechamiento racional adecuado; no utilice adecuadamente los recursos naturales disponibles ni preserve el medio ambiente; no respete las normas que reglan las relaciones contractuales de trabajo; la explote de una manera tal que no favorezca el bienestar del propietario y de los trabajadores, debe el magistrado llevar tales circunstancias en consideración cuando provo-cado, a través de acción de reintegración de posesión, por el titular del respectivo dominio.

1.3 Formas de Adquisición de la posesión y de la pro-piedad rural en ordenamiento jurídico brasileño

La Constitución Federal de 1988, art. 191 y párrafo único, y el Código Civil, art. 1.239, se destinan a la adqui-sición de inmueble rural o urbano, a través de la posesión pro labore adversos, lo que limita el derecho del propieta-rio que la abandonó. La adquisición de propiedad rural, por la nueva Carta, por extranjero, será reglamentada por

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ley, que establecerá los casos en que dependerá de autori-zación del Congreso Nacional (CF, art. 190). (DINIZ, 2008, p. 128-136)..

El orden jurídico de Brasil siempre contempló para los extranjeros los mismos derechos fundamentales garan-tizados a los brasileños, que son: vida, libertad, seguridad y prosperidad. Esa equiparación fue así hasta la aparición de la Enmienda Complementaria nº 45, del 30 de enero de 1969 y del Decreto Legislativo nº 924, del 10 de octubre de 1969, momento hasta el cual era libre la venta a extran-jeros de tierras rurales brasileñas, con objeción de las exi-gencias generales previstas en la legislación pertinente. Desde entonces, el extranjero vio sufrir muchas restriccio-nes a su derecho de comprar tierras rurales.

El requisito fundamental común para todas las hipótesis que serán a continuación tratadas: el extranjero debe residir en territorio nacional (art. 1º de la Ley nº 5.709/1971), a excepción del caso de recepción de heren-cia legítima.

Por lo tanto, la persona física extranjera residente en el exterior no puede, en regla, adquirir un inmueble rural en Brasil. La adquisición no sufre restricción, siem-pre que: (i) el bien no sobrepase el tamaño de 3 (tres) Módulos de Explotación Indefinida (MEI); definido por la Instrucción Especial nº 50 del Incra, siendo diferente del módulo rural y del módulo fiscal; (ii) el inmueble no esté ubicado en área de seguridad nacional, hipótesis en la que hace falta la autorización del Consejo de Defensa Nacional (art. 7º de la Ley nº 5.709/1971).

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Sin embargo, si el extranjero fuese comprando fracciones sucesivas de un mismo inmueble, siempre que no sobrepase el límite de tres módulos, no necesitará auto-rización, dado que estará adquiriendo un único inmueble con área inferior a tres módulos.

En el caso de adquisición de inmueble por persona jurídica extranjera, las sociedades extranjeras están impe-didas de adquirir inmuebles rurales en Brasil, excepto si tengan autorización para funcionar en el País, en la forma del art. 1º de la Ley nº 5.709/1971 (interpretación a con-trario sensu).

La prueba de la actuación eficaz o no en el territo-rio nacional puede estar sujeta a ciertas dificultades. Pién-sese en la hipótesis de una empresa extranjera que prestó dinero a una sociedad brasileña en el exterior y que desea registrar una hipoteca como garantía del negocio jurídico. En este caso, obviamente, no será necesaria la presenta-ción de ningún acto autorizante, ya que no está funcionan-do en Brasil.

Por su vez, los incs. del I al VI, párrafo primero, del art. 1.134 del Código Civil, tratan de la forma de obte-ner autorización para funcionar en el País, con el objetivo de defender la economía nacional y garantizar el cumpli-miento de las obligaciones que fuesen contratadas.

Nótese que en la forma del art. 1.136 del Código Civil, tales sociedades también tendrán que inscribir sus actos constitutivos en el registro propio del lugar en que se establecerán, pudiendo constar en su denominación origi-nal las expresiones “de Brasil” o “para el Brasil”.

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Igualmente, deberán estar inscriptos en el CNPJ, especialmente para participar de negocios jurídicos cele-brados por escritura pública, observándose las disposicio-nes de la Instrucción Normativa nº 568, del 8 de septiem-bre de 2005.

Tales empresas se someten para la explotación de la tierra rural a la aprobación del Ministerio de Agricultura (solamente pueden explotar actividades de agricultura y ganadería, industriales o de colonización, en la forma del art. 5º de la Ley nº 5.709/1971).

La autorización se impone a las personas jurídicas, aunque el área rural a ser adquirida esté bajo el límite de 3 (tres) MEI.

Actualmente, el límite máximo para la adquisición por personas jurídicas es de 100 (cien) MEI.

Persiste la duda en lo que atañe a la necesidad de obtener o no autorización previa del Incra para la adquisi-ción de inmuebles rurales por personas jurídicas naciona-les, de las cuales “participen, a cualquier título, personas extranjeras físicas o jurídicas que tengan la mayor parte del capital social y residan o tengan sede en el exterior”, como determina expresamente el párrafo 1º de la Ley nº 5.709/1971.

Tal dispositivo amplía el concepto de empresa ex-tranjera para fines de sumisión a las restricciones en él establecidas.

Sin embargo, el art. 171 de la CF/1988 no estable-ció diversidad de tratamientos entre empresas nacionales con o sin capital extranjero, fuera de los casos constitucio-

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nalmente previstos, de modo que el texto constitucional no habría acogido el § 1º del art. 1º de la Ley nº 5.709/1971.

Se pasó a considerar, pues, que las empresas for-madas por extranjeros, pero constituidas de acuerdo con las leyes nacionales y con sede en territorio nacional, podrían adquirir libremente áreas rurales en la forma del Parecer GQ 181 de la Abogacía General de la Federación, del año de 1998.

Actualmente, con todo, la manifestación de la AGU nº 1/2008 alteró el criterio anterior considerando ahora vigente el mencionado § 1º del art. 1º de la Ley nº 5.709/1971.

Ya hubo decisiones judiciales en defensa de la ne-cesidad de autorización previa en esta circunstancia, como se desprende del siguiente fallo:

Inmueble Rural - Adquisición. Empresa Brasileña o extranjera - Control societario. Los servicios de anotaciones y de registros, cuando labren o registren títulos que im-pliquen la adquisición de bienes por empresa brasileña con mayor-ía de capital social controlado por persona física o jurídica extranje-ra, deben hacer mención de la or-denanza que autorizó la adquisi-ción o mencionar la decisión que la dispensó. (Proceso GC 3.264 /96 - São Paulo, DOJSP 4/5/1996, dictamen del juez Marcelo Martins Berthe.

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En este sentido, el Consejo Nacional de Justicia de-terminó que el control de esas adquisiciones fuese hecho por las oficinas de registro de notas y del registro inmobi-liario, debiendo ser informada cualquier transacción de inmuebles rurales a las Corregidurías de Justicia de los Estados, aunque fuesen efectuadas por empresas naciona-les, pero controladas por extranjeros.

La Instrucción Normativa nº 70/2011 del Incra aporta, en los arts. 15 y siguientes, reglamentación porme-norizada de los documentos que deben instruir el pedido administrativo de compra.

Séanos permitida la transcripción de las conclusio-nes de Eduardo Augusto (2011) sobre el tema en examen:

Las empresas brasileñas que pa-san a estar sometidas a las restric-ciones de la ley son solamente las que están bajo control de persona natural o jurídica extranjera, que resida o tenga sede en el Exterior. No hay que deshacerse del control de cuadro societario de la empresa controladora, ni de la controlado-ra de ésta. El comando legal res-tringe el análisis solamente al con-trolador directo, o sea, se debe ve-rificar la nacionalidad y el domici-lio/sede solamente del titular de la mayoría del capital votante.

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Es competencia del Registro de Inmuebles efectuar el control de la extensión territorial que esté en poder de extranjeros en cada Mu-nicipio. Con la inclusión de las empresas nacionales bajo control extranjero en esta estadística, el control dejó de tener coherencia y efectividad, pues no existe obliga-ción por parte de las empresas de comunicar al registro de inmue-bles la mutación de su situación societaria. Como consecuencia, el control tendrá en cuenta solamente el momento de la adquisición, pero no representará la realidad frente a las constantes mutaciones accio-narias, en un innumerable “cam-bio de sillas” que ocurrirá según las necesidades del mercado. En suma, el control que compite al registrador inmobiliario pasa a ser artificial, pues no es posible acompañar las mutaciones del día a día de esas empresas. La inclu-sión de las empresas nacionales bajo el control extranjero dentro de las restricciones de la Ley 5.709/71 podrá generar serios per-juicios a nuestro País, no siendo, por lo tanto, una buena política de gobierno. Considerando que las

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grandes empresas (principalmente las instituciones financieras) están en esa situación, todas las dificul-tades y perjuicios a ellas impues-tos serán, de una u otra forma, transferidos al consumidor. La ins-titución financiera controlada por extranjeros ya sabrá, por antela-ción, que el inmueble rural dado en garantía no podrá ser rematado por ella para satisfacer su crédito en la hipoteca de no pago, en con-secuencia: la población tendrá mayores dificultades para obtener nuevos préstamos cuando la ga-rantía que pretende ofertar sea el inmueble rural. (AUGUSTO, 2011, s/p.).

Con todo, el Proyecto de Ley nº 4.059/2012, § 2º del art. 1º, en consonancia con el texto constitucional, es-tablece otra directriz, asegurando que “las restricciones establecidas en esta ley no se aplican a las personas jurídi-cas brasileñas, aun estando constituidas o controladas di-recta o indirectamente por personas privadas, físicas o jurídicas extranjeras, a excepción de lo dispuesto en el artículo 3º”.

El referido art. 3º hace la siguiente enumeración:

Art. 3º No pueden adquirir inmue-bles rurales, aun bajo la forma in-directa, mediante la adquisición directa o indirecta del control ac-

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cionario, constitución de fondo de inversión inmobiliario o contrata-ción de consorcios, las siguientes personas jurídicas:

I – la organización no guberna-mental con actuación en el territo-rio nacional que tenga sede en el exterior u organización no guber-namental establecida en Brasil cu-yo presupuesto anual sea proce-dente, en su mayor parte, de una misma persona física extranjera, o empresa con sede en el exterior o, aun, procedente de una de esas fuentes cuando estén coligadas;

II –la fundación particular cuando sus instituidores fuesen personas encuadradas en lo dispuesto en el inciso I o empresas extranjeras o empresas extranjeras autorizadas a funcionar en Brasil con sede en el exterior;

III – los fondos soberanos consti-tuidos por estados extranjeros.

§ 1º La prohibición mencionada en ese artículo no se aplica a las Compañías de Capital Abierto con acciones negociadas en bolsa de valores en Brasil o en el exterior.

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1.3.1. Una breve historia Al tratar a la posesión como un medio de adquirir

la propiedad, el maestro MURARO-SILVA (2001, p. 20-21) proclama que, con la independencia política y admi-nistrativa de Brasil, las tierras antes públicas, pertenecien-tes a Portugal, de la misma forma que fueran incorporadas, pasaron al patrimonio construido del Imperio del Brasil, los institutos de la posesión y la propiedad eran raros a la sistemática lusitana que no admitía la posesión, como autónoma, pero sólo la mera ocupación. Así, resalta el citado mestre que todas ellas, teniendo o no sus detentores las concesiones y/o cartas de sesmarías, continuaran sien-do tierras públicas, pues no fueran criados los mecanismos jurídicos necesarios que permitirían la alienación para el patrimonio privado.

En el ‘Juzgamiento del Recurso Extraordinario’ nº 51.290/GO, el Ministro Aliomar Baleeiro, del Supremo Tribunal Federal, a despecho de esa situación peculiar, como relator del citado proceso así pronunció su voto:

Las Tierras de Brasil fueron objeto de conquista y posesión por Pedro Alvares Cabral, para el rey de Portugal. Ella se convirtió en una hacienda para el rey, quedando en el dominio real hasta la indepen-dencia, cuando fue transferida al patrimonio nacional, permane-ciendo allí todo el tiempo del Im-perio, hasta que el artículo 64 de la Constitución de 1891 la distri-buyó a los Estados en cuyos límites

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estaba. Así los Estados, como su-cesores de la nación brasileña, y la nación brasileña como sucesora del patrimonio personal del Rey de Portugal no necesitaban traer ningún título. El título es la pose-sión histórica, el hecho de la con-quista de la tierra. La tierra en Brasil fue originalmente pública. El Rey la desmembró en trozos enormes, las llamadas sesmarías, y las donó. Hubo este proceso hasta casi la independencia. Después de la independencia, se estableció que no podía ser más objetos de donaciones o concesiones. Deber-ían ser vendidas. El rey de Portu-gal no donaba tierras. Hacía una especie de concesión a sesmeros, para su utilización económica efectiva. Lo que quería era fundar un imperio. Quería que el sujeto trajera el dinero, hombres, herra-mientas, animales, que arase la tierra, la valorase, con lo que el rey recibiera sus impuestos, tanto que reserva ciertos derechos rega-leanos. Sólo el hecho de que no han cumplido con sus obligaciones en general, no la cumplían, hacia la corona portuguesa, para que se quedasen en ‘comiso’ por diferen-

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tes caminos. (http://www.jusbrasil.com.br/diarios/61265403/djpa-05-11-2013-pg-606).

Como se ve, la posesión y propiedad visto siempre serán discutidos en el presente estudio, que en principio debería limitarse a la adquisición de bienes por acto entre vivos, con énfasis en la venta y compra, cuyo título es transferido sólo a través de su transcripción en el Registro de la Propiedad Inmueble. Sin embargo, por razones que se describen a continuación, se dirigirá a ellos también la pregunta relacionada con la adquisición de la propiedad por medio de legitimar la posesión, llamada regularización de tierras, reglada por la Ley 12.424/2011 y otros sistemas legales específicos y otras propuestas que puedan com-plementarlos.

Sin duda, es tema muy controvertido, por eso tan complejo en el ámbito del Registro de la Propiedad, ya que este hasta ahora no incluía la posesión, pero tan sola-mente la propiedad.

De acuerdo con los principios constitucionales y los que orientan la mencionada ley, su objetivo está desti-nado a mejorar las condiciones de vida y la sostenibilidad ambiental, urbana, social, en los asentamientos urbanos.

El procedimiento extrajudicial de la demarcación, legitimación de la propiedad y asignación de propiedad son disciplinados en el citado estatuto, en el artículo 48 de la Ley 11.977/2009, que busca en última instancia desju-dicializar el acto de posesión prolongada en este caso es-pecial, abrigando en la Oficina de usucapión administrati-

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va que seguramente cumple con los dictados constitucio-nales de la función social de posesión y propiedad.

Si en el caso de la desjudicialización de la usuca-pión, independiente, por lo tanto, de la intervención judi-cial, ocurran cuestionamientos acerca de la constituciona-lidad por si tener ciencia del principio de la supremacía de la jurisdicción en lo que se refiere a la resolución de con-flictos relacionados al despojamiento o al perecimiento del derecho de propiedad, tales cuestionamientos no encuen-tran sustentación en el ámbito práctico por las siguientes razones: el procedimiento de legitimación, reglado por la Ley 12.424/2011, además de constituyrse medio adecuado a la adquisición de propiedad, derivada de la posesión pro-longada, mansa y pacífica, tampoco presenta violación a los principios constitucionales en lo que se refiere al pro-ceso legal y o contradictorio.

A modo de ejemplo, vale la pena traer a colación la historia oficial de las primeras concesiones de tierra - capi-tanías hereditarias, también llamadas ‘donatarias’, se otor-garon por cartas de donación y estas cartas no indicaban manera de medir, porque no había interés en la cantidad de tierra que era, en gran medida y extensión para poca po-blación.

Falcão (1995, p. 22) relata que:

Gracias a los poderes que se les dio a ellos, EL REY al desplegar las capitanías, entendió de donar a cada concesionario "una capitanía en la costa de Brasil con 50 leguas de extensión en la misma costa de las islas que se encuentran y diez

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leguas de fronteras marítimas a la misma, y las tierras del interior del interior con la medida que se en-cuentre.

En las palabras de este autor no había límite esta-blecido para la capitanía en la dimensión de los fondos. Ellas irían hasta el límite de la visión, es decir: del mar hasta el horizonte. Eran inalienables, pero podrían ser transmitidas por herencia, de ahí la denominación de capi-tanía hereditaria. La forma de la delimitación de la exten-sión de la tierra en ese momento era, como se había dicho anteriormente: ‘hasta donde la visión permitiera’. No hab-ía escrituraciones del tamaño o de la extensión de las pro-piedades y la preocupación estaba en la producción y en la herencia. Llamadas de ‘sesmarías’ eran las tierras donadas por los capitanes responsables por las capitanías heredita-rias.

No hay certeza sobre el origen de la palabra ‘sesmaría’. Ismael Marinho Falcão apud 'Ruy Cirne Lima (1954) plantea la hipótesis de que la expresión derivar de ‘Sesma’, grado de división de campo de alfoz, también está considerando la posibilidad de venir de ‘Sesma’ o ‘Sesmo’, es decir, la sexta parte de cualquier cosa, admite, por otro lado, que pueda derivar del latín bajo "caesina”, es decir, incisión o corte. El Instituto de las sesmarías se considera la creación original de la Ley Pública Lusitano.

En cuanto a sesmeros, nombre por el cual fueron conocidos por el rey aquellos que recibieron las concesio-nes de tierras, tenían como misión poblar el campo y pro-ducir y promover la agricultura, siguiendo así, en parte, la

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práctica de los portugueses, disciplinada por la legislación vigente en aquel tiempo.

Así enseña Falcão:

[…] las Ordenanzas Alfonsinas de 1446, revelando, también, las pre-ocupaciones sobre la repoblación de los campos y la producción agrícola, repite el mando de D. Fernando y prevé la concesión de tierras en ‘sesmarías’ a quienes de ellas querían extraer la debida ventaja. En Brasil, sin embargo, este sistema llegó a ser sentado en otras bases. Aquí, a diferencia de lo ocurrido en Portugal, no se uti-lizó el sistema de ‘sesmarías’ para revolver la inercia del campo, sir-vió él como un instrumento de la ocupación primaria del territorio. El sesmero tenía gastos generales (además de algunos casos especia-les relativos a situaciones particu-lares) que, de no cumplirse, le hizo caer en ‘comiso’ (penalidad im-puesta a aquellos que no cumplan con ciertas condiciones impuestas por la ley o por contrato), devol-viendo a la Corona la tierra que le había concedido. No había, sin embargo, el control efectivo del cumplimiento de las especificacio-nes. Inicialmente las áreas otorga-

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das no se limitaron a una cierta cantidad. Entonces, debido a los excesos cometidos, empezaran los límites. En 1695, una Real Orden impone a los distribuidores, además de los cargos normales, el pago de ‘foro’. La carta real de diciembre de 1697 limita el alcan-ce de las ‘sesmarías’ a tres ligas. Había también la obligación de pagar el diezmo de los frutos de la Orden de Cristo y el deber de la demarcación de la tierra en tres años, comenzando así la preocu-pación con las extensiones de tie-rra y cultivo. […] (FALCÃO, apud LIMA, 1954, p. 18).

Así, en la cita de este reconocido autor es eviden-te que no hubo preocupación con medidas, registros, de-marcaciones o cantidad, la preocupación giraba en torno a los asentamientos y cultura efectiva de las tierras brasile-ñas. No había, en aquel momento, la existencia de una burocracia costosa y complicada para que la persona en cuestión fuese adjudicada con la concesión de una asigna-ción (sesmaría).

Por lo tanto, teniendo en cuenta el gran tamaño de Brasil no hubo distinción alguna de las grandes cantidades de tierra, como si se tiene en la actualidad. Aborda Costa Porto acerca de la distribución de la tierra en forma de ‘sesmarías’, reconoce la importancia de las divisiones de la tierra y relata que ellas fueran un hito para la historia agraria de Brasil.

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Así, es fácil concluir que la posesión era, y mis-mo que tímidamente, sigue siendo una de las formas de adquisición de la propiedad. El mayor ejemplo es del mismo País que primitivamente ocupaba una superficie estimada en la costa, con la medición de 2.312.000 kiló-metros y después del Tratado de Tordesillas, obtuvo otros 6.199.965 km2 de medición, y, de acuerdo con fuentes del IBGE, tiene un total de 8.511.965 kilómetros.

Como ya se ha discutido en otra parte, en 1822, con la proclamación de la independencia política y admi-nistrativa de Brasil, las tierras que habían pertenecido a Portugal se incorporaron a la herencia del Imperio del Brasil.

Desde mediados del siglo XIX, se inició en Brasil un proceso legislativo más coherente con la aprobación de leyes destinadas a la regularización de la ocupación del territorio. Las transacciones comerciales se cubrieron ini-cialmente con inscripciones de hipotecas creadas por la Ley de Presupuestos 317/1843. Sin embargo, el sistema de propiedad de la tierra vacante (tierras devueltas) se ha di-fundido como una forma de ocupación del territorio brasi-leño, hasta la promulgación de la Ley 601 de 09.18.1850, la Ley de Tierras, que abolió el esquema.

Con la suspensión de concesiones de futuras ‘sesmarías’, hasta la convocatoria de la Asamblea General, Constituyente y Jurídica no fueron desarrollados los me-canismos legales necesarios para permitir el paso de las tierras públicas para el patrimonio privado. Como resulta-do, Brasil, de nuevo, se quedó a la deriva en lo que respec-ta a la aprobación de mecanismos de transferencia de tie-rras reales para las propiedades particulares.

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Monica Diniz (2005) proclama que el fin de las adjudicaciones y la no sustitución rápida por otro sistema que regulase las cuestiones relacionadas con la tierra brasi-leña generó más problemas, pues grandes eran las propor-ciones de tierra, sin embargo, despobladas.

Para cumplir con el vacío legal, los presidentes de las provincias, en ausencia de cualquier reglamento, conti-nuaran emitiendo cartas de ‘sesmarías’. Legalmente todo se cambió a través del art. XXII-179, de la primera Consti-tución de Brasil, otorgada en 1824, garantizando el dere-cho de propiedad "en toda su plenitud”.

Los institutos de la posesión y de la propiedad eran extraños a la sistemática lusitana. En la patria madre no se reconocía la posesión como autónoma, las tierras o eran de particulares o del patrimonio imperial. En Portugal no se admitía la posesión, pero sólo una mera ocupación.

Se observa a través del artículo 115 que la consti-tución imperial trató más de preservar el patrimonio per-sonal del monarca, diciendo que los palacios y tierras na-cionales, actualmente propiedad del Sr. D. Pedro I, siem-pre pertenecerán a sus sucesores, y la nación se encargará de la adquisición y la construcción, que considere apro-piada para la decencia y la recreación del emperador y su familia.

De todas las instituciones jurídicas relacionadas con la posesión y/o propiedad y tenencia de la tierra, el análisis de las consecuencias filosóficas y sociales de las mutaciones en los últimos años relacionados con el Dere-cho moderno, sobre todo en lo que respecta a los princi-pios constitucionales pertinentes que importan a la ley agraria, se puede decir que el llamado Estatuto de la Tie-

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rra, creado por la Ley 4.504/64, fue, en Brasil, el marco institucional de la acción del Estado, con el objetivo de una mejor distribución de sus tierras, incentivando los agricultores a quedaren en el campo y, al mismo tiempo, bajo del párrafo 4, artículo 25, de la citada ley, a prevenir cualquier venta o arrendamiento de terrenos públicos ubi-cados en áreas identificadas como prioritarias para la im-plementación de una reforma agraria lenta y gradual.

Rivaldo Machado de Arruda (1999), procurador del INCRA, informa conceptos de registro y garantías de la propiedad de bienes inmuebles y la importancia y fun-ción del notorio registrador de inmuebles. Prelecciona que el servicio registral se rige por la Ley nº 6015, de 31 de diciembre de 1973, esta ley cubre los registros que tienen que ver con el derecho civil, el registro civil de las perso-nas naturales y jurídicas, el registro de escrituras y docu-mentos y el registro de la propiedad inmueble.

Actualmente, además de la posesión, muy cuestio-nada, si adquiere la Propiedad Rural por acto inter vivos y por causa mortis. Inter vivos ocurre por el REGISTRO DE TÍTULO, por USUCAPIÓN, por ADHESIÓN; estas dos últimas sujetas al registro de inmuebles. Por lo tanto, en Brasil, "quien no registra no es dueño", es decir: mientras no se registre el título de transmisión, el transmitente sigue caracterizándose como dueño de la propiedad.

A estas dos formas de transferencia de tierras públicas a privadas, se añadió la usucapión, que será estu-diada más en mayor profundidad, limitado su estudio a las tierras públicas, cuestión que se debate académicamente en cuanto a su capacidad para hacer frente a la tierra va-cante (devuelta) desde que cumplida su función social.

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2. Peculiaridades de la compra y venta civil Con el objetivo de aplicar el sistema ‘sesmarial’ en

Brasil, esto no fue un éxito, ya que la nueva colonia estaba formada por grandes extensiones de tierra virgen teniendo como política su colonización, al revés de la metrópoli, con pequeña dimensión territorial, donde se desarrolló, con éxito, la reforma agraria. Sin embargo, durante más de 300 años se encontraban en vigor en Brasil concesiones de las ‘sesmarías’, que se suspendieron en 06/17/1822, por la Resolución 76, del emperador Pedro I (anexo).

El Reglamento para la aplicación de la Ley 601 de 1850 se editó cuatro (04) años después de su promulga-ción, es decir, el 30 de enero de 1854, afirmando que sólo después de la demarcación de la propiedad privada es que la autoridad pública podría demarcar, extremar o discrimi-nar las tierras públicas. Esto hizo que la ley 601/1850 se convirtiera en inaplicable, pues el Gobierno fue atado en la consecución de los objetivos de ese estatuto legal.

Limitando las formas de enajenaciones, ya en su artículo 1, la referida ley prohíbe la adquisición de tierras devueltas por otro título que no sea la compra de tierras. Esto es lo que el artículo primero dispone, de la Ley 601/1850:

Son prohibidas las adquisiciones de tierras devueltas por otro título si no que el de compra. No incluye la tierra que se queda dentro de los límites del Imperio con países extranjeros en una zona de 10 li-

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gas, las cuales se puede conceder de forma gratuita.

Así, la privatización de las tierras brasileñas sólo podría ser a través de un legítimo título de venta, es de-cir: el título que cumpla con los requisitos establecidos en dicha ley, y no a través de otra forma de alienación, inclu-so si se prepara mediante un documento público o instru-mento particular.

2.1. Usucapión y/o prescripción adquisitiva de dominio como una forma de regularización de tierras privadas y devueltas

Enseña Pedro Nunes (1984, p 19.) que además de las dos formas mencionadas en la citada ley 601/1850, la usucapión en Civil, art. CC/1916 530-III, derogado y mo-dificado el lapso temporal por el art. 1.238 de CC/2002, también siempre ha sido una forma de adquisición de la propiedad.

Prelecciona el eminente maestro que el instituto de la usucapión está sujeto a la ley romana, a través de las Ordenanzas de la Consolidación de las Leyes Civiles, Teixeira de Freitas (art. 1325, nota), y especialmente la Nueva Consolidación de las Leyes Civiles, de Carlos de Carvalho (artículos 428/442) del Derecho de las Cosas, de Lafaiete (§ 59, 63 y 70).

Otro maestro no menos famoso, Pablo García (1958, p.43), enseña que esa forma de adquisición de la propiedad, usucapión en el derecho privado, siempre ha sido pacífica. Ya en el campo del derecho público el tema toma otra dirección. Eso es debido a que los bienes públi-

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cos del balance también fueron tranquilamente usucapia-bles a la promulgación de la Ley 601 de 1850.

Concluye el renombrado jurista, afirmando que los diversos debates que se produjeron después de la vigencia de la Ley mencionada, venció la tesis de que el primer artículo sólo estaba destinado a prevenir al Gobierno a hacer concesiones gratuitas, excepto en las áreas fronteri-zas.

Esta misma opinión fue sostenida por la Corte Su-prema, en una decisión que envolvió tierras en Mato Gros-so, en el juicio de la ACO 132/MT, que se puede ver en el anexo.

La propiedad pública inmueble de la Unión no se puede adquirir por usucapión (Parágrafo Único del artícu-lo 191 de la Constitución Federal, el artículo 102, Decreto 22.785/33,... Decreto-Ley N º 9.760/46, el artículo 200, salvo en los casos de temporis presciptio longissimi, la de 40 años en relación consumada antes de 1917, y el art. 5 º, y el DL n. 9760/46).

Juraci Peres Magallhães (2003, p 63) informa que, posteriormente, el art. 67 del Código Civil, en vigor en el año de 1917, fue objeto de una nueva controversia, dirigi-da por su autor Clovis Bevilacqua, defendiendo la tesis de que los bienes públicos no pueden ser adquiridas por usu-capión. Este punto de vista fue cuestionado por respetados eruditos como Carvalho Santos y otros estudiosos, basán-dose en que el artículo 67 de la CC que se dirigía única-mente a la alienación hecha por la voluntad del propieta-rio. En la prescripción adquisitiva, sin embargo, la pérdida de la propiedad se llevó a cabo contra la voluntad de éste, como en el caso de la usucapión. Para finalizar los deba-

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tes, el Gobierno emitió el Decreto n. 22.785, de 31-May-1933, cuyo artículo 2 establece lo siguiente: "Artículo 2 - Los bienes públicos, cualquiera que sea su naturaleza, no están sujetos a la usucapión".

Esta práctica casuística de crear atajos para hacer cumplir una norma que no es estructurada no fue privile-gio de Vargas, el presidente de Brasil en el año de la ex-pedición del ‘malsinado’ Decreto; también ocurrió a los gobernantes que le sucedieron como revela el Ministro Ives Gandra Martins, en la parte introductoria de la Ley Complementaria nº 95, de 26 de febrero de 1998, que prevé el desarrollo, elaboración, modificación y consoli-dación de la legislación brasileña, de la siguiente manera:

La principal dificultad en la carto-grafía de nuestro ordenamiento jurídico, a nivel federal, ha sido la identificación de las necesidades de las disposiciones legales que se encuentren vigentes efectivamen-te. Esto se debe a la fórmula tradi-cional para terminar el texto de las leyes con la disposición general de la ‘derogar las disposiciones en contra’ sin que exista una exen-ción específica de las normas afec-tadas por la nueva ley da lugar a controversias sobre lo que estaba revocado. [negrita del autor]

De la lección del reconocido jurista, aclara que las especies normativas son abstractas, haciendo tan sólo pre-visiones genéricas e impersonales para disciplinar las rela-

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ciones indefinidamente legales que podrán establecerse en la sociedad.

En la aplicación de la ley, los operadores deben analizar el caso para identificar con precisión qué norma legal disciplina, que disposiciones legales deben ser apli-cadas, y por lo tanto evaluar las consecuencias jurídicas de tal acto o hecho jurídico. Necesario se hace una interpreta-ción idónea de la ley.

A fin de promover el estudio sistemático de las di-ferentes técnicas de interpretación y colmar los huecos que puedan existir en el sistema legal positivado, surge la her-menéutica jurídica. Es la hermenéutica, por lo tanto, el modo por lo cual debemos interpretar las leyes, indicando su sentido con precisión, sin lo cual no tendríamos una correcta comprensión y aplicación, como, además, insiste la mayoría de la doctrina, por las razones ya desarrolladas en este trabajo, como regularización de la posesión, tran-quila y pacífica, de las tierras devueltas, que estén cum-pliendo, por el ocupante, su función social.

Por lo tanto, los propósitos de la interpretación normativa son desvelar el sentido de la norma y determi-nar su ámbito de aplicación. Así, los agentes de la ley de-ben interpretar toda y cualquier norma, incluso en el caso, de acuerdo con DEGNI, de texto de derecho categórico, con un significado obvio.

Para el caso que, insisten la mayoría de los erudi-tos, con la debida ’data venia’, por conveniencia, en limi-tar la interpretación del Decreto número 19.924, de 27-04-1931, el Decreto - Ley 22.785 de 31-05-1933 y otros que le sucedieron, literalmente, olvidando otras técnicas, como histórica, sistemática y sobre todo a través del procedi-

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miento finalístico, adaptándola a las demandas sociales de su tiempo y/o el período en que fue editada.

Es de destacar que estas jurisdicciones, eje de todas estas discrepancias al editar las reglas que le sucedieron, retrata un período revolucionario, en la que el Jefe del Go-bierno Provisional comenzó a ejercer las funciones del poder ejecutivo típico y atípico del Congreso de la Nación, hasta el retorno del País a un gobierno democrático de derecho.

Viviendo nuevos tiempos, debido a la globaliza-ción, también llamada por los franceses de mundializa-ción, visibles son los acelerados cambios a partir de me-diados del siglo pasado, tanto en el viejo mundo en cuanto en el nuevo, trayendo como resultado la creación de una estructura innovadora en el campo legal de la regulación social, con el fortalecimiento de las relaciones privadas, eliminando gradualmente la forma feudal hasta entonces dominante en la administración del Estado.

De todos modos, revela una idea innovadora que siempre busca nuevas tendencias, lo contrario de lo intan-gible, una relajación/flexibilización, en una clara demos-tración de desconectarse de la doctrina clásica, derivada del derecho romano, que cuenta con el positivismo jurídi-co como su lema. Aun dura, la ley es ley, pero está suce-diendo en la cultura jurídica moderna reparaciones, que llegaron solamente después de un lapso de 100 años de predominio individualista.

Volviendo al principal problema de ese estudio, es decir, identificar si todas las tierras brasileñas son públicas o solamente parte de las tierras, ya que ni todos los títulos de alienación/venta para el particular, judiciales o no, fue-

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ran revestidos de legalidad y/o son pasibles de regulariza-ción si un tercero, de buena fe, ya tenga rellenado las con-diciones de usucapión del inmueble.

El informe de la Comisión Parlamentaria de Inves-tigación establecida para investigar la ocupación de tierras públicas en los estados amazónicos afirma que se cumplir el contenido en la Ley 601/1850, es decir, la mayor parte de las tierras de Brasil sigue siendo pública. Esta fue tam-bién la opinión de Alberto Jones, bajo el título de El mito de la regularización de la tierra (O mito da regularização fundiária, en Portugués), en la que el autor se inspiró para seguir con sus investigaciones, con el objetivo de presen-tar una propuesta final que sea útil para contribuir a la tan esperada regularización en la citada región amazónica.

Es importante destacar que las formas de adquisi-ción de la propiedad, las técnicas e instrumentos para la determinación de las propiedades, la compra y venta de ellas y los actos de transferencia de la propiedad y el regis-tro de bienes inmuebles, se elaboró como una manera de construir una obra que puede poner de relieve las necesi-dades del cuidado objetivo en este tipo de negocio jurídico en un área tan importante para el bioma mundial y donde impera la incertidumbre de las transacciones de inmuebles.

Acerca de la usucapialidad de las tierras, no se puede olvidar que fue en fecha posterior a su vigencia, cuando prevalecía el derecho absoluto de propiedad, que el Supremo Tribunal Federal, por el expediente nº. 340, firmó el entendimiento de que, desde la vigencia del Códi-go Civil de 1916, los bienes dominicales (incluidos las tierras devueltas), al igual que otros bienes públicos, no pueden ser adquiridas por usucapión.

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Actualmente, en la Constitución del País, pro-mulgada el 05/10/1988, el párrafo único del artículo 191 prohíbe usucapión de la propiedad pública, pero no dice nada sobre las tierras devueltas, que no existen en el mun-do legal, cuando no discriminadas y, por lo tanto, dejan de cumplir con su función social, como de hecho la misma Constitución establece, en su artículo 5, ítem XXIII.

De acuerdo con dicho párrafo, se lee en el artícu-lo 20-II de la Carta Constitucional mismo cuando se trata de la organización del Estado, que la prohibición se limita tan solo "tierras devueltas esenciales para la defensa de las fronteras, las fortificaciones y edificios militares, de las vías federales de comunicaciones y de preservación de medio ambiente, definidos por la ley.”

En el capítulo de Medio Ambiente, de la Consti-tución, más precisamente en el artículo 225, párrafo 5, la misma prohibición se limita a las tierras devueltas, recau-dadas o no, necesario para la protección de los ecosistemas naturales, repitiendo la parte final del artículo ya nombra-do.

2.2. Compra y venta de la propiedad rural y de la es-critura – ley 7.433, de 18 de diciembre de 1985, regla-mentada por el Decreto nº 93.240 de 9 de septiembre de 1986.

El origen histórico y remoto del contrato de com-pra y venta está relacionado al cambio. De hecho en una fase primitiva de la civilización, predominaba el cambio o permuta de objetos. Se cambiaba lo que se necesitaba por lo que excedía para el otro. Ese sistema atravesó varios siglos como práctica de negocio, hasta algunas mercancías

Compra y venta de propiedad rural:un enfoque a partir de la Amazonia

pasaren al uso como patrón, para facilitar el intercambio y el comercio de bienes útiles a los hombres.

En el principio no existían monedas, ni acuñada y con valor determinado, de forma que primeramente eran utilizados objetos como forma de averiguar el valor se hacer los pagos. Con la llegada de la moneda, que empeza-ran a ser acuñadas con su peso, teniendo valor determina-do, surgió la compra y venta. Se convirtió en poco tiempo, responsable por el desarrollo de los países y vino a ser el más importante de todos los contratos, pues acerca los hombres y fomenta la circulación de las riquezas.

Con el uso y avance de la compra y venta, ésta pasó a caracterizarse por ser un contrato traslativo inme-diato de la propiedad por operación inmediata. Contrato, en tal caso

[…] simplemente obligatorio, no operaba la transmisión del domi-nio, se limitando a transferir la posse-vacum possessionem trade-re. Dentro de esta perspectiva, la consecuencia (adquisición de la propiedad) no nacía del contrato, más bien de uno de aquellos actos que, en el sistema romano, estaban habilitados a generarla, como la traditio y la mancipatio. (DINIZ, 2008, p. 268).

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Récord histórico, AC, cuando Nabucodonosor re-inó, ya le dio importancia a la institución de la compra y la venta, con el objetivo no sólo satisfacer su aspecto publi-cidad/social, sino también la económica y jurídica (Santa Biblia - Jeremías 32:14-15)

“Así ha dicho Jehová de los ejér-citos, Dios de Israel: Toma estas cartas, esta carta de venta sellada, y esta carta abierta, y ponlas en una vasija de barro, para que se conserven muchos días.

Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Aún se comprarán casas, heredades y vi-ñas en esta tierra”.1

Actualmente, según el Código Civil Brasileño, se denomina compra y venta el contrato bilateral por el cual una de las partes se obliga a transferir el dominio de una cosa a otra, mediante la contraprestación de determinado precio en dinero. El Código Civil lo enuncia de esta for-ma: “Art. 481. Por el contrato de compra y venta, uno de los contratantes se obliga a transferir el dominio de deter-minada cosa, y el otro, a le pagar determinado precio en dinero”.

En este tipo de contrato hay un carácter de obliga-ción, puede ser objeto de él bienes de toda naturaleza: corpóreos, relacionando muebles e inmuebles, también los incorpóreos. Importante subrayar que la transferencia del

1 Versión Reina Valera 1960

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dominio depende de otro acto: la tradición, para muebles y el registro, para los inmuebles.

Dispone el art. 1.267 del Código Civil, en efecto, que “la propiedad de las cosas no se transfiere por los ne-gocios jurídicos antes de la tradición”. De la mismo mane-ra, “los derechos reales sobre inmuebles constituidos, o transmitidos por actos entre vivos, sólo se adquieren con el registro en la Oficina de Registro de Inmuebles de los re-feridos títulos (arts. 1.245 a 1.247), casos especificados en este Código” (art. 1.227). (DINIZ, 2008, p. 268)

En el contrato de compra y venta la tradición es una señal de perfeccionamiento del negocio jurídico, de manera que sin la tradición no se cumple la compra y la venta. Hace falta cuidar que en caso de bien inmueble el registro de la escritura es imprescindible.

La escritura es el documento público escrito por un notario en sus notas. Es, por lo tanto, un documento, una vez que establece materialmente y de manera permanente la declaración de voluntad, escrito por un agente público, que es el titular de la función notarial.

La escritura debe ser escrita, por notario o escriba-no autorizado, con observancia de los requisitos legales, en los libros de nota de la serventía. Como acto oficial, la escritura debe ser escrita en idioma nacional. La escritura y sus requisitos están todos previstos en nuestro ordena-miento jurídico, en el Código civil brasileño y, presentan características propias y especiales. Hay total exigencia en la observación de su forma, bajo pena de nulidad del do-cumento (LOUREIRO, 2009, p. 211).

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En Brasil, si la ley no establece otra disposición, la escritura pública es esencial para la validez de cualquier negocio jurídico destinado a la creación, transmisión, mo-dificación o renuncia de los bienes inmuebles de valor superior a treinta veces el salario mínimo más alto en el País (artículo 108 del Código Civil).

Los requisitos para hacer constar en una escritura pública un hecho figuran en la mencionada ley que, en su artículo 215, así establece:

La escritura, constada en notas de notario, está dotada de documento del fideicomiso público, haciendo plena prueba.

§ 1 A menos que sea requerido por la ley, otros requisitos, la escritura deberá contener:

I - fecha y lugar de su realización;

II - el reconocimiento de la identi-dad y la capacidad de las partes y de cuántos estuvieron presentes en el acto, por sí mismos, como re-presentantes, actores o testigos;

III - el nombre, nacionalidad, es-tado civil, profesión, domicilio y residencia de las partes y otros comparecientes, con indicación, en su caso, el régimen de bienes ma-trimoniales, el nombre del otro cónyuge y afiliación;

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IV - manifestación clara de la vo-luntad de las partes y de las partes interesadas;

V - la referencia al cumplimiento de los requisitos legales y fiscales relacionados con la legitimidad del acto;

VI - Declaración de tener sido leí-da en presencia de las partes y otros comparecientes, o todos a leeran;

VII - la firma de las partes y otros comparecientes, así como el nota-rio o su sustituto legal, finalizando el acto.

§ 2 Si algún compareciente no puede o no sabe escribir, otra per-sona puede firmar por él, a su so-licitud.

§ 3. La escritura será escrita en el idioma nacional.

§ 4. Si alguno de comparecientes no conoce el idioma nacional y el notario no entiende el idioma en que se expresa, deberá asistir tra-ductor público para actuar como intérprete, o por no tener la ubica-ción, otra persona puede, a juicio del notario, tenga integridad y el conocimiento suficiente.

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§ 5 Si alguno de comparecientes no se conoce al notario, o no pue-de ser identificados por el docu-mento, el acto debe asistir por lo menos dos testigos que le conoz-can y para certificar su identidad.

La cosa, el precio y la manifestación de la voluntad de las partes son requisitos esenciales que deben aparecer en la escritura, así como en cualquier otro contrato.

2.3 Del Registro de inmueble, en especial lo rural Con carácter previo y para su mejor comprensión

necesaria se hace conceptuar las formas de adquisiciones inter vivos de la propiedad rural en Brasil.

En Brasil sólo a través de la inscripción de los títu-los en el servicio registral que si adquiere la propiedad, siendo tal adquisición en el sentido jurídico como el acto o hecho, en virtud de lo cual si opera el cambio del dominio de propiedad o la propiedad a otra persona, que por lo tan-to, se convierte en su propietario, el titular de ese derecho. (Artículo 1245 del Código Civil).

Según Carlos Roberto Gonçalves (1938), cuando se trata del registro, viene de la idea de garantía de la pro-piedad, pero los desafíos de regulación legal de Brasil permiten que se vean numerosas disputas que involucran cuestiones de la tierra, como los enfrentamientos, entre otras áreas superpuestas. El Estado, representado aquí por el Instituto Nacional de Reforma Agrária (INCRA), junto con el legislador, trata de crear mecanismos para que sean cada vez más imposibles fraudes en los registros de pro-piedad.

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En cuanto a la matrícula del inmueble, esta incor-pora el registro y ambos dan la garantía de la propiedad del inmueble a través del título de transmisión. Acerca de este tema, Rivaldo Machado dice que la matrícula (ins-cripción) es un acto catastral, cuyo objetivo es identificar perfectamente el inmueble, presentando sus características y confrontaciones, aportando un número para su identifi-cación.

La profesora y jurista Maria Helena Diniz, apud Rivaldo Machado, entiende que la finalidad de la matrícu-la de inmuebles es constituir un registro que completa el conjunto de todos los bienes inmuebles en Brasil.

El preámbulo del artículo 167 de la Ley nº. 6.015/73 confirma la relevancia de la matrícula:

"Art. 167. En el Registro de la Propiedad, además de la matrícu-la, se hará: I - el registro: [...] II - el registro: [...]”

Por lo tanto, los posibles registros y anotaciones están basados en la matrícula. Ciertamente, no fue una casualidad que el legislador la mencionó en el caput del artículo comentado, haciendo esto en un intento de garan-tizar la reivindicación de verosimilitud entre la documen-tación requerida y la realidad de campo.

El artículo 176 de la Ley n. 6.015/73, con las modi-ficaciones introducidas por la Ley n. 10.267/01, enumera los requisitos que se deben cumplir, en relación a la matrí-cula.

Afirma Rivaldo Machado de Arruda (2009) que en el sistema jurídico brasileño, el negocio legal, por sí solo,

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no transfiere el dominio de la propiedad, y para ello es necesario registrar el acto traslativo de la propiedad en la división inmobiliaria responsable y citó la importancia de la fe pública de la cual es revestido el registrador oficial, empezando a emerger varias discrepancias entre lo que se registra en la matrícula, los errores técnicamente probados, errores de ortografía y las diferencias en las ubicaciones geográficas con el declarado, habiendo, como soporte analógico de la ley la INTERPRETACIÓN del oficial para llevar a cabo actos de registros de las correcciones la mera subjetividad de su entendimiento.

Por lo tanto, la posesión en Brasil, carente de un título de propiedad sobre un bien inmueble, es tratada co-mo un derecho personal, no siendo posible registrarla en el mismo servicio registral donde se registra la propiedad de un inmueble, salvo en el caso de la regularización de tierra de interés social, cuya prueba de posesión se convertirá en propiedad (Ley 12.424/2011, el artículo 288-G).

Como se ve en las líneas precedentes, varios son los autores contemporáneos que se ocupan de la inscrip-ción de los bienes inmuebles y su interconexión con el desarrollo económico y social/ambiental. Sin embargo, es en el derecho comparado, que se busca subsidio para con-firmar la contribución de los sistemas registrales que obje-tivan la seguridad jurídica de los actos realizados entre los contratantes.

González, in Revista de Derecho Inmobiliario (2002) demuestra que, cuanto más eficiente un sistema de registro de inmuebles realizar sus actividades, en mayor medida puede contribuir al crecimiento económico. En su trabajo, González inicialmente aproxima teóricamente las

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razones por las que un sistema registral de seguridad jurí-dica preventiva es esencial para el crecimiento económico. Después, alude a por qué los registros de los derechos son superiores a los registros administrativos de los documen-tos. En tercer lugar, se refiere a los límites de los efectos de los documentos públicos que contengan actos y contra-tos privados para el registro, si se desea mantener un sis-tema registral de los derechos. En cuarto lugar, se refiere al caso español y la reciente reforma en profundidad de la que fue objeto.

Continuando, el autor desarrolla el trabajo basado en la interacción entre las propiedades inmobiliarias segu-ras y productividad de la tierra, añadiendo a la teoría la importancia de la información positiva en relación con los costos de transacción. Para trazar la relación entre el regis-tro de bienes inmuebles, el desarrollo financiero y el cre-cimiento económico unen a la construcción teórica: 1 - La seguridad de la posesión y propiedad de la tierra y de in-centivos a la inversión; 2 – título de propiedad y crédito; 3 - Los mercados de bienes inmuebles, transacciones y efi-ciencia; 4 - la movilidad de la fuerza de trabajo y la efi-ciencia, y 5 - la liquidez inmobiliaria, la movilización de depósitos y la inversión.

Toda economía de mercado tiene un sistema for-mal de registro de nombres de dominio y de bienes in-muebles y un buen registro histórico. El sistema tiene co-mo objetivo la seguridad jurídica, ofrece garantías de in-versiones y otros reclamos de derechos - en la propiedad pública y privada. Un sistema de registro de los derechos de propiedad y de registros históricos que sirve a la eva-luación de bienes inmuebles. El uso de la tierra y otros datos relacionados con la gestión del territorio es una

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herramienta fundamental para que una economía de mer-cado funcione correctamente.

Aun subrayando la necesidad de buscar nuevos ins-titutos, con el objetivo de seguridad jurídica de los actos, todos los días es reconocer que sin terminar son los esce-narios en los últimos tiempos en la cultura jurídica con-temporánea, en particular con respecto a la dignidad y los derechos humanos los derechos individuales y sociales de los ciudadanos, el respeto a los derechos adquiridos, la cosa juzgada y el acto jurídico perfecto e incluso los insti-tutos de prescripción y decadencia y varios otros.

Los reportajes acerca de las relaciones de mercado, la mano de obra, el transporte y las desigualdades; exceso de liquidez monetaria y endeudamiento; insaciable de-manda de materias primas, especialmente de los países en desarrollo, revelan la creciente preocupación por la soste-nibilidad del planeta causado por el mal uso de sus recur-sos natural y la codicia por tener, tan bien retratado en la película Avatar, autor canadiense, James Cameron.

Todo esto representa la inseguridad jurídica en las transacciones en relación a la tierra rural en la región amazónica, especialmente en relación con el nuevo con-cepto de la soberanía nacional, para merecer su re-ratificación, teniendo como marco el conocimiento de su territorio se compone de las tierras públicas y privadas, incluyendo las tierras devueltas que tiene, en el decir Plácido y Silva (2008), su adquisición, a veces derivada, a veces, originaria.

Originaria o primitivamente la adciquisión se muestra más propiamente como una apropiación o la ocu-pación de una cosa sin dueño (res nullius). Es el jus primi

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occupantis. Y, por él, el derecho del comprador resultante del acto o hecho de esta adquisición, cuando también se inicia sin ninguna relación con la situación anterior de la cosa adquirida.

Es la primacía decurrente del principio romano:” Quod autem nullius est, naturali ratione occupanti conceditur”. Coherente con esto, el Juez Federal, Fernan-do da Costa Tourinho Neto, afirmó, em entrevista a la Re-vista ISTOÉ, edición 1597, que

Defender la propiedad sólo porque está documentado por alguien sin la posesión, es incluso un crimen contra el pueblo. Si la tierra no está produciendo, ¿de qué sirve? Nada. Está haciendo daño a todos. Pero si el dueño está trabajando, la tierra está con producción y con uso correcto no puede ser ocupa-da. No defiendo la división de la tierra sólo para compartirla con aquellos que no la tienen. Puede ser que en el futuro voy a defender eso.

Del mismo tema, afirma el parlamentar francés Pierre-Joseph Proudhon que el resultado del trabajo de un individuo utilizando y ocupando la tierra es una forma legítima de la propiedad. Sin embargo, se opuso a la tierra sin utilización vistas como propiedad, en la creencia de

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que la tierra sólo puede, razonablemente, ser objeto de posesión por el uso u ocupación (que él llamó "posesión")2

La adquisición se deriva cuando, habiendo el due-ño, la cosa se transfiere de este al comprador, en virtud de las normas que la propia ley establece, ya sea por contra-tos inter vivos o causa mortis o por prescripción adquisiti-va, también conocido en Brasil como usucapión.

Son modos de adquisición derivada, la compra y venta; la arrematación (judicial y también la extra judicial, en la forma de ley específica), la adjudicación la accesión artificial, la especificación y la usucapión, esa instituto

2 What is Property? An Inquiry into the Principle of Right and of Gov-ernment Pierre-Joseph PROUDHON (1809 - 1865), translated by Benjamin R. TUCKER (1854 - 1939) - What Is Property?: or, An Inquiry into the Principle of Right and of Government (French: Qu'est-ce que la propriété ? ou Recherche sur le principe du Droit et du Gouvernment) is an influential work of nonfiction on the concept of property and its relation to anarchist philosophy by the French anarchist and mutualist Pierre-Joseph Proudhon, first published in 1840. In the book, Proudhon most famously declared that “property is theft”. Proudhon believed that the common conception of property conflated two distinct components which, once identified, demonstrat-ed the difference between property used to further tyranny and proper-ty used to protect liberty. He argued that the result of an individual's labor which is currently occupied or used is a legitimate form of prop-erty. Thus, he opposed unused land being regarded as property, be-lieving that land can only be rightfully possessed by use or occupation (which he called "possession"). As an extension of his belief that legit-imate property (possession) was the result of labor and occupation, he argued against such institutions as interest on loans and rent. Gen-re(s): Political Science Language: English - https://librivox.org/what-is-property-an-inquiry-into-the-principle-of-right-and-of-government-by-pierre-joseph-proudhon/

Compra y venta de propiedad rural:un enfoque a partir de la Amazonia

extraño al derecho argentino, donde es conocido por pres-cripción adquisitiva.

Los modos originales se indican la accesión natural (aluvión y avulsión) y la usucapión.

Aquí interesa únicamente en el instituto de la venta y, posteriormente, la usucapión como una forma de regula-rización, tanto de las tierras privadas, así como las tierras devueltas que no cumplan su función socioeconómica.

Por esta razón se tiene en cuenta la eficacia norma-tiva que sólo se puede lograr a través de un estudio previo de la realidad sociológica de la Amazonía con el objetivo de crear un Derecho Amazónico.

Jarque (2008, p. 230) trae una concepción de lo que consiste ese Derecho Amazónico:

Cabrís define este Derecho Amazónico, como el conjunto de normas de origen diferente y natu-raleza y objetivos especiales, diri-gidas principalmente a la defensa y protección de la Comunidad de la Amazonia, en sus dos elementos sustanciales, de su territorio, esto es de su tierra con sus recursos naturales, tierra, agua, flora y fauna, y de su población; consti-tuida por hombres libres, en la más amplia comunidad libre del Estado y República Federal del Brasil; y armónicamente al servi-cio de la propia Comunidad del

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Estado del Brasil y de la Comuni-dad Internacional y Mundial.

El Código Civil de 2002, la Ley 10.406 de 10 de enero 2002 dedicó el libro III "El Derecho de las Cosas", del Título I Artículos "Da Posesión" 1196 a 1209 artículo.

La posesión, momentáneamente, no presenta con-sulta en el registro de bienes inmuebles, excepto, como se ha dicho en otra parte, en caso de regularización de interés social, cuya prueba de posesión identidad se convertirá en propiedad (Ley 12.424/2011, modificadora de la Ley 6.015/73, en su artículo 288-G).

Algunos estudiosos afirman que el registro público es objeto de impugnación, porque para tener la propiedad, sin duda, es necesario utilizar el registro To-rrens, incluso reforzado por disposición legal (art. 277 de la Ley de Registros Públicos, que es instituto en desuso en el País, entre otras cosas, debido a la lentitud de su reali-zación/conclusión se requiere dos procedimientos, uno administrativo y otro judicial).

Por otro lado, de forma desjudicializada, como se evidencia en su concepto, él se equipara a la georreferen-ciación, porque si efectiva sólo a través de uno de los dos procedimientos, a saber: el servicio administrativo con el Registro de la Propiedad.

Este es el registro opcional intro-ducido en el Brasil, con la Re-pública, el vice jefe de Rui Barbo-sa en el Gobierno Provisional (dictadura), por el Decreto 451-B (31/05/1890), regulado por el De-

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creto 955-A (5 -11-1890), el regis-tro Torrens fue creado por el ir-landés Robert Richard Torrens y puesto en práctica en Australia, entonces colonia británica, en 1858.

Fue uno de los requisitos del pro-yecto de inmigración y coloniza-ción iniciado en esos primeros 14 meses de la República, el sistema Torrens se quedó en peligro, man-teniendo sólo como una alternativa exótica y en desuso - "un muy lar-go y costoso, especialmente proce-so judicial, mezclado con la publi-cación de comunicaciones, costos y otros gastos, sólo accesibles a los ricos. (CENEVIVA, 1999, s/p.)

Este autor compara el registro Torrens al Regis-tro de la transmisión, citando que el registro Torrens tiene características particulares que dan el "animus" el requisito absoluto de la propiedad con efecto erga omnes ", mien-tras que el registro obligatorio de transmisión está abierto a la contestación." Apunta:

[... ] A diferencia de la mera transmisión de registro - utilizado hasta hoy (y que no garantiza el derecho transmitido) - El registro Torrens hace la propiedad de la tierra casi indiscutible bajo la ga-rantía del Estado. [... ] Con esto,

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puede ser transferida por endoso simple del propietario, y se mover sin dificultad en la economía como valor descontado “líquido e cer-to”, en Portugués. Su logro, por supuesto, no sólo requiere la prue-ba de derecho preferente sobre la tierra (la documentación) como la demarcación exacta, pasando por el proceso de incorporación de los libros de notas de los peritos. [... ] En cualquier caso, requiere la pu-blicación de la pretensión, con plazo abierto a la contestación. Emitido el certificado ya no puede ser impugnada - excepto por tema del fraude, o la existencia de regis-tro anterior (que también implica el fraude). [... ] El simple movi-miento de los topógrafos, sin em-bargo - y luego un aviso indiscuti-ble - deja poco espacio para la duda El sistema brasileño tiene presunción registral " iuris tan-tum", siendo, por lo tanto, sujeto a la nulidad de las pruebas en con-tra lo que demuestra la venta "no dominus", que se basa en el expe-diente, salvo la inscripción en el registro Torrens. El registro To-rrens, aunque en desuso, nos da una referencia débil al registro.

Compra y venta de propiedad rural:un enfoque a partir de la Amazonia

De este instituto podríamos tomar algunos procedimientos para la creación del registro de bienes in-muebles, tales como la historia descriptiva de la propiedad, su plan, utilizando para su fabrica-ción GPS, siendo que los puntos de referencia deben fijarse con hitos especiales relacionados con de-terminados puntos y estables en los asientos de las propiedades ru-rales, de modo que la planta pueda ser incorporado en la carta gene-ral catastral. Es de destacar que el registro catastral Torrens da ver-dadera función al Registro de la Propiedad. (CENEVIVA, 1999, s/p.).

El análisis de los dichos de Ceneviva lleva a la conclusión que el registro Torrens da la impresión de que el papel del registro catastral, pues exige todos los docu-mentos que justifiquen el ámbito de la propiedad y tiene el Estado como garantizador de la propiedad. Ceneviva men-ciona que el "sistema registral brasileño presenta presun-ción relativa, quedando esta sujeta a nulidades por prueba en contrario, que muestran que las ventas fuera de su do-minio en el que se basa el registro, a menos que haya la inscripción en Registro Torrens."

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2.4 De la limitación de venta de la propiedad, sus fun-damentos, con destaque para el inmueble rural.

La carta mayor del ordenamiento jurídico brasileño hizo la previsión del derecho de propiedad, garantizando tal derecho a los ciudadanos, pero, como no podría dejar de ser, trajo limitaciones a tales derechos para garantizar el orden social y el Estado Democrático de Derecho.

La constitución Federal, art. 5º, XXII, al garantizar el derecho de propiedad, estableció la cuestión de sus res-tricciones, que reaparece en una forma analítica en el art. 170, bajo el título “El orden económico y social”, que bus-ca lograr el desarrollo nacional y la justicia social basado en los siguientes principios: libertad de iniciativa; valora-ción de la propiedad; armonía y solidaridad entre las cate-gorías sociales de producción; represión no solo al abuso del poder económico, caracterizado por el dominio de los mercados, como también la eliminación de la competencia y el aumento arbitrario de los beneficios y expansión de las oportunidades de empleo productivo. En todo eso hay limitaciones al derecho de la propiedad.

Se establece en el art. 5º, XXIV, sobre la desapro-piación por necesidad o utilidad pública y por interés so-cial, mediante previa y justa indemnización en dinero; el art. 182, § 3º, dispone que las desapropiaciones de inmue-bles urbanos serán hechas con previa y justa indemniza-ción en dinero. Y el § 4º, III, autoriza el poder público municipal, para atender la política urbana, mediante ley específica, para exigir del dueño del interés social de pro-piedad territorial rural, con el pago en títulos de deuda agraria, con cláusula de preservación del valor real, resca-tables en 20 años, a partir del segundo año de su emisión y

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no siendo susceptibles de prescripción adquisitiva de do-minio para fines de reforma agraria en los casos del art. 185. Y el art. 5º, XXV, prevé la utilización de la propiedad particular por el Estado, en caso de peligro inminente o en circunstancias excepcionales, estando asegurado al propie-tario el pago de la competente indemnización. Se trata de petición que no sacrifica el dominio en su conjunto, ya que es tan sola una privación temporaria del uso del bien.

Por lo tanto, el poder público, por medio de la ley, podrá exigir del dueño del suelo urbano inutilizado que lo aproveche bajo pena de subdivisión o edificación obligato-ria y de impuestos sobre propiedad predial y territorial urbano progresivo (CF, art. 182, § 4º, incisos I e II), vi-sando acelerar el desarrollo urbanístico.

¿Cuánto significa, en costos sociales, la prevención de conflictos, representadas por la seguridad jurídica pro-visional otorgada por el sistema de registro?

¿Cuánto puede representar el registro en términos de reducción de costes mediante la reducción drástica del grado de incertidumbre en las transacciones económicas que tengan por objeto la propiedad?

Como demostrado, las restricciones de la Ley de Propiedad aparecieron desde 1800, cuando comenzó a servir a los intereses generales, ignorando el individual. Según el principio constitucional, la Ley de la Propiedad en Brasil sólo será garantizado por el Gobierno si cumple su función social, por se considerar que tanto la propiedad particular como el Estado que detienen la tierra deben cumplir con este mandamiento constitucional, establecido en el artículo 5, XXIII.

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En el derecho moderno, la primacía del interés co-lectivo o público influye bastante en el concepto de pro-piedad. Las medidas restrictivas al derecho de propiedad, impuestas por el Estado en pro de la supremacía del in-terés público, está disminuyendo el ejercicio de ese dere-cho. De manera que los principios generales de derecho como los de la igualdad de las propiedades y la represión al abuso del derecho fueron siendo aplicados tan extensa-mente que el dominio empezó a encontrar en ellos restric-ciones cada vez más fuertes, ocasionando su debilitación interna y la consolidación de la política de intervención estatal.

En razón de esa política intervencionista del Estado, el propietario de nuestros días desconoce el carácter abso-luto, soberano e intangible de que se imbuía el dominio en la era de los romanos. En realidad, destaca Orlando Go-mes, actualmente, está ocurriendo una restauración de la concepción medieval de la propiedad, según la cual el do-minio útil de los bienes inmuebles se sujetaba a las obliga-ciones reales perpetuas, que deberían ser cumplidas en provecho de los titulares del dominio directo. La única diferencia es la sustitución de los particulares, que disfru-taban de las prerrogativas aseguradas a los titulares del dominio directo por el Estado, que vino a ser el barón de los tiempos modernos. Entre tanto, ese civilista no está afirmando que volvió a prevalecer la concepción medieval del dominio dividido entre diversas personas, ni que el Estado moderno es el señor de todos los bienes y los pro-pietarios particulares, simple titulares de un dominio útil, sujetos a las restricciones que producían gravámenes en la propiedad. Está él, sólo registrando la similitud existente entre el propietario actual y el de los tiempos medievales,

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ya que aquél, como este, tiene sobre el bien, los poderes de dueño, desde que satisfagan algunos encargos.

De esta manera se percibe que el derecho de propie-dad no tiene carácter absoluto porque sufre limitaciones impuestas por la vida en común. La propiedad individua-lista es sustituida por la propiedad con finalidad socialista.

Hay quien tenga las limitaciones del derecho de propiedad como servidumbres legales. Las servidumbres buscan obtener ventajas relativas al aumento del valor del predio dominante, del punto de vista de su utilidad, belleza o amenidad, sin que eso sea indispensable a su uso; en las limitaciones legales al dominio, por ejemplo, lo que con-cierne las relaciones de vecindad, el derecho que se asegu-ra al vecino, limitado en beneficio de la propiedad del pre-dio contiguo, es imprescindible a aquello, pues sin él es imposible la propia utilización de su propiedad.

Las limitaciones legales al derecho de propiedad son las que están contenidas en leyes especiales que tienen por objetivo proteger no sólo el interés público, social o colectivo, como también el interés privado o particular considerado en función de la necesidad social de coexis-tencia pacífica.

Las restricciones a la propiedad en razón del in-terés social presupone la idea de subordinación del dere-cho de propiedad privada a los intereses públicos y a las conveniencias sociales. Son limitaciones imprescindibles al bienestar colectivo y la propia seguridad del orden económico y jurídico de país.

Esas restricciones, perteneciendo a la rama del de-recho público: constitucional, administrativo, penal etc.,

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pasan a ser partes integrantes de la estructuración legal del dominio, le alcanzando en toda su extensión o en parte de ella. Como no establecen vínculos recíprocos, tienen la característica de unilateralidad, sacrificando los intereses particulares bajo el fundamento de que deben subordinarse al interés público.

Las limitaciones al dominio en razón del interés privado, según Messineo, se inspiran en el principio de la relatividad de los derechos y en el propósito de su coexis-tencia harmónica y pacífica, se basando en el propio in-terés del titular del bien de un otro a quien él pretende be-neficiar, no afectando de esa forma la extensión del ejerci-cio del derecho de propiedad. Se caracteriza por su bilate-ralidad, ante el vínculo recíproco que establece, se ubican-do, por tanto, en el campo del derecho civil.

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PARTE II – ASPECTOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD RURAL

3. Concepto de Amazonia: Amazonia Brasileña y Ama-zonía Continental

3.1 La cuestión en la Amazonia brasileña

Como apuntado en la Introducción, la Amazonía continental es compuesta por siete (07) Repúblicas, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Surinam y Venezuela. La Amazonia brasileña es constituida por nueve (09) esta-dos federales: Acre, Amazonas, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima y Tocantins.

La Amazonia brasileña representa un ecosistema macro insertado en el ecosistema macro aún mayor y más complejo llamado Amazonia. La parte de la Amazonia que queda en el territorio brasileño es denominada Amazonia de Brasil o Amazonia brasileña.

El ecosistema macro de Amazonia constituye un dominio de 3,5 millones de quilómetros cuadrados, co-rrespondiente a 69,5% de todo el universo de la Amazo-nia. Está contenido en los países vecinos y el Ecuador, los restantes 29,5% demarcados por largas fronteras, total-mente cubierto por la inmensidad de la foresta amazónica.

Más allá del río Amazonas que tiene su desembo-cadura en territorio brasileño, otros de sus grandes afluen-tes que también desembocan en la Amazonia brasileña tienen sus nacientes en los Países vecinos, de ahí los gran-des intereses internacionales direccionados para esa parte del globo terrestre, detentora de su mayor parte de agua

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potable, lo que seguramente en alguna época será la salva-ción de la humanidad, teniendo en vista el elevado creci-miento demográfico, juntamente a la escasez y del racio-namiento de tan precioso líquido.

Figura 2 - Mapa - LA PAN-AMAZÔNICA- concepción geopolíti-ca según el Tratado de Cooperación Amazónica – 1978. Fuente:

http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/1112/749988.pdf?sequence=4

El clima de toda la región es tropical típico, calien-te y húmedo. Siendo que hay variaciones climáticas enor-mes, las precipitaciones son muchas e intensas. El predo-minio de la Foresta de Amazonia acaba trayendo algunas características típicas de esta región, entre ellas la de arras-

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tre continuo de humus lixiviación de nutrientes lo que im-pide algunos cultivos y plantaciones (MILARÉ, 2007, p. 626).

Otra cuestión peculiar de la Amazonia so los pue-blos de la foresta, cuyas reservas y cultura hace falta res-petar. Lo que, además, ha sido un gran reto teniendo en claro la grande explotación económica e insostenible que se está desarrollando en esta región.

Otra cuestión peculiar Otra Amazon es la que se refiere a la gente de la selva, cuyas reservas y cultura debe ser respetada. Lo cual, por cierto, también ha sido un reto, dada la gran e insostenible explotación económica que se está produciendo en esta región. Más adelante, vamos a discutir con más detalle este problema de los pueblos y territorios indígenas amazónicos, con un enfoque sobre el Proyecto de Enmienda Constitucional PEC 215/2000.

En relación a la vegetación, esta no es uniforme. En efecto aproximadamente 20% de la Amazonia brasile-ña son sabanas naturales, vegetación abierta hace millares de años, cubriendo rocas, mesetas y formaciones de arena. Hay la foresta de tierra firme, densa y alta, vasta, muy húmeda. En las orillas de los ríos está la foresta inundable. Ya en el Estado de Acre surgen forestas de bambú ocu-pando de manera amplia espacios abiertos y restringiendo el poblamiento vegetal. No pueden ser olvidadas las fores-tas abiertas con liana. Finalmente, está la foresta de estua-rio del rio de Amazonia, inundada diariamente por el re-flujo del agua dulce bajo la acción de la marea. Con sus palmeras de azaí y otras variedades, ella ha alimentado por largos siglos la población de la orilla. Así es que, por sus

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características, la foresta de estuario es la más bien mane-jada de la Amazonia. (MILARÉ, 2007, p. 627).

El gran problema hoy enfrentado en esta región tan importante para la biodiversidad mundial está, desde el punto de vista ecológico, en la deforestación y en las que-mas. Grande parte de la región talada se destina a la pe-cuaria; pero los datos recolectados demuestran que la aber-tura de espacios suplantó la productividad del ganado, evidenciando grande desproporción entre costo ambiental y alegado beneficio económico.

De hecho el gran ecosistema se regula y se recom-pone. No obstante, seria injustificable creer que eso basta y, así, los riesgos y amenazas no serían tan grandes cuanto lo que parecen. Con todo su esplendor, el ecosistema de la Amazonia es bastante débil porque es muy cerrado en sí mismo: cualquier alteración significativa, allí, puede ad-quirir las proporciones de alteración global, no sólo para la Amazonia y el Brasil, pero también para el planeta tierra.

Las Unidades de Conservación Ambiental, en la Amazonía brasileña están previstas en lo ordenamiento jurídico desde 1937 con la creación de la Reserva de Ita-tiaia. Así la evolución histórica de estas unidades es acompañada desde 1937 hasta los días actuales. Y en este corto período de transformación, se reserva a la Constitu-ción de 1988 el rol de verdadero difusor de aguas, ya que, al lograr una reglamentación para lo que se llamó espacios territoriales protegidos, ella ocasionó el nacimiento, en 18.07.2000, de la Ley 9.985, que estableció el Sistema Nacional de Unidades de Conservación de la Naturaleza – SNUC (MILARÉ, 2007, p. 627).

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De esta forma, la Constitución de 1988 fue un gran hito para la preservación ambiental en Brasil y principal-mente por la educación ambiental, en la cual la preserva-ción ambiental y la demarcación de territorios de mayor importancia y relieve se tornaran posibles.

Como mencionado, la base legal para el estableci-miento y la gestión de las unidades de conservación está, hoy, asentada en la Ley 9.985/2000, que estableció el Sis-tema Nacional de unidad de Conservación de la Naturale-za- SNUC, reglamentando el § 1.º, incisos I, II, III y VII, del art. 225 de la Constitución Federal.

Fruto de un largo proceso de gestación, la Ley 9.985/2000 nació después de incertidumbres, flujos y re-flujos, expectativas y ansiedades. Se quedaban muchas dudas sobre como instituir y, después, como administrar esos espacios especialmente protegidos en razón del opor-tuno mandato constitucional.

La reglamentación de la Ley del SNUC fue par-cialmente efectuada por el Decreto 4.340 de 22.08.2002. Tal instrumento buscó sanar las brechas y detallar los as-pectos legales acerca de varias cuestiones ambientales, entre ellas: a) los aspectos legales referentes a la creación de unidades de conservación; b) la gestión compartida con las Organizaciones de la Sociedad Civil de Interés Público - OSCIPS; c) la explotación de bienes y servicios; d) la compensación por significativo impacto ambiental; e) al reasentamiento de poblaciones tradicionales; e) a la reva-luación de categorías de unidades no previstas y, por últi-mo, la gestión de las reservas de la biosfera. (http://www.socioambiental.org/uc/).

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3.2 - Amazonia Continental De acuerdo con Nelson de Figueiredo Ribeiro

(2005, p.201-205), añadida a los citados países vecinos, no integrantes de la amazonia forestal, está Venezuela, deten-tora de 0,7% de la Amazonia denominada hidrográfica, que alcanza un área de 6.869.344 km2.

De esa amazonia hidrográfica están excluidas las Guyanas, quedando limitada la bacía amazónica a los si-guientes Países: Brasil, con 72,6%, que ocupa un área de 4.989.361 km2; Perú, 11,1%= 762.400Km2; Bolivia, 8,7% = 600.000km2; Colombia, 5,0%= 336.583 Km2; Ecuador, 1,9 %= 130.000m2 y Venezuela, 0,7%= 51.000Km.

De acuerdo a la Ley 1.806, de 06 de enero de 1953 y sus cambios sucesivos ocurridos en razón de la creación y o divisiones de Estados (provincias) brasileños y por cuenta de la inclusión y exclusión de Países en la amazo-nia forestal y en la hidrográfica, ambas ya mencionadas anteriormente, tratado de cooperación fue firmado entre los ya mencionados Países con el objeto de definir geo-políticamente sus respectivas áreas, puesto e difícil era ecuacionar las dimensiones de la Amazonia Forestal, que mide 5.908.195 km2 y la amazonia hidrográfica, excluidas las Guyanas, con área de 6.869.344 km2.

La soberanía de Brasil y los demás países de la pan-amazónica en sobre esta reside en dotarla de la infra-estructura que se puede integrar con el resto del País, ya que hoy ocurre solamente por vía aérea y por carretera.

Se reconoce que, debido a sus dimensiones conti-nentales, sería más económico produjo la integración a través de la vía fluvial, por lo río Amazonas, ya que invo-

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lucra a todos los países del Amazonas continental o a través del ferrocarril, como de hecho ocurrió con los EEUU que consolidó la ocupación de todo el territorio con la construcción de ferrocarriles que unen el este hacia el oeste.

Factor importante de la integración nacional pro-movida en ese país fue la promulgación de la ley de los bienes familiares (Homestead Act), que a mediados del siglo XIX, después de la guerra de secesión, con exclusión del latifundismo, implementó una estructura agraria forta-leciendo el inmigrante, que recibía 160 acres de tierra al entrar en el País, el mismo ocurriendo con el esclavo libe-rado, al revés de lo que ocurrió en Brasil en 1850, con la promulgación de la Ley del Suelo, la Ley n. 601, por la cual este último no podría convertirse en un propietario de tierras en el País.

Otra estrategia para la ratificación de la soberanía sobre la Amazonía, como se ha dicho en otra parte, es la regularización de sus tierras a través de la creación de agencias modernas y/o el fortalecimiento institucional de los diversos órganos de la Administración Pública que trabajan en esa región.

Teniendo en cuenta el apoyo financiero, económi-co, científico institucional promovido por los países des-arrollados de todo el mundo, así como por organizaciones no gubernamentales realizan numerosas búsquedas, su contextualización en la globalización, aunque de una ma-nera relativa, serán factores importantes para la preserva-ción de la soberanía sobre sus respectivos territorios.

Nelson Ribeiro Figueiredo (2005, p. 530) concluye afirmando que "la ocupación de la Amazonia sigue una

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orientación más cualitativa que cuantitativa, es decir, por una población que ha aumentado la conciencia de cuestión geopolítica regional."

3.3. Registro de Tierras en Brasil, con énfasis en la Amazonia brasileña

La primera Ley del Suelo en Brasil (Ley N º 601 de 1850), según Edmundo Zenha (1952, p. 432), sin espíritu Tuvo "puramente Colono orden". Para él, todo lo demás no era más que el resultado, ya que sus principales asien-tos consistían principalmente de una parte, a prohibir la transferencia graciosa de las tierras públicas a privadas y otra en las posesiones de uno legitimar ya formado. Así, "el inmigrante sería colocado en un marco ya establecido, deberán entregarse profundamente a las labores agrícolas con el fin de reunir los recursos necesarios para pagar las" colonias "fueron destinados a él."

Boris Fausto (2003, p. 196) afirma que

[...] La Ley de Tierras fue conce-bida como una forma de evitar la consulta en la propiedad de la tie-rra por los futuros inmigrantes. Se estableció, por ejemplo, que las tierras públicas deben ser vendi-dos a un precio lo suficientemente alto como para eliminar los ocu-pantes ilegales y los inmigrantes pobres. Los extranjeros que los bo-letos habían pagado para venir a Brasil se les prohibió la adquisi-ción de tierras antes de los tres años después de la llegada. En re-

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sumen, los grandes agricultores querían atraer inmigrantes para empezar a sustituir la mano de obra esclava mano, tratando de evitar que pronto se conviertiesen en propietarios. [...]

Desde entonces ya dividido las clases sociales, inmigrantes, esclavos y señores feudales. Aquí está lo que se informa por Zenha:

Desde entonces ya dividido las clases sociales, inmigrantes, es-clavos y amos Además de prevenir la concesión gratuita de terrenos (excepto en la frontera del imperio con los países extranjeros en un rango de diez leguas), la Ley N º 601 organizaron espacio agraria brasileña, con la caracterización de lo que serían los terrenos bald-íos, con la revalidación de habili-taciones y la legitimidad de las ocupaciones principales. Entonces el revalidaba Ley del Suelo, en su artículo 4, las concesiones de tie-rras u otras concesiones del Go-bierno Provincial General, que había caído a la sanción o sancio-nes impuestas por el rey, sino para presentar el cultivo o el principio de la cultura y la dirección habi-tual del distribuidor o sesmero y, en su artículo 5, legitimado los

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mansos y pacíficos posesiones ad-quiridas por primaria, o la ocupa-ción anterior del primer ocupante, que si pensaban culto, o el princi-pio de la cultura, y la dirección habitual de su poseedor o su re-presentante ( entendida tales como la concesión de la legitimidad del dominio ). Con la revalidación de habilitaciones y la legitimación de las posesiones, se da por vencido, en última instancia, la privatiza-ción de grandes fracciones de tie-rras brasileñas, quedando como público - propiedad o desocupadas - aquellos que no se incluyó entre las privatizadas.

Bajo el decreto reglamentario de la citada Ley, pre-lecciona el eminente profesor José da Costa Harbor, en la Territorial de Formación de Brasil - Brasilia - Fundación Petronio Portela. 1982, p. 63, que el gobierno imperial utilizó las autoridades eclesiásticas para proceder con el registro de la parroquia, o vicario, por qué la Iglesia sería, en ese momento, la única institución que cubre todo el territorio nacional.

Al informar sobre el registro parroquial, debe te-nerse en cuenta que se convirtió en obligatorio en virtud del artículo 13 de la Ley 601/1850, reglamentada por el Decreto 1318, el 30 de enero de 1854, con el objetivo de registrar tierras por personas particulares, decotándolas de las tierras públicas.

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De acuerdo con las disposiciones legales citadas en el registro de la parroquia consistió en la declaración uni-lateral de la propiedad, firmada por los tenedores privados de las zonas terrestres, desarrollado en dos (02) copias entregadas al vicario de la Iglesia Católica, que la primera devolverá al declarante, el envío de archivos otros libros en su parroquia.

Estos titulares de esas tierras estaban sosteniendo concesiones y asignaciones regulares sin confirmar y / o revalidado esos; posesiones transferidos para los títulos legítimos de las posesiones de los legitimados aforamien-tos usufructo, etc.; señalando que ninguno de ellos tenía su dominio completo.

El objetivo aquí es la vista del Tribunal de Justicia de São Paulo en la acción, no se proporciona, JTJ 137/595, que se resumen de la siguiente manera: Registro de Bienes Raíces - Parroquia de Registro - Ley Imperial 601, 1850 - Se encuentra en sencilla declaración unilateral de la pro-piedad, no vale como título de dominio - Registro denega-do - Duda confirmada - Apelación no proporcionada.

Posteriormente, con el fin de separar el estado de la Iglesia Católica, Enero 7, 1890, en la cara del Decreto N º 119- A- publicado por el Gobierno Provisional del Mal Deodoro da Fonseca, la intervención de la autoridad fede-ral y los estados federales fue prohibida en el respeto reli-giosa y, por lo tanto, en virtud del artículo 5 de esta legis-lación especial, la iglesia fue reconocida con personalidad jurídica.

A pesar de la creación de un Estado laico y todos los avances tecnológicos para lograr, es reconocer que muchos registros de bienes raíces, todavía sufren de vicios

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incurables, ya sea como las que se entregan en la presencia de la Ley del Suelo de 1850, cuando éstos fueron hechos por los " registros Vicar " Pastor, por las declaraciones unilaterales sobre "posesiones" ocupados por el interesado de que su placer en ellos inserían zonas poco realistas, ya sea moderno, en presencia de otras normas que regulen la tenencia de tierras, en especial la emisión de los distintos valores sobre la misma área ( superposición ) y / o sus desplazamientos "complot " en diferentes áreas, a menudo centradas en las reservas indígenas, etc.

Cuando nos enfrentamos a este estado de cosas, el Juez Auxiliar de la Presidencia del Consejo Nacional de Justicia de Brasil, Dr. Antonio Carlos Braga Jr. declaró que " registro de la propiedad tiene que ser construido desde cero en Brasil". (JUS BRASIL 2012, s / w.).

Procediendo de acuerdo con el reconocido estudio de Magistrado del Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA), reveló que Brasil tenía la seguridad jurí-dica representaría un aumento del Producto Interno Bruto, lo que equivale al estado de São Paulo, titular de más del 40% (cuarenta por ciento).

En última instancia, afirmó que la liquidación de las tierras en la Amazonía fortalece el poder judicial en la búsqueda de la seguridad jurídica a los verdaderos dueños de las tierras brasileñas.

Debe hacerse hincapié en que la cuestión de la tie-rra brasileña, especialmente en el Amazonas, es una situa-ción bastante compleja que demanda una posición firme y la participación de los distintos niveles de gobierno para una posible solución del gobierno.

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Figura 3 - Reportaje - Diario de Cuiabá - 07 y 08 de septiembre – 1976

Está claro que los conflictos de tierras que involu-cran inmenso poder territorio. En el sitio web de la Cáma-ra de Representantes, está destacando este tema. En parti-cular, la demarcación de las tierras indígenas se ha discu-tido durante algún tiempo. Hay una propuesta de enmien-da constitucional (PEC) 2000 se arrastra para arriba hoy y presenta la siguiente proposición:

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Espera Ponente en la Comisión Especial que analizará y prestar asesoramiento a la propuesta de enmienda a la Constitución N º 215-A, de 2000, el Sr. Almir Sa y otros que "agrega XVIII al artículo 49; Modifica § 4 y añade § 8 tanto en el artículo 231 de la Constitu-ción Federal "(incluye entre las competencias exclusivas de la aprobación del Congreso de la demarcación de las tierras tradi-cionalmente ocupadas por los in-dios y la ratificación de los deslin-des ya aprobados; establecen los criterios y procedimientos de de-marcación se regulada por la ley), y anexado. (Cámara de Diputados, 2013 s / p.).

La situación ha estado sucediendo durante años porque se trata de cuestiones de poder relacionados con la tierra, que se puede identificar claramente en el texto de Derechos Humanos, el gobierno decreto titulado calienta el debate sobre la demarcación de las tierras indígenas, publicado en janeiro.2014 en el sitio Cámara Legislativa de Brasil:

Controvertido tema de debate du-rante varios años en la Cámara de Representantes, la demarcación de las tierras indígenas promete ca-lentar el ambiente entre los legis-ladores, ambientalistas y represen-

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tantes de la agroindustria en el 2014. Además de la propuesta de enmienda a la Constitución 215/00, en particular el análisis en la comisión, que presenta al Con-greso la decisión final sobre los límites, los miembros debatirán sobre el nuevo proyecto de decreto del gobierno sobre el tema, que ha dividido las opiniones. El aspecto más controvertido de la propuesta, discutida en el Ministerio de Justi-cia, es la inclusión de nueve minis-terios en la revisión de las solici-tudes de nuevas demarcaciones de las comunidades indígenas. Para el presidente del Frente Parlamen-tario en Defensa de los Pueblos Indígenas, el Sr. Ton Padre (PT- RO), por ejemplo, el cambio no es necesaria y tiene el único propósi-to de " la reducción o eliminación de los poderes de la Funai [Fun-dación Nacional del Indio]. " En la evaluación de la parlamentaria, la regulación actual (1.775/96), que regula la cuestión resulta ser sufi-ciente. “Ya es largo y burocrático. No es cierto que toda la coordina-ción y decisión sobre la demarca-ción de las tierras indígenas están en manos de la Funai, porque los

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procesos se discuten con los go-biernos locales, con los estados y primer ministro de la justicia ", argumenta. (Cámara de Diputados, 2014, s / w.)

3.4 De la georreferenciación, en especial en la Amazon-ía brasileña

Surgió en Brasil, con la promulgación de la Ley N º 10.267, de 2001, que creó las Tierras del sistema Regis-tro Público y regulada por el Decreto N º 4.449, de 2002 ( modificado por el Decreto N º 5.570/05 ), para establecer la obligación de georeferenciación fincas rústicas, han instituido un programa que tiene como objetivo satisfacer la distribución efectiva, la concentración, la dieta, el uso y la posesión de la tierra en el país, con información precisa que permita la gestión y planificación de las políticas de tierras y agrícolas, el establecimiento de una interconexión entre la propiedad registrarse mantenido por notario y re-gistro de la propiedad, mantenida por el INCRA, que a pesar de tener metas y objetivos específicos, con las áreas de interés común, a saber, la identificación y la localiza-ción de la propiedad perfecta, difieren en el sentido de que el registro tiene como objetivo dar autenticidad, la seguri-dad, la publicidad y la adquisición de bienes inmuebles, mientras que los efectos del impuesto sobre Catastro y con fines de expropiación, con el fin de promover la Reforma Agraria, y se desea determinar la propiedad física y la identificación de áreas diseñadas para enfriar reservas, la eficiencia técnica y otros tipos de limitaciones administra-tivas, dispuestas en las Leyes N º 4.771/65, 7.803/89, 9.393/96, 9.985/00 y N º MP 2.166-67/01 para ambas áre-as tituladas como para la forma no certificada.

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No hay duda de que la Ley 10.267/2001 y sus de-cretos reglamentarios, son de fundamental importancia para el fortalecimiento de los derechos de propiedad en Brasil, teniendo en cuenta que da la bienvenida a las nece-sidades sociales, brindando transparencia y seguridad a la libre circulación de bienes y riquezas, así como, préstamos respaldados por garantías de seguridad.

Figura 4 – Reportaje – A folha de Parecis – 04 – junio – 2004

También fue evidente la lucha contra el acapara-miento de tierras y ejecutar rápido proceso de regulariza-ción para los que son indispensables un catastro de bienes raíces y el registro de seguros de propiedad.

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Cabe señalar que la georeferenciación y certifica-ción ya están obligadas por el registrador de la propiedad, en cualquier situación de la transferencia de la propiedad, el desmembramiento, y el área de la unificación remem-bramento hoy por menos de 500,00 hectáreas. Del 20 de noviembre del 2011, se requerirá para todas las propieda-des, independientemente de la zona.

Los diversos seminarios y la organización de eventos similares, teniendo como miembros a : notarios, registradores, geomensores, representantes de organismos gubernamentales, en particular el INCRA, Intermat, IBAMA, Famato y profesionales de la justicia, son espe-cialmente importantes porque ayudan a garantizar que todos los involucrados a conocer el trabajo que están haciendo y cómo los resultados de tales influencias de trabajo en un proceso de reformas que buscan el desarrollo económico del país, el desarrollo del crédito hipotecario, el derrocamiento de los viejos conceptos y modelos anti-guos, lo que reduce el riesgo, atraer a los inversores ex-tranjeros, etc.

Compensar las consideraciones sobre el tema en las pruebas, esperase contribuir a la clarificación y para el despertar de la importancia del asunto, que aún tiene mu-cho para florecer.

Aunque la legislación ha evolucionado en esta di-rección, especialmente con la promulgación de la Ley 10.267 de 2001, denominada Ley de georreferenciación, la granja comenzó a ser identificado con precisión, haciendo que representa el espacio físico exacto que ocupa la pro-piedad identificada de acuerdo con su inscripción en el

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órgano oficial, representada aquí por el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA).

Por lo tanto, de acuerdo con la nueva ley, regla-mentada por los Decretos 4.449/02, 5.570/05 y 7.620/11, la descripción gráfica de la propiedad debe contener los límites puntos necesariamente vinculados al Sistema Ge-odésico Brasileño.

Trabajo técnico de acompañamiento anteriormen-te consentimiento de todos confrontacional, declarando que sus derechos fueron respetados barrio y no hay cam-bio de propiedad Lemas georeferenciada.

Estudiosos de renombre preleccionam que la le-gislación vigente georeferenciación es muy ambicioso, ya que busca en poco tiempo y el gasto de los agricultores, a resolver el grave antiguo complejo problema de la tierra en Brasil.

Advierten que hay que tener en cuenta que la Ley de georreferenciación no fue promulgada con el fin de crear o extinguir los derechos de propiedad, sino más bien para determinar las tierras no ocupadas, la lucha contra el fraude y la superposición de áreas que surgen y que los objetivos perseguidos con ella sólo se lograrán más fácil y efectiva si hay armonía entre geomensores, el registro ofi-cial de la tierra, juristas y técnicos INCRA Intermat y, bajo pena de ser entre la legislación comentó que la caída en desuso.

Expresando su preocupación por la aplicación inmediata de la ley en discusión, el reconocido maestro Walter Ceneviva, en una entrevista reciente, sostiene que la georeferenciación es muy útil, pero llegó en un momen-

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to difícil. Hay grandes extensiones de tierra en el Amazo-nas, y en menor medida también en otros estados de la federación, cuyas calificaciones necesitará tranquila y aún suscita dudas.

La separación de la público-privada, la propiedad, es el gran desafío. Esta dificultad se encuentra en la Orde-nanza N º. 21, de 28 de marzo de 2005, en la que el IN-CRA -MT durante 60 días, suspendió la certificación pre-vista de la Ley de georreferenciación, el reconocimiento de los 3.4 millones de acres de tierras públicas, más de 152 (ciento cincuenta y dos) propiedades que cubren 58 (cincuenta y ocho) municipios de Mato Grosso y son en su mayoría ocupadas irregularmente, así como las tierras si-tuadas en las zonas fronterizas en ese Estado.

Por todo esto, el 28 de marzo de 2005, por inde-terminado retraso, el INCRA, bajo el decreto n ° 21, las certificaciones suspendidas por un período de 60 días o hasta que se incluye en las bases de datos del INCRA áre-as de proyectos de la Unión asentamientos y las zonas fronterizas, sin dar efecto a cualquier certificación emitida en los municipios de Mato Grosso, que todavía no había sido registrado por los registros notariales de Bienes Raí-ces (60 días no fueron suficientes para que esta supuesta inclusión de datos, de ahí su extensión indefinida ).

ORDENANZA NO 21 DE 28 marzo 2005

REGIONAL SUPERINTENDENTE IN-CRA en Mato Grosso, en uso de las atri-buciones que le confiere el artículo 16 de la estructura de regimiento, aprobado por el Decreto 5011, de 11 de marzo de 2004, y en el arte. 29, fracciones V y VI del Re-glamento Interno del INCRA, aprobado

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por la Orden / MDA / N ° 164 de 14 de ju-lio de 2000, publicada en La Gaceta el 17 de los mismos mes y año.

CONSIDERANDO que los 3.4 millones de acres de tierras públicas, más de 152 ( ciento cincuenta y dos ) propiedades que cubren 58 ( cincuenta y ocho ) municipios de Mato Grosso y son en su mayoría ocu-padas irregularmente, así como los terre-nos situados en las zonas fronterizas en ese Estado.

CONSIDERANDO que los esfuerzos de esa agencia federal manifiestan en nume-rosos pleitos en los que se busca recupe-rar la plena disponibilidad de las propie-dades de sus bienes para después de ella, darle destino económico compatible con los intereses sociales.

CONSIDERANDO que la información proporcionada por el Coordinador del Comité Regional de Certificación (OS / N º 206 / 03) que la gran mayoría de las tie-rras públicas, si las áreas recogidas, pro-yectos de asentamiento o terrenos situa-dos a lo largo de la frontera, no son libe-rados en el base de datos de Incra, permi-tiendo la certificación en las tierras públicas. Por lo tanto, a fin de preservar la Hacienda Pública Federal, resuelve:

ART. 1 º - Suspender por un período de sesenta (60) días, o hasta que la adición se completó en la base de datos del IN-CRA todos los bienes propiedad del Go-bierno Federal, los proyectos de coloni-zación y tierras situadas a lo largo de la frontera, la certificación bajo la Ley N º 10.267/01, reglamentada por el Decreto

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4.449/02, y en la Instrucción Normativa N º 13, de 17 de noviembre de 2003, todas las propiedades rurales ubicadas en este estado.

ART. 2 - Hacer, anula todas las certifica-ciones emitidas en aquellos municipios que no han sido debidamente registrados por el Registro de Bienes Raíces Notario de la fecha de publicación de la presente Ordenanza, así como revisar todas las acciones emitidas y certificaciones que se han llevado a cabo para evaluar el regis-tro impacto en el país de la Unión, para su posterior eliminación, si es necesario.

ART. 3 - Crear un grupo de trabajo, a instaurarse, procederá la base de datos de alimentos por el INCRA y volver a examinar todos los procedimientos admi-nistrativos, técnicos y jurídicos adoptados por la expedición de la certificación bajo la Ley N º 10.267/01.

ART. 4 ° - Determinar el Grupo de Traba-jo a formar, dentro de los sesenta (60) días hábiles para la finalización y entrega final del informe detallado sobre el tema que se ha delegado en ellos.

ART. 5 ° - Revocar PORTA-RIA/INCRA/SR-13/MT/N 002/ 05, publi-cado en la Gaceta el 16 de febrero de 2005, en comparación con el mayor al-cance de la presente Orden. El presente Decreto entrará en vigor en la fecha de su publicación.

Se sabe lo que motivó la emisión de dicho vínculo en la ordenanza fue la ausencia de una base de datos del INCRA en el que contenía todos los inmuebles propiedad

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de la Unión de los Proyectos de Asentamiento, tierras indígenas y los ubicados en el rango de frontera, junto con numerosos informes de irregularidades cometidas por fun-cionarios de ese organismo.

En noticias publicado por la revista GEO mundo, de acuerdo a la información obtenida del Ministerio de Desarrollo Agrario, estaría listo en tres meses se espera que una base de datos de esquema, accesibles a través de Internet, que será gestionado por el INCRA y la Hacienda Federal y vinculado al Sistema Nacional registro Rural ( SNCR ). Es decir, Brasil, en 2007, de acuerdo con la ley de la georeferenciación, obtener un nuevo mapa de la tie-rra, para lo cual el Gobierno Federal invertirá 10 millones de reales3.

Después de más de siete años, por fin, el mapa se puso a disposición, pero incompleta ya que los datos pro-metidos, a saber: propiedad de la unión, y otras reservas indígenas. Él, informó que alrededor de 5,2 millones de explotaciones agrícolas están actualmente registrados, que corresponde a sólo el 60 % del territorio brasileño. Consi-derando que el territorio tiene una superficie de 8.511.965 kilómetros, el resto 40 % de la superficie actual de 3.404.782 km propiedades, no es por lo tanto los datos seguros.

3.5 Desjudicialización dos actos voluntarios Mediante la Ley n. 11.977/09, se ha hecho posible

elegir interesado en algunos casos, mediante la emisión de

3 Detalles en http://acervofundiario.incra.gov.br/i3geo/interface/incra.html?t0ngca4cie7k8hdgbv4fj70tv5

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acciones de divorcio / separación amistosa - a través de los servicios notariales.

Se trata de un proceso gradual de actos desjudicia-lização, jurídicas, privadas ante el Poder Judicial, opcio-nalmente emigrado a los servicios notariales, en los casos especiales en los que existe un consenso entre los contra-tistas más grandes y capaces.

Esta medida innovadora fue adoptada por los pode-res ejecutivo y legislativo, dado el pacto federal llamado, con el objetivo de aliviar el Poder Judicial, sólo en aque-llos casos en los que no hay disputa, cumplieron con los requisitos mencionados anteriormente aludidos.

Continuando con este progreso dentro de las acti-vidades notariales y de registro, hay que señalar que desde 22/10/2008 Al determinar el decreto del Poder Ejecutivo s / n, un Grupo de Trabajo Interministerial ha sido creado, con el objetivo, entre otras cosas, revisar la legislación actual y elaborar propuestas para la mejora de los servicios y registros notariales.

Por iniciativa de la Secretaría de Ingresos Federa-les de Brasil, los días 7-9 de octubre del año 2013, se ce-lebró en Brasilia -DF # 1. Seminario nacional denominado RED DE INFORMACIÓN INTEGRADO territorial, cuando fue creado grupos de la industria para reunirse con el líder de la zona del proyecto (MF / RFB) que consoli-dará toda la visión.

De acuerdo con la propuesta de la RFB, grupos sectoriales, dividido por lo tanto, tendrá las siguientes res-ponsabilidades:

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Productores / Usuarios: Producir información, en-trada de datos, actualizar, editar y crear sus propias capas de información para consultar.

Usuarios: Cuerpos que sólo generan consultas a los datos de los perfiles específicos.

Reguladores: Las personas que no son usuarios o productores de información, sino que actuará en la regula-ción.

Mayor proyecto de innovación elaborado por la RFB propone almacenar la información que constituirá el inventario oficial y sistemática del territorio nacional, que se desarrolló con la base de datos apropiada para Sistemas de Información Geográfica (SIG).

Poco a poco se están logrando los objetivos pro-puestos, todos los que buscan un mayor intercambio entre las bases de datos de registros y servicios notariales, el poder judicial y el público en general como parte de los esfuerzos para combatir el fraude, la corrupción y la polí-tica de blanqueo de dinero, registro electrónico, la integra-ción del registro y catastro; bajo y sobre troncos, comunes donde no se conoce la realidad de los hechos de las perso-nas que viven en Brasil.

En cuanto a las prestaciones específicas destinadas / desarrollo socio-económico del país, éstos pronto se verán en el rostro de los mayores ingresos por impuesto sobre la renta, ITBI, ITCMD, ITR, impuestos a la propie-dad, etc., he aquí, los bienes inmuebles rurales y urbanos, una vez instalado, va a salir de la informalidad.

Se ve que el proyecto en discusión fomentará el mercado de la vivienda, en especial el registro de la pro-

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piedad, lo que permite al propietario para entrar en el mer-cado formal, con la regularización de la propiedad, regula-do por la Ley 11.977/09, con el programa de mi casa, mi vida.

En cuanto a la regularización del suelo urbano, de-finido por el artículo 46 de la mencionada ley, se tratará de sí mismo a través de los procedimientos notariales y de registro, con el apoyo de asuntos internos de los Estados Justicia, la regularización de los asentamientos informales y el título a sus ocupaciones, para garantizar la ley y la vida social hacia el pleno desarrollo de las funciones so-ciales de la propiedad urbana y el derecho a un medio am-biente ecológicamente equilibrado.

En las zonas rurales el mismo procedimiento co-menzó a ser adoptada en Mato Grosso, desde Proporcionar 36/2013, publicado por CGJ, siguiendo el ejemplo de la Provincia de Rio Grande del Sur , que crearon hace mu-chos años por iniciativa del Juez Decio Erpen y del regis-trador , João Lamana Paiva, confirmó en un 39 /95, de la CGJ.

El 24 de enero de 2011, a través de la Disposición CGJMS n. 55, el vecino MS, también regula el procedi-miento para la regularización de las parcelas rurales regis-trados en el condominio.

Sus nombres han sido como: "con más legalidad", tierra legal, esta última también dirigida a la regulariza-ción de los predios rurales registrados en el condominio, pero en situación aislada, o sea en favor de la división bajo ese 37/2013-CGJMT prestación, cubrir las zonas de la tierra, sin distinción entre los de los condominios en los que es imposible definir el área más grande y sus habitan-

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tes, la mayoría de los que están dentro del área identifica-da y de la que se conocen.

Destinado exclusivamente a la Amazonia brasileña, el último día 04 del mes de noviembre del año 2013, fue publicado por el Consejo Nacional de Justicia, Min Fran-cisco Falcón, CNJ orientación n. 05, publicado en DJE: 07/11/2013, las normas sobre el procedimiento para el registro de georreferenciada Descripción de Federal Gleba Pública en la Amazonia, de acuerdo con los artículos. 3º. y 4º. Provisión de n. 33/2013 del CNJ.

Vale la pena señalar que la orientación de arriba es el resultado del PP n. 00056000-75.2013.2.00.000, de la realización de eventos en la capital Cuiabá -MT, en el días 25 y 26 de julio de 2013, entre el Programa Tierra Legal y la Asociación de Notarios y Registradores, que fue prepa-rado por los participantes de los nueve (09) estados la Amazonia brasileña (G- 9), incluyendo el IRIB, represen-tado por el autor de esta investigación, un documento titu-lado "Carta de Cuiabá”.

Al llevar a cabo la preparación con miras al evento informó, merece resaltar el compromiso del Jefe de la Di-visión CERFAL / MT, Ronaldo Miguel, el Registrador de Bienes Raíces, Maria Aparecida y Bruno Becker, presi-dente y secretario, respectivamente, de ANOREGMT, coordinado por el Secretario General de CERFAL, Sergio Lopes y su equipo se trasladó a Brasilia - DF para la orden colimado.

No debemos olvidar que todo comenzó por inicia-tiva de la comisión de Regularización de tierras hace dos años ha logrado recopilar mensualmente bajo la presiden-cia del Juez Magistrado de Justicia, en la Administración

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anterior, el Dr. Lidio Modesto y aún hoy en día, por el Dr. Antonio Peleja, con participación de los diversos sectores de la sociedad y de los poderes fácticos, sobre todo para la MDA / INCRA, INTERMAT, IRIB; ANOREGMT; ABRAGEO, UFMT, OAB, FAMATO, AEL y otros.

Si bien reconoce los esfuerzos de la mayoría de los registradores del sur, sureste y ahora también en el medio oeste del país, no podemos olvidar que Brasil es una re-pública y es notorio que la mayoría de las otras dos regio-nes, norte y nordeste de Brasil, excepciones, deben inte-grarse en el resto del país, con el objetivo de seguir los avances tecnológicos de hoy en día.

Descentralizar e integrar para no entregar son consignas, recordando que cualquier similitud entre el eslogan de los años 70 (la colonización de la Amazonia) y la vulnerabilidad experimentada por los notarios y regis-tradores de Brasil es una coincidencia.

No hay duda de que todos los esfuerzos para regu-lar dicha Ley serán ineficaces si no se comparte entre to-dos los actores que aparecen en este escenario, a saber: Receta Federal, INCRA, Justicia y Estado y la policía fe-deral y, sobre todo, los notarios y Registradores de la labor pertinente e indispensable llevar a cabo en nombre del pueblo y el Gobierno de Brasil, a través de la delegación por el Poder Judicial, como, por cierto, ofrece el arte. 236 CF/88.

A quiénes participaron en el último octubre 23 a 25 de la II REUNIÓN DEL NOTARIADO Y REGIS-TROS DE NORTE promovidas por CGJRO, celebrado en Porto Velho, se puede ver que la consigna era también INTEGRACIÓN.

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Estuvo presente el autor de este estudio, el cum-plimiento de nombramiento del Presidente Ricardo Basto, en representación de IRIB, presente el Profesor Ricardo Rabinovich Berkman - Director de Programas de Doctora-do en la Universidad de Buenos Aires, que enseñó acerca de la ley y la justicia en la Visión América Latina, que finalizando proclamó:

La soberanía brasileña se ve comprometida y así entiende por qué existen las leyes imperiales a través del trabajo de los países ricos las llamadas, por lo que la ma-yor riqueza en manos de países que apenas saben cómo manejar a sí mismos, lo que hace una clara alusión a la Amazonía continental, en la cual se encuentra la brasileña. El eminente maestro Rabinovich Berkman prelecciona sólo habrá integración ocurriendo respeto entre los involu-crados. Finaliza, al tiempo que afirma que hay personas que piensan que son superiores, no habrá integración.

3.6-De la “grilagem” (grillaje) en la región de la Ama-zonía

Hablar sobre la ocupación de tierras en la Ama-zonia brasileña, particularmente en los estados de Mato Grosso, Pará, Amazonas, inevitablemente, implica la lla-mada " ocupación ilegal " de la tierra, que no es nada nue-vo para los que saben. ¿Qué es “grillar” tierra? "Grilagem” (grillaje) es el acaparamiento e/o la apropiación indebida de la tierra”

Utilizando el diccionario Houaiss - 2006, p. 331, he su definición:

"Grillar es hacer títulos falsos de tierra". Por lo tanto, Gri-llero es la persona que falsifica documentos para conver-

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tirse ilegalmente legítimo propietario de los terrenos o tierras de otros vacante y es un hecho que a menudo ocu-rre en Amazonas y por qué no decir por todo el Norte, Nordeste y Centro-Oeste regiones del Brasil y que tiene un impacto negativo e intensamente en toda la sociedad.

Paraguassú Éleres, defensor público en Belém -PA, topógrafo y con maestría en derecho agrario, durante el ciclo de 2007 de las reuniones regionales auspiciadas por la Oficina del Registrador Brasil para hacer frente a la “grilagem” (grillaje) de tierras, clasificándola lo hizo en dos formas: privada e institucional... (Cf. p. IRIB en 78 - Boletín de la revista - No. 333-2007 ), y explicó que Brasil es un país de ocupantes ilegales, ya que por medio del Tratado de Tordesillas, Brasil estaría limitado entre Belém -PA y Laguna- SC puesto que la línea vertical de polo a polo, desde el meridiano de Cabo Verde, pasó entre estas dos ciudades.

De acuerdo con el reconocido profesor, dice la historia oficial que entre los años 1580 y 1640, los luso - brasileños aprovecharon el hecho de que España y Portu-gal tenían la misma bandera para aventurarse en el territo-rio, que aumentó un 268% (doscientos sesenta ocho por ciento), formando una superficie de 8.511.965 km², la po-sesión de las cuales está en manos de Brasil.

El ilustre Maestro Paraguassú dijo que, " se trata-ba efectivamente de un acaparamiento “grilagem” (grilla-je) de tierras, una parte de California, los estadounidenses compraron, pero el resto ha sido tomado.

Bajo el título por encima de aquí es el número de la carta circular 06/2006-MDA recibida por los registrado-res de inmuebles de Mato Grosso, entre ellos el autor de

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esta investigación que lo respondió y del recibió elogios sobre el ejercicio de su actividad profesional, en cuanto asumió la titularidad de los servicios de registro que le fueron otorgados por el poder público. Suscrito por el Mi-nisterio de Desarrollo Agrario, solicitando información sobre el tipo de medidas o precauciones que se adopten en relación con el registro de los conflictos de tierras rurales que participan en la propiedad colectiva, con el objetivo de evitar la "ocupación ilegal" de las tierras públicas.

CIRCULAR No. 06 / 2006 - MDA

Brasilia, 23 de marzo de 2006.

Su Excelencia Juez MUNIR FECURI Inspector General

Corte del Estado de Mato Grosso del Centro de Política Administrativa

CEP: 78050-970 - Cuiabá / MT

Unirse. Carta circular para la Mesa del Foro Estatal, dirigiéndoles la copia ne-cesaria en tiempo de esto para la próxima inspección requerida para ser-vicios notariales y el Registro Estatal.

Cuiabá, 31/03/06

Asunto: Inspección de Servicios del no-tario y los inmuebles Registros

1. Como es conocido por Su Excelen-cia, el Poder Ejecutivo, a través de los distintos organismos involucrados en el tema, en particular este Ministerio a través del Departamento de Conflictos y Mediación Agraria y la Secretaría

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Especial de Derechos Humanos, que se formó la Comisión Especial de Lucha contra la violencia en el campo, ela-boró el Plan Nacional de Lucha contra la Violencia en el Campo, cuya ejecu-ción está en marcha.

2. Es de destacar que, entre otras me-didas, el Ejecutivo está creando Defen-sor Agrario en la mayoría de los esta-dos de la federación, proponer proyec-tos de ley y la elaboración de normas jurídicas con el objetivo de proporcio-nar a las autoridades que intervienen en cuestiones de la tierra de los instru-mentos jurídicos para garantizar la aplicación de la ley para casos concre-tos con el fin de prevenir, resolver los conflictos de tierras y garantizar los derechos humanos y sociales de las partes involucradas en conflictos de tierras.

3. Así que, junto con el gran esfuerzo que la Contraloría General de la Corte se ha concentrado en el Estado de Mato Grosso, para luchar contra la apropia-ción de tierras, aprovechar esta opor-tunidad para sugerir, respetuosamente, el monitoreo preciso de los servicios notariales y registros Inmobiliarios, es-pecialmente en relación con el proce-dimiento de registro de tierras rurales, con énfasis en las personas involucra-das en los conflictos de tenencia colec-tiva, ya que la apropiación de tierras

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proviene principalmente de la falta de control y supervisión de los registros públicos, que a menudo ocurre con la connivencia de los empleados que se inscriban áreas superpuestas o creen registros sin procedencia, es decir, sin el más destacado lícita de los bienes públicos a particulares.

Por último, yo cosecho la oportunidad para expresar a Vuestra Excelencia mi agradecimiento y la garantía de que las acciones del Poder Ejecutivo añaden a la contribución preciosa e inestimable de la Magistratura será, sin duda, a la lucha contra la ocupación ilegal de tie-rras públicas en el campo, lo que facili-ta la implementación del plan Nacional de Reforma Agraria en el Estado de Mato Grosso.

Aquí está la respuesta que fue dirigida al Ministro, por MM. Juez Corregidora y Director del Foro:

Oficina 119-2006 Campo Novo do Pa-recis - MT, 9 de mayo de 2006.

MM. Juez ª,

En respuesta a la carta n. 084 / 06 se informa a Vuestra Excelencia que, en calidad de agente de la administración pública descentralizada, con la inde-pendencia y el cumplimiento de las normas legales, así como sus principios básicos, en particular el de legalidad (art. 37 CF/88) en la práctica los actos

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de mi oficio han adoptado, entre otras, las siguientes medidas y precauciones:

Todos los títulos protocolizados pre-viamente en este notario son calificados objetivamente, como se muestra en la lista adjunta, actualiza siempre que se produzca un nuevo evento.

Para analizarlos, tratamos de señalar la existencia de posibles objetivos, los obstáculos que impiden su registro, la entrega de nota Devolución de aquellos cuya calificación es negativa.

Este procedimiento ha sido adoptado tanto las ejecuciones extrajudiciales y de la corte, aunque se entiende que esta última no es inmune a la calificación anterior (art. 172 y siguientes de la Ley de Registros Públicos - 6.015/73, en particular los artículos 176 y 225).

En cuanto a la apertura de nuevas ins-cripciones, con incierta y / o cuando se sospecha su posición de origen, además de la totalidad correspondiente certifi-cado, le preguntamos al Intermat, cau-telam anuncio, certificado de origen, la legitimidad de la zona objeto de la transacción.

El cumplimiento de la prestación de CGJMT, comunicar todas las aberturas INSCRIPCIÓN Registros del Registro de la Propiedad Inmueble de origen, para terminar la primitiva, evitando su duplicidad.

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Empleado de esto, nosotros recibimos las endosamos reportados de creación de ficheros, en relación con los deriva-dos aquí, se transfirió a otras subdivi-siones de bienes raíces, así como la fal-ta de disponibilidad de bienes y / o ar-chivo de bloqueo, cuando judicialmen-te.

En cuanto a las propiedades rurales, en la actualidad con más de 1.000 hectá-reas (mil hectáreas) han sido requeri-das por esta anotación notario de su acreditación por el INCRA (georefe-renciación), como, de hecho, la Ley 10.267/01 y 10.931/01, reglamentada por el Decreto 4.449/02 y 5.750/05.

Creemos que esta nueva tecnología, si se aplica correctamente, parece cam-biar el tratamiento de la cuestión, que proporciona una mayor seguridad jurí-dica a los negocios llevados a registro.

Al INCRA hemos informado mensual-mente, los cambios que se producen en la matrícula, debido a cambios en la propiedad, división, división, subdivi-sión, propiedades unificadoras, área de molienda, las reservas legales particu-lares y del patrimonio natural, así co-mo otras limitaciones y restricciones de carácter dominial y ambiental, a efec-tos de actualización (artículo 4 del De-creto 4.449/02 ).

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Aunque, lamentablemente, el INCRA no ha cumplido con las disposiciones de los artículos 5 y 6 del Decreto, es decir, comunicar esta notariada los nuevos códigos de los bienes raíces, cuyas mu-taciones se han notificado a él, con el fin de ser aprobado en su matrícula.

De la Intermat, hemos recibido solici-tud de certificado de títulos definitivos de prueba de licencia de ocupación en solitario o cualquier otro dominio de documentos.

Estas solicitudes se hacen siempre, a modo de identificación, que es el pro-pietario y / o poseedor, CNPJ, CPF / MF, Certificado de inscripción en el INCRA, el nombre de la granja, campos agrícolas, etc. área.

A pesar de nuestra disposición a re-unirse con ellos, hemos encontrado difícil, ya que no tenemos la base de datos necesaria, lo que nos permite agi-lizar de forma segura el certificado co-rrespondiente, y señaló que el actual sistema de registro de bienes raíces de Brasil es meramente descriptivo.

Por lo tanto, por más de dos y dos (02) años, estamos a la espera de esos órga-nos que guardan silencio, los datos más altos sobre esta división de la propie-dad de bienes raíces, incluyendo MO-SAICO DE COBERTURA con restitu-ción de sus respectivas áreas, en forma

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analógica y / o digital (CD), en el len-guaje de AUTO CAD y / o MICRO ES-TACIÓN (anexo - copia de la carta).

Todos somos miembros de la máquina atorada llamó a la oficina del gobierno. Las muestras obtenidas por la Justicia con respecto a Al lado del Banco Cen-tral, la Seguridad Social, la informa-ción del IRS, que culminó con el com-promiso en línea, demuestran que es el momento de reducir la burocracia, y por qué no también dicen que la hipo-cresía de todos, ya que el uso de la tec-nología, con éxito y seguridad reempla-za el proceso de consulta convencional, hecho por carta, cuyas respuestas, co-mo se ha dicho en otra parte, a veces nunca llegan.

Por lo tanto, nos preguntamos si Vues-tra Excelencia informó el Ministro de Estado para el Desarrollo Agrícola y el Superintendente y / o el Presidente agencias sobre esta omisión por el IN-CRA y la falta de atención en la res-puesta Intermat lo que es un requisito legal mencionado, lo que soportar esta falta de intercambio de Registro de la Propiedad x INCRA / Intermat, con los escasos recursos que tenemos, que es difícil de evitar las situaciones mencio-nadas en la carta del párrafo. 06/2006/MDA, de fecha 23/03/2006.

Tomando nota de la sugerencia hecha por el autor de este estudio, que recibió de su Excelencia, el juez Ger-

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cino José da Silva Filho, Magistrado General de Reforma Agraria, el mensaje, adelante escaneado:

Figura 5 - Mensaje del desembargador

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3.7- De La CPI (Comisión de Investigación Parlamen-taria) en la región de la Amazonía

Figura 6 - Mapa de la Amazonia brasileña, formada por

nueve estados en los cuales se encuentran el mayor número de irregularidades por títulos falsos

El informe final del IPC en la ocupación de tierras públicas en la Amazonia, p. 44, se llegó a la conclusión de que toda la política del gobierno en Brasil siempre se ha dirigido a las grandes empresas, además de los límites anteriores, originalmente 10.000 hectáreas, 2.500 hectáre-

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as actualmente ocupan áreas mucho más grandes, lo que constituye fincas, fomentando la distribución altamente desigual de la tierra y la riqueza rural encontró, sorpren-dentemente, en una de las regiones encuestadas, más pre-cisamente en el Estado de Mato Grosso, cuya división de la tierra de acuerdo a ese informe, fls. 55, basándose en los datos oficiales disponibles sobre www.incra.org.br sitio, está constituida de la siguiente manera: 90 % (noventa por ciento) = latifundismo, el 2,5% (dos punto cinco por cien-to) y 7 = Negocios Rurales 5 % (siete y medio por ciento) = minifundios.

En el reverso, en el Estado de Rondônia, en los que predominan las pequeñas explotaciones, el 90 % (noventa por ciento) de sus tierras están ocupadas por pequeños agricultores

Los informes de las comisiones parlamentarias de investigación (CPI EL SISTEMA TIERRA - 1979 ) y la ocupación ilegal de tierras públicas en Amazonia/2001- Archivo Cámara de Representantes tienen los siguientes comentarios y sugerencias, aplicará la ley de georreferen-ciación, en el supuesto de que transcurrido más de trece (13) años a partir de su promulgación, varios son los obstáculos de aquel tiempo, presentes hoy en día, la pre-vención de la georeferenciación ley tiene su efecto com-pleto.

Estas son algunas de las críticas y las sugerencias recogidas de las CPIs disponibles en el archivo del Con-greso Nacional: www.camaradosdeputados.gov.br sitio

1 - Acerca de títulos emitidos por Brasil y Bolivia hasta 1904 (Informe del Canuto Asís - Incra intérprete en Rondônia, p 12, CPI, p 79...

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2 - Amir Lando - El senador y ex ministro, p. 21. CPI- 79 actividades Fracasos Incra Amazon - la falta de calificaciones técnicas profesionales competentes para llevar a cabo la reforma agraria.

3 - Mato Grosso alberga más grande invasión de las tierras indígenas en Brasil - p. CPI- 28 79.

4 - Mato Grosso posesión en el doble de áreas titu-ladas – Se lo dijo el TCU, que terminó una auditoría que muestra numerosas irregularidades - Diario de Cuiabá- ' s 07-8 9-2006.

5 - Para el gobierno, las leyes dificultan la regulari-zación en la Amazonía. - O Estado de S. Paulo 15 de di-ciembre 2008.

6 - Britto quería la imagen de ' tierra de nadie ' de la Amazonía - OAB 26 de noviembre 2008.

7 - En Pará, así se loa dijo el ex ministro Passa-rinho: - p. 26 CPI- 79 "Incluso creo que la situación de la tierra en el sur de Pará es tal manera dura por anomalías jurídicas, mediante la superposición de títulos y otras irre-gularidades que no hay solución posible. "

8 - Presidente Medici, en ese momento, declaró que " el Amazonas, la tierra sin hombres, era la solución para los hombres sin tierra ", p. 26 - CPI- 79.

9 - En la exposición de motivos, 005, p.26- CPI- 79, Alysson Paulinelli, ex Ministro y Hugo de Abreu, ex Secretario General del Consejo de Seguridad Nacional - Gobierno Geisel - concluyó que la lógica extraída de la dificultad para obtener los títulos de propiedad, se puede resumir de la siguiente manera: " es mejor “grillar” la tie-

Compra y venta de propiedad rural:un enfoque a partir de la Amazonia

rra que perder el tiempo con procesos de compra regulares de las tierras del Estado [...]. "

10 – Caso típico en Maranhão - dijo el Senador de la República José Sarney - ex Presidente de República (p. 33-79 IPC) " compré las mejoras y los recintos que se en-cuentran allí, no compré la tenencia. "

3.8. Estudio de casos de compra y venta en la Amazo-nia de Brasil

Al contrario del resultado en las sentencias anterio-res que involucran el estado o privados, cuando el intere-sado son los indios, otra fue la comprensión de la Corte Suprema para invalidar títulos expedidos por más de un siglo.

Uno de estos juzgados, ya que las tierras están en la Amazonia, más precisamente en el Estado de Roraima, atrajo la atención de todo el mundo, convirtiéndose así en una de las pruebas más importantes a esa Corte. Este es el caso ya mencionado al principio de esta tesis, la demarca-ción de la reserva indígena de Raposa Serra do Sol, que viene de una demanda colectiva pendiente en el Tribunal Supremo que, bajo denuncia no. 2833 (detalles en www.STF.jus.br / archivo / cms / noticiastf / pet3388 anexo).

Tomando uno de los mismos argumentos, a saber, que la posesión del indio es originaria, que no debe con-fundirse con la posesión de " blanca " que físico ; probado que entre otros a través de los estudios antropológicos, la sentencia fue dictada por la propia Corte Suprema País (Acción Civel Originarios (ACO 312 -) FUNAI x Ananías Monteiro da Costa, juzgado en 02-05-2012 ) declarar la

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nulidad de todos los títulos de las propiedades cuyas par-celas respectivas se encuentran dentro del área de la reser-va india de Caramuru - Catarina - Paraguaçu.

En ambos el ministro Marco Aurelio fue derrotado, quien juzgaba por desestimar la demanda, argumentando que Brasil podría responder a la comunidad internacional a ignorar la Constitución, lo que invalida los actos jurídicos y perfectos.

El jurista brasileño, Sergio Bermudês en el prefacio de su obra Vencedor e Vencido (Ganador y Perdedor, en español) (2006, s/p.), establece que:

La prevalencia se siente como su voto no lleva el Ministro Marco Aurelio a buscar miembros de la Corte, los costos de sus convicciones, a pesar de que entiende que a veces hay que renunciar a una com-prensión personal y seguir a la mayoría, cuando no es a comprometerse con los fundamentos de su creencia sobre la ma-nera de realizar la función que se llama-ba. La diferencia no le asusta, ni Comba-le su determinación, incluso cuando la deje posición solitaria.

Otro ejemplo es el estudio de Cutrim JR. y VAR-GA (2013), presentado en el Conocimiento Reencuentro Territoriales Latinoamericanos, celebrado en Perú, 08-12 abril:

La selva amazónica brasileña es conside-rada como la última frontera natural del país. Sus potenciales naturales atraen la atención del capital privado y el Estado, que muestra un intenso proceso de explo-tación económica. En el deseo de Brasil

Compra y venta de propiedad rural:un enfoque a partir de la Amazonia

de ocupar esta región elaboró planes de desarrollo regional, que hizo posible la exploración del costo de la tala de bos-ques para la construcción de las empre-sas agroindustriales y proyectos de infra-estructura, que propagan la idea de abrir el gran espacio vacío demográfico. Pa-radójicamente, esta idea no se correspon-de con la realidad local y la exploración de la selva amazónica desencadenó una serie de conflictos ambientales con las comunidades tradicionales de la región, especialmente las comunidades indígenas. En Maranhão, el proceso de explotación de la Amazonía comienza con la ocupa-ción de los migrantes del nordeste que huyeron de la sequía, se quedaron en los valles fértiles de los ríos marañenses para el desarrollo de la agricultura y la gana-dería. Con esto, los indios que habitaban los cursos superiores de la Pindaré y Gu-rupi ubicada en la cuenca del Amazonas, se enfrentaron a los nuevos ocupantes, principalmente debido a la tala de bos-ques ( Cutrim JR ; VARGA, 2013, p.1).

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CONSIDERACIONES FINALES

A través de esta investigación queda claro que el sistema de la tierra brasileña sufre irregularidades desde el inicio y en la actualidad requiere un esfuerzo concentrado de todos los involucrados con el tema con el objeto de tener un mosaico regular de sus tierras, en términos ge-ográficos.

Toda la historia de la ocupación de Brasil, el de-sarrollo y la tenencia de la tierra y su regularización hacen de este tema algo tan importante, ya que es una cuestión que se desarrolla a partir de la época colonial y después de cinco siglos, todavía aportan las divergencias causadas por la presencia de un sistema jurídico pluralista, representado según el estado del derecho positivo, adorado por los feu-dos y / o las oligarquías agrarias, constituidas por las élites hegemónicas y por otro lado por actos jurídicos informales o incluso ilegítima, al ser ratificada por el gobierno, en su mayoría ignorados por una parte significativa del ciudada-no medio y numerosos sectores excluidos de la vida políti-ca y administrativa del país

De lo anterior, fue demostrado en este estudio que el prestigio de los latifundios ha sido siempre la prioridad de sus gobernantes, especialmente en la región amazónica, que sin la presencia de grandes empresas era imposible colonizar bajo acción del poder público.

La Amazonia, vale la pena mencionar, fue el re-corte elegido para esta tesis, teniendo en cuenta que esta es una región que presenta una enorme complejidad, tanto con respecto al bioma existente en él, ya que las relaciones jurídicas llevadas a cabo allí y necesidad reglamento pro-

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pia, con el objetivo de la transferencia de propiedad, bajo pena de ser ineficaces y así traer consecuencias tanto para la zona registral para deshidratar la cancelación del regis-tro, la cancelación de los títulos hipotecarios o hipoteca mobiliaria, así como el registrador oficial, que se puede culpar, la responsabilidad civil, penal y administrativo para el registro irregular que se hace por él.

Separar lo que es público, privado sigue siendo un reto importante en Brasil. Desde el año 2001, con la promulgación de la Ley Federal 10.267 con respecto a la propiedad privada, que en parte fue posible, ya que por sus decretos reglamentarios, se vieron obligados los dueños de propiedades rurales para efectuar varios procedimientos, incluyendo el registro de propiedad en la inscripción la certificación georeferenciación de su propiedad rural, a menos que no hay transferencia, desmembramiento y / o remembramiento.

A pesar de la ausencia de una política de gobierno a una mejor estructura o descentralizar INSTITUTO NA-CIONAL DE COLONIZACIÓN Y REFORMA AGRA-RIA (creado en 1970 por el Decreto n. 1110, de fecha 9 de julio, de acuerdo con el sitio web www.irib.org.br, con el objetivo de registrar y administrar las tierras públicas de la Unión y, especialmente, promover la reforma agraria en el país), como de hecho sugiere el jurista Edésio Fernandes y, más recientemente, Unger, ex Secretario de Asuntos estratégicos del último gobierno del país, es necesario mo-dernizarlo y / o la creación de una agencia ejecutiva para apoyar, coordinar y supervisar el trabajo del Estado y de los municipios en la regularización de tierras, en particular la región del Amazonas, por lo que a través de un proceso gradual de desjudicialização de los actos jurídicos, antes

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de que el privado Poder Judicial, opcionalmente emigró a los servicios notariales y de registro de los terrenos en los casos especiales en los que existe un consenso entre los contratistas más grandes y capaces.

Cierto es que, tras la discrepancia entre el área del archivo de objeto en el registro de la propiedad y de la propiedad y posesión ocupado de buena fe, que ya ha cumplido las condiciones de usucapión de la propiedad, con la pasividad de confrontar o autoridad pública que será notificada a responder dentro de un plazo legal, no tener en cuenta su omisión como un consentimiento tácito, el interesado puede hacer uso de una usucapión escritura pública declaratoria, redactado por un notario, se está ante un título justo que tendrá su consumación con su expe-diente académico antes la oficina de registro de la división inmobiliaria que pertenece a la propiedad usucapida.

El mismo procedimiento se lleva a cabo en rela-ción con al georreferenciamiento de propiedades rurales, momentáneamente obligatorias en los casos de enajena-ción, pérdida de miembros y / o remembramiento de esta propiedad con áreas superiores a 250 ha. Este procedi-miento tiene por objeto rectificar el área administrativa se describe de forma incompleta en el registro de la propie-dad, el procedimiento de competencia ante el Poder Judi-cial.

Sin embargo, se reconoce que más de 13 años después de la promulgación de la ley que hizo obligatorio en las situaciones mencionadas anteriormente, por las ra-zones ya expuestas, habiendo pasado su aplicabilidad si-gue siendo muy tímido, máxima que por desgracia, como ha reconocido el INCRA, responsable de su acreditación,

Compra y venta de propiedad rural:un enfoque a partir de la Amazonia

nadie en su base de datos confiable de archivos en las tie-rras del país, un hecho que no es nuevo, frente a tantas otras declaraciones de la indiferencia a los asuntos públi-cos, especialmente en relación con la educación, la seguri-dad de la salud de su gente.

Sin duda, adelanto tendrá el país, en términos de su regularización, al crear una agencia que tiene la primera asignación de un registro nacional de propiedad rural, a ser controlado por la Secretaría de Ingresos Federales de Bra-sil, junto con el propio INCRA de acuerdo con la regulari-zación Institutos estatales y Municipales Consejos Land, este último equipado con infraestructura para el ejercicio independiente de su actividad, mantenida por el sindicato.

No hace falta recordar, pero vivo en la memoria de todo lo que de acuerdo con la historia del país, el lati-fundismo prestigio ha sido siempre la prioridad de sus gobernantes, especialmente en la región amazónica, el argumento de que sin la presencia de grandes empresas era imposible colonizando sólo gobierno colonizarlo. Entre otros, no evadió, esto lo demuestra la conclusión alcanza-da por el jurista Alberto da Silva Jones en su Tesis Docto-ral, citado aquí.

Innovación y/o la finalización del procedimiento utilizado hasta ahora a través de la rectificación de la ins-cripción, a través de la georeferenciación es materializar la posesión privada y/o mismo de las tierras devueltas, al verificar el cumplimiento de su función social y la teoría de la obediencia de hecho, es la posesión suave e ininte-rrumpida por un período que la ley les permite adquirir por usucapión.

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Dicho esto, el presente trabajo de tesis propone específicamente que hay una desjudicialización. A través del Instituto de desjudicializada usucapión, si se considera que la persona en cuestión como ya se ha mencionado en las líneas involucradas, garantizar la seguridad de la pro-piedad de aquel que ha utilizado para la determinación de lapso temporal de conformidad con la legislación pertinen-te. Acordarán en la declaratoria escritura usucapión la con-frontación, la Unión y / o del Estado, la cual se notificará a manifestarse dentro de los 30 días siguientes a cualquier interés en la zona de pruebas, no tener en cuenta su con-sentimiento tácito. Es la obediencia a la teoría de los hechos, defendida y reforzada por un Magistrado negrita del Estado de Mato Grosso, en una cifra sin precedentes de decisiones en el anexo, donde se dirigen sus distintas parejas.

Se mantuvo insertado en la Ley de Registros Públicos, modificada por la Ley 10.267/2001, lo que hizo obligatoria la georeferenciación de las propiedades rurales, así como, opcionalmente, el registro Torrens citado, intro-dujo en Brasil en 1890, a través del Decreto N 451- B, vigorizado por el artículo 277 y siguientes de la Ley 6.015/73 (Ley de Registros Públicos) que el registro inver-so requiere registro general, garantizando la presunción absoluta de la propiedad, y se puede por lo tanto afirmar que para él, si se aplica en Brasil, junto con que obliga a la georeferenciación de todas las propiedades rurales, que podría ser la mejor alternativa para regularizar las irregula-ridades de las tierras brasileñas.

Sin embargo, debido a varios factores que com-prometen su eficacia, incluyendo su alto coste, la duración del procedimiento, que requiere dos fases : un tiro tribunal

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administrativo con otro, hace que no se utiliza, se propone que la línea desjudicialização de tantos otros actos que la liquidación de la compra y venta de tierras rurales en la Amazonia brasileña, ya sea él o que consiste en tierras privadas y públicas, que entrará en vigor, en caso dado, por escritura pública de carácter meramente declarativo, con el fin de declarar la adquisición de un derecho real usucapión cambiando en consecuencia por la vía legal la legislatura, por lo que sólo los artículos 941 a 945 del Código de Procedimiento Civil, que tan abajo que este procedimiento otorga a los tribunales, porque aunque alte-rada por bastimentos editados por sus Corregidores de Justicia, como se ve alias boceto - Anexo -patrocinado por el Colegio de Registradores de Mato Grosso, en teoría sería declarada inconstitucional.

Es decir, sin pretender agotar el tema aquí de gran importancia, pero en vista de la importante información proporcionada en esta investigación, se propone que se produzcan los cambios legislativos con el objetivo de des-judicializar el instituto de la usucapión, proporcionando a la persona, en los casos en que no hay ninguna duda y que la tierra sea procesada ante un notario que hará su escritu-ra de usucapión, con el consentimiento de todos los con-frontantes, materializando así el título de que se encuentra en la zona de soporte que cambió en su propiedad pacífi-camente, por el mismo plazo que figura en la legislación pertinente y haciendo de este documento título para su entrada en el Registro de la Propiedad de Servicio corres-pondiente, legitimando así la propiedad en nombre de al-guien que pacíficamente ocupa la propiedad, un procedi-miento que ha de aplicarse tanto para las tierras privadas, sino también en relación a la tierra vacante o devuelta,

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pues es un bien que pertenece a la Unión, el estado o el municipio, distinto de un bien que sea público,de uso común del pueblo.

Materializar la compra y la venta de la propiedad a través de obras y/o valores originarios de la Unión/estado/condado sobre la posesión privada o mismo los terrenos baldíos/tierras devueltas, no discriminadas, de forma suave y sin interrupciones por un período que la ley permite, es la mejor manera de promover la tenencia de la tierra, reafirmando ellos cuando no retratar la verdad, lo hace a través de usucapión voluntaria, extrajudicial, con-dicionada al cumplimiento de la función social de la tierra.

Este procedimiento también se basa en la teoría de hecho jurídico perfecto y consumado. Así que es justo que, con el consentimiento de los confrontantes y median-te extensión de la notificación de la Unión y / o estatal por un período de 30 días a partir de cualquier interés en el área de pruebas, bajo pena de tener en cuenta su consenti-miento tácito, sea registrada la escritura pública por un notario y el consiguiente registro en por el escribano de la situación de la propiedad, haciendo de esta una buena forma de adquisición de la propiedad por usucapión extra-judicial voluntaria..

Se espera que, una vez cambiada en Ley la pro-puesta presentada en líneas involucradas, de manera signi-ficativa puedan no solamente los investigadores el estudio de este tema mejorarla o académicos de una manera gene-ral, también puedan presentar, en otra vez, de alguna ma-nera, las nuevas ideas a los ojos de quien corresponda, señalando otras soluciones con el fin de evitar la continua-ción de los errores de los modelos de asignación de tierras

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en el país, que siempre ha favorecido, en la mayoría de los casos, los latifundios improductivos, el " fuera de la ley " y/o uno que siempre ha utilizado la ley del más fuerte.

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______. Decreto-lei n. 1.164, de 1o de abril de 1971. De-clara indispensáveis à segurança e ao desenvolvi-mento nacionais terras devolutas situadas na faixa de cem quilômetros de largura em cada lado do ei-xo das rodovias na Amazônia Legal, e dá outras providências. Brasília: 1971.

______. Decreto-lei n. 1.179, de 6 de julho de 1971. Insti-tui o Programa de Redistribuição de Terras e Estí-mulos à Agroindústria do Norte e do Nordeste – PROTERRA, altera a legislação do imposto de renda relativa a incentivos fiscais, e dá outras pro-vidências. Brasília: 1971.

______. Decreto-lei n. 71.615, de 22 de dezembro de 1972. Regulamenta o Decreto-lei n. 1.164, de 1o de abril de 1971, alterado pelo Decreto-lei n. 1.243, de

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30 de outubro de 1972, e fixa as normas para a im-plantação de projetos de colonização, concessão de terras e estabelecimento ou exploração de indús-trias de interesse da segurança nacional, nas terras devolutas localizadas ao longo de rodovias, na Amazônia Legal. Brasília: 1972.

______. Emenda constitucional n. 1, de 17 de outubro de 1969. Deu nova redação à Constituição da Repú-blica Federativa do Brasil, de 24 de janeiro de 1967. - Arts. 4o, 5o, 89, 153, 160, 171, 172 e 198. Brasília: 1964.

______. Emenda constitucional n. 10, de 9 de novembro de 1964. Brasília: 1964.

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183

APÊNDICES APÊNDICE A – MATRÍCULA 5 - PRIMEIRA A-

VERBAÇÃO DO BRASIL REFERENTE À CERTI-

FICAÇÃO DE GEORREFERENCIAMENTO DE

IMÓVEL RURAL 23 de março de 2004

1

Um lote de terras rurais com a área de 6.396,4001 ha (seis mil trezentos e noventa e seis hectares, quarenta ares e um centiares), denominado “FAZENDA AÇOITA CAVA-LO”, situado no Município de Brasnorte, desta comarca, Estado do Mato Grosso, dentro das seguintes medidas e confrontações: “Partindo do marco M-1; cravado junto à margem de uma Rodovia Estadual com acesso a Campo Novo dos Parecis e na divisa de terras de Tomaz Andr-zejwski e terras de Hans Loosli, segue com o azimute ver-dadeiro de 245º03'27", com à distância de 1.812,77 me-tros, até encontrar o marco M-2; deste ponto segue com azimute verdadeiro de 225º45'49", com a distância de 1.050,35 metros, até encontrar o marco M-3; deste ponto segue com o azimute verdadeiro de 225º05'22", com a distância de 1.087,45 metros, até encontrar o marco M-4; deste ponto segue com azimute verdadeiro de 224º45'46" com a distância de 510,29 metros, até encontrar o marco M-5; deste ponto segue com azimute verdadeiro de 265º54'49", com a distância de 171,67 metros, até encon-trar o marco M-6; deste segue com o azimute verdadeiro de 282º56'43”, com a distância de 807,91 metros até en-

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contrar o marco M-7; deste ponto segue com o azimute verdadeiro de 242°31'00", com a distância de 2.518,76 metros, até encontrar o marco M-8; deste ponto segue com azimute verdadeiro de 196°48'43", com a distância de 610,84 metros, até encontrar o marco M-9; deste ponto segue com o azimute verdadeiro de 196°48'45", com a distância de 176,63 metros, até encontrar o marco M-10, do marco M-1 ao marco M-10, divisando com a referida estrada estadual e terras de Hans Loosli; deste ponto segue com azimute verdadeiro de 99°41'29", com a distância de 652,63 metros, até encontrar o marco M-11; deste ponto segue com o azimute verdadeiro de 100°15'08”, com a distância de 2.684,14 metros, até encontrar o marco M-12; deste ponto segue com azimute verdadeiro de 101°00'12”, com a distância de 797,66 metros, até encontrar o marco M-13; deste ponto segue com o azimute verdadeiro de 101°00'13", com a distância de 307,35 metros, até encon-trar o marco M-14; deste ponto segue com o azimute ver-dadeiro de 101°02'54", com a distância de 837,37 metros, até encontrar o marco M-15; deste ponto segue com o a-zimute verdadeiro de 101°21'16", com a distância de 2.777,30 metros, até encontrar o marco M-16; deste ponto segue com azimute verdadeiro de 100°55'15", com a dis-tância de 6.207,98 metros, até encontrar o marco M-17; cravado junto à margem esquerda do Rio do Sangue, do marco M-10 ao marco M-17, divisando com terras de Ci-rano Zodia: deste ponto segue com diversos azimutes ver-dadeiros e diversas distâncias, com uma resultante com azimute verdadeiro de 54°54'14", com a distância de 4.513,27 metros até encontrar o marco M-80, também cravado junto à margem esquerda do Rio do Sangue no sentido jusante, do marco M-17 ao marco M-80, tendo

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como limite natural a margem esquerda do Rio do Sangue; deste ponto segue com azimute verdadeiro de 292°12'09", com a distância de 7.347,51 metros, divisando com terras de Tomas Andrzejewski, até encontrar o marco M-81; deste ponto segue com azimute verdadeiro de 293°05'20", com a distância de 4.297,24 metros, divisando com terras de Tomas Andrzejewski, até encontrar o marco M-1, pon-to de partida da presente descrição. Limites e Confronta-ções: NORTE: Tomaz Andrzejewski. SUL: Cirano Zodia. ESTE: Rio do Sangue - margem esquerda. OESTE: Hans Loosli. (a) Ernani Barden - Engenheiro Agrônomo - CREA n° 2187/D/MT e ART n° 152974, de 30.09.93”. Cadastrada no INCRA sob o n° 000.035.332.828-0. Área total de 6.396,4 ha; módulo fiscal 100,0; módulo rural 41,3 ha; n° de módulos rurais 157,00; fração mínima de parcelamento 4,0 ha; conforme consta do CCRI 2000/2001/2002 n° 04271406022,que me foi exibido, acompanhado dos cincos últimos ITRs, devidamente qui-tados. PROPRIETARIOS: RENATO MEDEIROS FREITAS, CIRG n° 7.690. 541-SSP/SP e CPF n° 040.358.048-00, casado com ROSANA PEZUTI ALBA FREITAS, CIRG n° 9.557.239-SSP/SP e CPF n° 054.147.458-89, sob o regime de comunhão parcial de bens, na vigência da Lei n° 6.515/77, brasileiros, adminis-tradores de empresa, residentes e domiciliados na Rua Marie NadeI Caltaf, n° 221, apt° 42, Morumbi, em São Paulo-SP e MARCOS NEVES PENTEADO MORAES, CIRG n° 8.781.703.2-SSP/SP e CPF n° 053.465.138-09, casado com ROGELIA PEZUTI ALBA PENTEADO MORAES, CIRG n° 10.682.393-SSP/SP e CPF n° 053.465.158-52, sob o regime de comunhão parcial de bens, na vigência da Lei n° 6.515/77, brasileiros, enge-

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nheiros civis, residentes e domiciliados na Rua Barão do Rio Pardo, n° 62, Morumbi, em São Paulo-SP. REGIS-TRO ANTERIOR: R.3; R.10; Av.4; Av.5-M-28.104, lv 2-CT, fl 103; lv 2-EI, fl 160; lv 2-EZ, fl 145, 1º Oficio de Diamantino – MT. Eu,José de Arimatéia Barbosa, oficial.

AV-1-5/ 23/ março /2004/: (RESERVA LEGAL) IN-TEIRO TEOR – comarca de origem: “Av.2/28.104, em 22 de outubro de 1.993. Procede-se a esta averbação para constar que o imóvel da presente matricula, encontra-se averbado em Termo de Responsabilidade e Preservação da Floresta com o IBAMA, em 30.03.92, comprometendo a preservar 20% da área de 9.580,9247 has, conforme consta na Av.2/27.145 datada de 05.05.92. A oficial.”. Eu, José de Arimatéia Barbosa, oficial. AV-2-5/ 23/ março /2004/: (HIPOTECA) INTEIRO TEOR – comarca de origem: “R.6/28.104, em 25 de Abril de 2002. Ônus: Hipoteca de 1° Grau. Devedores / Anuentes Hipotecários: Renato Medeiros Freitas e sua esposa Rosana Pezuti Alba Freitas, brasileiros, casados, ele pecuarista, ela do lar, inscritos no CPF n° 040.358.048-00 e 054.147.458-89, residentes e domiciliados em São Paulo (SP). Anuentes Hipotecários: Marcos Neves Pen-teado Moraes e sua esposa Rogelia Pezuti Alba Penteado, brasileiros, casados, ele agricultor, ela do lar, inscritos no CPF n° 053.465.138-09 e 053.465.158-22, residentes e domiciliados em Araraquara (SP). Credor: Banco do Bra-sil S/A, Agência de Campo Novo do Parecis (MT). Forma do Título: Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n° 21/97298-2, de 19/04/2002, que fica arquivada neste Ser-viço Registral. Valor: R$ 193.600,00. Vencimento: 01/04/2008. Forma de Pagamento: Em (4) prestações,

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anuais e sucessivas, correspondentes a parcela de principal no valor de R$ 48.400,00, vencendo a 1° em 01/04/2005 e a última em 01/04/2008. Juros: 8,750% ao ano. Condi-ções: ITRs 97 à 2001, devidamente quitados, onde consta o código do Imóvel na Receita Federal n° 4.242.773-8. Os Devedores/Anuentes Hipotecários declaram sob as penas da Lei que não são responsáveis diretos pelo recolhimento de contribuições à Previdência Social Rural, não estando inclusos nas exigências da Lei n° 8.212/91 e posteriores alterações, para a apresentação da Certidão Negativa de Débitos com o INSS. Estando a cédula registrada sob n° 45.272 no Livro n° 3-AAAAH Auxiliar. A Oficial.”. Eu, José de Arimatéia Barbosa, oficial. AV-3-5/ 23/ março /2004/: (HIPOTECA) INTEIRO TEOR – comarca de origem: “R.09/28.104 - em 22 de janeiro de 2004. Nos Termos da Cédula Pignoratícia e Hipotecária n° 21/97513-2, protocolada em 14.01.2004 sob n° 159.917 às fls. 102, que fica arquivada neste Servi-ço Registral, o Sr. Marcos Neves Penteado Moraes e sua esposa Rogélia Pezuti Alba Penteado, já qualificados, na qualidade de anuentes hipotecários e o Sr. Renato Me-deiros Freitas e sua esposa Rosana Pezuti Alba Freitas, já qualificados, na qualidade de devedores, dão Em Hipote-ca de 2° Grau o imóvel objeto da matrícula ao credor Banco do Brasil S/A, inserido no CNPJ n° 00.000.000/3784-29, agência de Campo Novo do Parecis (MT). Por intermédio desta cédula, o valor de R$ 113.600,00, cuja operação vigorará até seu vencimento em 15.09.2008. Sobre as importâncias fornecidas ao devedo-res, incidirão juros à taxa de 12,750% ao ano. ITRS de 1999 a 2003, devidamente pagos, onde consta código do imóvel na Receita Federal n° 4.242.773-8 e Certidões Ne-

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gativas de Débitos nos 51.0-2049 e 51.0-2048, emitidas em 19.01.2004, pelo IBAMA/Cuiabá (MT). Os devedores e os anuentes declaram sob as penas da Lei que não são responsáveis diretos pelo recolhimento de contribuições à Previdência Social Rural, não estando inclusos nas exi-gências da Lei n° 8.212/91 e posteriores alterações, para a apresentação da Certidão Negativa de Débito com o INSS. Estando a cédula registrada sob n° 55.131 no Livro n° 3-BM Auxiliar.”. Eu, José de Arimatéia Barbosa, oficial.

AV-4-5/ 23/ março /2004/: (HIPOTECA) INTEIRO TEOR – comarca de origem: ”R-10/28.104 - Em 22 de janeiro de 2004. Nos Termos da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n° 21/97552-3, emitida em 06.11.2003, pro-tocolada em 14.01.2004 sob n° 159.918 às fls. 102, que fica arquivada neste Serviço Registral, o Sr. Marcos Neves Penteado Moraes e sua esposa Rogélia Pezuti Alba Pente-ado, já qualificados, na qualidade de anuentes hipotecá-rios e o Sr. Renato Medeiros Freitas e sua esposa Rosana Pezuti Alba Freitas, já qualificados, na qualidade de deve-dores, dão Em Hipoteca de 3° Grau o imóvel objeto da matrícula ao credor Banco do Brasil S/A, inscrito no CNPJ n° 00.000.000/3784-29, agência de Campo Novo do parecis (MT). Por intermédio desta cédula, o valor de R$ 45.000,00, cuja operação vigorará até seu vencimento em 10.10.2004. ITRS de 1999 a 2003, devidamente pagos, onde consta código do imóvel na Receita Federal n° 4.242.773-8 e Certidões Negativas de Débitos nos 51.0-2049 e 51.0-2048, emitidas em 19.01.2004, pelo IBA-MA/Cuiabá (MT). Os devedores e os anuentes declaram sob as penas da Lei que não são responsáveis diretos pelo recolhimento de contribuições à Previdência Social Rural,

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não estando inclusos nas exigências da Lei n° 8.212/91 e posteriores alterações,para apresentação da Certidão Débi-to com o Certidão Negativa INSS. Estando a cédula regis-trada sob n° 55.132 no Livro n° 3-BM Auxiliar.”. Eu, José de Arimatéia Barbosa, oficial. AV-5-5/ 23/ março /2004/: ABERTURA DE MATRÍ-CULA. Procede-se a esta averbação para constar que o imóvel acima foi matriculado neste cartório, a requerimen-to do proprietário, o qual fica aqui arquivado. PROTO-COLO: N° 4, lv 1, do título apontado. Emolumentos: 35,27. Dou fé. Eu, José de Arimatéia Barbosa, oficial. AV.6-5 - Protoc. 217- Liv. 1-A - 20/ maio / 2004: Nos termos do parágrafo 5º, artigo 9, do Decreto nº 4.449, de 30 de Outubro de 2.002, procede-se a esta averbação, a requerimento do interessado, e anuência dos confrontan-tes formalizada em 21/01/2004 e respectivamente 15/03/2004, para constar a descrição do imóvel, objeto desta matrícula, caracterizada em dois memoriais, identifi-cados nos termos do art. 176, § 3º da lei 6.015/73, da se-guinte forma: Área: 3.522,7721 ha; Perímetro: 26.455,67 m. Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice AAU-M-0001 de coordenadas N (Y) 8.554.337,581 m E (X) 442.291,576 m, representadas no sistema UTM, referenci-adas ao Meridiano Central 57°00' Wgr., tendo como da-tum SAD-69, situado no limite da faixa de domínio da Estrada Municipal que liga Campo Novo dos Parecis à Nova Maringá e terras da Fazenda Gericoaçoara, código INCRA: 950.017.277.290-6 de propriedade de Leonir Romano Baggio; deste

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segue confrontando com terras de Leonir Romano Baggio, com os seguintes azimutes e distâncias; 112°24'11" e 4.235,87 m, até o vértice AAU-M-0002 de coordenada N (Y) 8.552.723,208 m e E (X) 446.207,750 m, situado no limite de terras da Fazenda Gericoaçoara, código INCRA: 950.017.277.290-6 de propriedade de Leonir Romano Baggio e da Fazenda Shambala, código do INCRA anteri-or: 000.035.332.828-0 de propriedade de Marcos Neves Penteado Moraes; deste, segue confrontando com terras de Marcos Neves Penteado Moraes, com azimute de 213°01’41” e distância de 5.130,20 m, até o vértice AAU-M-0007 de coordenada N (Y) 8.548.422,035 m e E (X) 443.411,526 m, situado no limite de terras da Fazenda Shambala, código do INCRA anterior: 000.035.332.828-0 de propriedade de Marcos Neves Penteado Moraes e da Fazenda Tamanduá, de propriedade de Antônio Simão Perazolo; deste, segue confrontando com terras de Antônio Simão Perazolo, com os seguintes azimutes e distâncias: 281°08'00" e 3.457,00 m, até o vértice AAU-M-0008 de coordenada N (Y) 8.549.089,559 m e E (X) 440.019,586 m; 280°15'53" e 4.817,07 m, até o vértice AAU-M-0009 de coordenada N (Y) 8.549.947,944 m e E (X) 435.279,614 m, situado no limite da faixa de domínio da Estrada Municipal que liga Campo Novo dos Parecis à Nova Maringá e terras da Fazenda Tamanduá, de proprie-dade de Antônio Simão Perazolo; deste, segue confrontan-do com a faixa de domínio da Estrada Municipal, no sen-tido de Campo Novo dos Parecis à Nova Maringá, com os seguintes azimutes e distâncias; 17°27'13" e 830,20 m, até o vértice AAU-P-0047 de coordenada N (Y) 8.550.739,921 m e E (X) 435.528,619 m; 39°21'39" e 84,68 m, até o vértice AAU-P-0048 de coordenada N (Y)

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8.550.805,395 m e E (X) 435.582,325 m; 62°57'41" e 2.417,00 m, até o vértice AAU-P-0049 de coordenada N (Y) 8.551.904,140 m e E (X) 437.735,143 m; 77°34'17" e 143,78 m, até o vértice AAU-P-0050 de coordenada N (Y) 8.551.935,085 m e E (X) 437.875,556 m; 103°01'30" e 814,95 m, até o vértice AAU-P-0051 de coordenada N (Y) 8.551.751,415 m e E (X) 438.669,534 m; 82°19'23" e 99,86 m, até o vértice AAU-P-0052 de coordenada N (Y) 8.551.764,755 m e E (X) 438.768,497 m; 45°43'41" e 2.576,25 m, até o vértice AAU-P-0053 de coordenada N (Y) 8.553.563,141 m e E (X) 440.613,180 m; 59°47'13" e 77,04 m, até o vértice AAU-P-0054 de coordenada N (Y) 8.553.601,910 m e E (X) 440.679,757 m; 65°28'01" e 1.771,77 m, ponto inicial da descrição deste perímetro. Área: 3.025,0339 ha; Perímetro: 24.837,54 m. Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice AAU-M-0002 de coordenada N (Y) 8.552.723,208 m e E (X) 446.207,750 m, representadas no sistema UTM, referenciadas ao Meri-diano Central 57°00' Wgr., tendo como datum SAD-69, situado no limite de terras da Fazenda Açoita Cavalo, Có-digo INCRA: 000.035.332.828-0, de propriedade de Rena-to Medeiros Freitas e da Fazenda Gericoaçoara, código INCRA: 950.017.277.290-6; de propriedade de Leonir Romano Baggio deste, segue confrontando com terras de Leonir Romano Baggio, com os seguintes azimutes e dis-tâncias: 112°04'57" e 3.375,49 m, até o vértice AAU-M-0003 de coordenada N (Y) 8.551.454,230 m e E (X) 449.335,625 m; 113°01'33" e 4.043,90 m, até o vértice AAU-M-0004 de coordenada N (Y) 8.549.872,473 m e E (X) 453.057,341 m, situado no limite de terras da Fazenda Gericoaçoara, código do INCRA: 950.017.277.290-6; de propriedade de Leonir Romano Baggio e margem esquer-

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da do Rio do Sangue; deste, segue confrontando com a margem esquerda do Rio do Sangue a montante, com os seguintes azimutes e distâncias: 138°56'36" e 84,76 m, até o vértice AAU-P-0001 de coordenada N (Y) 8.549.808,562 m e E (X) 453.113,009 m; 108°37'17" e 96,21 m, até o vértice AAU-P-0002 de coordenada N (Y) 8.549.777,840 m e E (X) 453.204,185 m; 86°45'38" e 125,38 m, até o vértice AAU-P-0003 de coordenada N (Y) 8.549.784,925 m e E (X) 453.329,367 m; 170°09'00" e 21,40 m, até o vértice AAU-P-0004 de coordenada N (Y) 8.549.763,840 m e E (X) 453.333,028 m; 235°59'42" e 191,93 m, até o vértice AAU-P-0005 de coordenada N (Y) 8.549.656,501 m e E (X) 453.173,921 m; 238°52'56" e 191,78 m, até o vértice AAU-P-0006 de coordenada N (Y) 8.549.557,388 m e E (X) 453.009,734 m; 249°53'38" e 119,61 m, até o vértice AAU-P-0007 de coordenada N (Y) 8.549.516,272 m e E (X) 452.897,417 m; 260°02'08" e 217,67 m, até o vértice AAU-P-0008 de coordenada N (Y) 8.549.478,607 m e E (X) 452.683,030 m; 221°44'14" e 130,40 m, até o vértice AAU-P-0009 de coordenada N (Y) 8.549.381,304 m e E (X) 452.596,223 m; 185°13'02" e 221,02 m, até o vértice AAU-P-0010 de coordenada N (Y) 8.549.161,201 m e E (X) 452.576,125 m; 251°22'04" e 207,07 m, até o vértice AAU-P-0011 de coordenada N (Y) 8.549.095,044 m e E (X) 452.379,909 m; 274°17'15" e 68,75 m, até o vértice AAU-P-0012 de coordenada N (Y) 8.549.100,184 m e E (X) 452.311,347 m; 239°40'30" e 146,10 m, até o vértice AAU-P-0013 de coordenada N (Y) 8.549.026,415 m e E (X) 452.185,233 m; 246°45'10" e 65,45 m, até o vértice AAU-P-0014 de coordenada N (Y) 8.549.000,581 m e E (X) 452.125,095 m; 220°00'34" e 100,40 m, até o vértice AAU-P-0015 de coordenada N

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(Y) 8.548.923,679 m e E(X) 452.060,545 m; 246°47'05" e 246,39 m, até o vértice AAU-P-0016 de coordenada N (Y) 8.548.826,555 m e E (X) 451.834,105 m; 216°46'39" e 122,90 m, até o vértice AAU-P-0017 de coordenada N (Y) 8.548.728,119 m e E (X) 451.760,526 m; 199°16'03" e 62,36 m, até o vértice AAU-P-0018 de coordenada N (Y) 8.548.669,248 m e E (X) 451.739,947 m; 178°40'29" e 139,34 m, até o vértice AAU-P-0019 de coordenada N (Y) 8.548.529,945 m e E (X) 451.743,170 m; 133°35'52" e 156,80 m, até o vértice AAU-P-0020 de coordenada N (Y) 8.548.421,814 m e E (X) 451.856,728 m; 178°10'55" e 64,72 m, até o vértice AAU-P-0021 de coordenada N (Y) 8.548.357,131 m e E (X) 451.858,781 m; 233°35'28" e 134,69 m, até o vértice AAU-P-0022 de coordenada N (Y) 8.548.277,186 m e E (X) 451.750,382 m; 255°14'23" e 242,44 m, até o vértice AAU-P-0023 de coordenada N (Y) 8.548.215,420 m e E (X) 451.515,947 m; 220°58'18" e 149,84 m, até o vértice AAU-P-0024 de coordenada N (Y) 8.548.102,287 m e E (X) 451.417,700 m; 184°28'02" e 127,98 m, até o vértice AAU-P-0025 de coordenada N (Y) 8.547.974,695 m e E (X) 451.407,732 m; 196°08'41" e 79,73 m, até o vértice AAU-P-0026 de coordenada N (Y) 8.547.898,109 m e E (X) 451.385,562 m; 224°00'49" e 85,56 m, até o vértice AAU-P-0027 de coordenada N (Y) 8.547.836,578 m e E (X) 451.326,114 m; 245°29'50" e 173,58 m, até o vértice AAU-P-0028 de coordenada N (Y) 8.547.764,587 m e E (X) 451.168,164 m; 213°23'18" e 84,11 m, até o vértice AAU-P-0029 de coordenada N (Y) 8.547.694,355 m e E (X) 451.121,875 m; 225°58'33" e 168,47 m, até o vértice AAU-P-0030 de coordenada N (Y) 8.547.577,273 m e E (X) 451.000,735 m; 265°42'38" e 81,57 m, até o vértice AAU-P-0031 de

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coordenada N (Y) 8.547.571,172 m e E (X) 450.919,396 m; 307°48'23" e 141,19 m, até o vértice AAU-P-0032 de coordenada N (Y) 8.547.657,720 m e E (X) 450.807,845 m; 257°43'25" e 138,19 m, até o vértice AAU-P-0033 de coordenada N (Y) 8.547.628,336 m e E (X) 450.672,811 m; 219°17'25" e 49,92 m, até o vértice AAU-P-0034 de coordenada N (Y) 8.547.589,699 m e E (X) 450.641,198 m; 234°01'39" e 153,74 m, até o vértice AAU-P-0035 de coordenada N (Y) 8.547.499,394 m e E (X) 450.516,778 m; 252°04'35" e 271,59 m, até o vértice AAU_P.0036 de coordenada N (Y) 8.547.415,812 m e E (X) 450.258,369 m; 227°57'54" e 124,95 m, até o vértice AAU-P-0037 de coordenada N (Y) 8.547.332,147 m e E (X) 450.165,564 m; 275°49'01" e 74,78 m, até o vértice AAU-P-0038 de coordenada N (Y) 8.547.339,726 m e E (X) 450.091,169 m; 332°14'52" e 68,68 m, até o vértice AAU-P-0039 de coordenada N (Y) 8.547.400,508 m e E (X) 450.059,187 m; 355°27'08" e 88,09 m, até o vértice AAU-P-0040 de coordenada N (Y) 8.547.488,324 m e E (X) 450.052,202 m; 321°15'42" e 88,62 m, até o vértice AAU-P-0041 de coordenada N (Y) 8.547.557,447 m e E (X) 449.996,748 m; 274°27'01" e 99,87 m, até o vértice AAU-P-0042 de coordenada N (Y) 8.547.565,196 m e E (X) 449.897,180 m; 251°42'43" e 240,77 m, até o vértice AAU-P-0043 de coordenada N (Y) 8.547.489,644 m e E (X) 449.668,572 m; 248°10'17" e 80,62 m, até o vértice AAU-P-0044 de coordenada N (Y) 8.547.459,668 m e E (X) 449.593,735 m; 239°52'33" e 117,25 m, até o vértice AAU-P-0045 de coordenada N (Y) 8.547.400,821 m e E (X) 449.492,317 m; 185°16'43" e 82,09 m, até o vértice AAU-P-0046 de coordenada N (Y) 8.547.319,080 m e E (X) 449.484,765 m; 171°36'53" e 139,86 m, até o vértice AAU-M-0005 de

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coordenada N (Y) 8.547.180,712 m e E (X) 449.505,161 m, situado no limite da margem esquerda do Rio do San-gue e terras da Fazenda Tamanduá, de propriedade de An-tônio Simão Perazolo; deste, segue confrontando com ter-ras de Antônio Simão Perazolo, com os seguintes azimutes e distâncias; 282°10'39" e 3.472,36 m, até o vértice A-AU-M-0006 de coordenada N (Y) 8.547.913,180 m e E (X) 446.110,932 m; 280°40'31" e 2.746,95 m, até o vérti-ce AAU-M-0007 de coordenada N (Y) 8.548.422,035 m e E (X) 443.411,526 m, situado no limite de terras da Fa-zenda Tamanduá de propriedade de Antônio Simão Pera-zolo e da Fazenda Açoita Cavalo, código do INCRA: 000.035.332.828-0, de propriedade de Renato Medeiros Freitas; deste, segue confrontando com terras de Renato Medeiros Freitas, com azimute de 33°01’41” e distância de 5.130,20 m, até o vértice AAU-M-0002, ponto inicial da descrição deste perímetro. MINISTÉRIO DO DESEN-VOLVIMENTO AGRÁRIO CERTIFICAÇÕES n°s 03-34/2004 e 04-15/2004. Certificamos que a poligonal destes memoriais / plantas não se sobrepõe, nesta data, a nenhu-ma outra poligonal constante de nosso cadastro georrefe-renciado e que a sua execução foi efetuada em atendimen-to às especificações técnicas estabelecidas na Norma Téc-nica para Georreferenciamento de Imóveis Rurais aprova-da pelo INCRA através da Portaria INCRA/N° 1.101/03. Cuiabá, 08 de Dezembro de 2.003. Responsável Técnico: (a) Rowilson de Oliveira Dias – CREA – 4.672 / MT. Lo-cal, Cbá, 27 de abril de 2004. (a) Genuíno Magalhães So-riano - Engº Agrim. CREA Nº. 28330/D - Visto-MT 5321 - OS-SR-13/G/Nº. 206/04. Ficam arquivados os documen-tos referenciados. (Emol.: R$ 10.07 – Lei 7.550/2001). Dou fé. O oficial

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AV.7-5. Protoc. 217- Liv. 1-A - 20/ maio / 2004: Através da ESCRITURA PÚBLICA DE DIVISÃO AMIGÁVEL E PERMUTA lavrada em 18/maio/2004, Lv. 3.566, fls 013, no Cartório do 22° Tabelião de Notas de São Paulo - SP, RENATO MEDEIROS FREITAS e s/m ROSANA PEZUTI ALBA FREITAS e MARCOS NEVES PEN-TEADO MORAES e s/m ROGELIA PEZUTI ALBA PENTEADO MORAES, (todos qualificados), extingui-ram de comum acordo, o condomínio entre eles existen-te, relacionado ao imóvel, objeto desta matrícula, para que cada um ficasse com a sua parte de forma certa e determi-nada. Por força da mencionada escritura coube ao primei-ro, (Renato e s/m) 3.552,7721 ha (três mil e quinhentos e cinqüenta e dois hectares, setenta e sete ares e vinte e um centiares) no imóvel denominado Fazenda Açoita Cavalo, e ao segundo, (Marcos e s/m) 3.025,0339 ha (três mil e vinte e cinco hectares, três ares e trinta e nove centiares) no imóvel ora denominado Fazenda Shambala, ambos localizados no município de Brasnorte-MT, desta comar-ca, estimados em R$ 1.600.000,00 (hum milhão e seiscen-tos mil reais), correspondendo a R$ 800.000,00 (oitocen-tos mil reais), cada parte que se encontra descrita e carac-terizadas nas respectivas matrículas 133 e 134, abertas neste ato, em razão desta divisão amigável (desmembra-mento efetivado de acordo com o § 3º do art. 176, lei 6.015/73), efetivada com anuência do BANCO DO BRA-SIL S/A, sob a condição de que na área medindo 3.552,7721 ha, de propriedade de Renato Medeiros Freitas e s/m, mantenha-se os gravames já existentes na primitiva matrícula, nela descritas como sendo AVs. 02; 03 e 04. ENCERRA-SE, em conseqüência a presente matrícula. (Emol.: R$ 1.893,33 – Lei 7.550/2001). Dou fé. O oficial.

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II – MATRÍCULA Nº 3.617 REFERENTE IMÓVEL QUE INCIDE 100% EM RESERVA INDÍGENA 23 de maio de 2006 1 IMÓVEL: Um lote de terras com a área de 749 ha. (sete-centos e quarenta e nove hectares), denominado “São Jorge”, situado neste município e comarca de Campo No-vo do Parecis-MT, dentro dos seguintes limites e confron-tações: “O 1º MP está situado na margem do Rio Sacre, limitando com terras de Maria Gomes. O 2º MP está situa-do a 1.202 mts do 1º MP ao rumo de 41º09’NE, situado na margem do Rio Sacre e limitando com terras de João Mar-colino Santos. O 3º MP está situado a 6.160 mts do 2º MP ao rumo de 45º00’NW, limitando com João Marcolino dos Santos e com terras de João R. Calezon. O 4º MP está si-tuado a 1.200 mts do 3º ao rumo de 45º00’SW, limitando com terras de João R. Calezon e com terras de Maria Go-mes distante 6.240 mts do 1º MP ao rumo magnético de 45º00’SE, como tudo consta do memorial e planta que ficam arquivados no Departamento de Terras e Coloniza-ção”. PROPRIETÁRIO: Milton de Campos Fernandes, brasi-leiro, casado.

REGISTRO ANTERIOR: R.1/M-21.779, Liv. 2-RG, 1° Ofício de Diamantino-MT. Dou fé. O oficial. AV.1-3.617. Protoc. 6511 - Liv. 1-C - 23/ maio /2006: ABERTURA DE MATRICULA. Procede-se a esta a-verbação para constar que o imóvel acima foi matriculado neste cartório, com a inclusão dos seguintes dados: CCIR de 2003/2004/2005, devidamente quitado, que me foi exi-bido, acompanhado da CNDIR - NIRF 5.207.943-0: Códi-

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go do Imóvel Rural: 9500507511975 - Denominação do Imóvel Rural: FAZENDA SÃO JORGE - Área Total (Ha): 749,0000 – Classificação Fundiária: MÉDIA PROPRIE-DADE - Data da Última Atualização: 24/02/2006 - Indica-ção para Localização do Imóvel Rural: KM 54 ROD ES-TADUAL CAMPO NOVO DO PARECIS - Município Sede do Imóvel Rural: CAMPO NOVO DO PARECIS - UF: MT - Módulo Rural (ha): 62,1778 - Nº Módulos Ru-rais: 12,03 - Módulo Fiscal (ha): 100,0 - Nº Módulos Fis-cais: 7,4900 - FMP (ha): 4,0000 - Área Registrada (ha): 0,0000 - Posse a Justo Título (ha): 749,0000 - Posse por Simples Ocupação (ha): 0,0000 - Nome do Detentor (De-clarante): JOSÉ GASPAR SERRANO - CPF: 168.275.038-87 - Nacionalidade: BRASILEIRA - Código da Pessoa: 021130698 - % de Detenção do Imóvel: 100 - Data de Emissão: 24/02/2006 - Número do CCIR: 05951477057. Documentos apresentados: Requerimento, Certidão de Localização, CCIR e CNDIR, aqui arquiva-dos. (Emol.: R$ 31,10 - Lei 7.550/2001). Dou fé. O ofi-cial. AV.2-3.617. Protoc. 6630 - Liv. 1-D - 19/ junho /2006: TERRAS INDIGENAS - Nos termos dos Ofícios nº 304/2006, datado de 08/junho/2006 do 1º Serviço Notarial e Registral de Diamantino-MT e Ofício PRES nº 252/06, datado de 19/maio/2006 do Instituto de Terras de Mato Grosso - INTERMAT, procede-se a esta averbação para constar que a área do imóvel objeto da presente matricula incide 100% na Terra Indígena Utiariti, localizada neste município de Campo Novo do Parecis-MT. (Emol.: R$ 6,20 – Lei 7.550/2001). Dou fé. O oficial.

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APÊNDICE B

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APÊNDICE C

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ANEXOS

ANEXO A - PEDIDO DE PROVIDÊNCIA FORMU-LADO JUNTO A CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA PELA ANOREG-MT, DA QUAL O AU-TOR DA TESE É MEMBRO E CONSELHEIRO.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEM-BARGADOR SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, DD. CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ES-TADO DE MATO GROSSO

A ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO – MT, xxxxxxxxxx vem, perante Vossa Excelência, propor: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS, nos termos que segue:

I - DA MEMÓRIA FUNDIÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO E A CERTIFICAÇÃO DE IMÓ-VEIS RURAIS

Para maior compreensão da ocupação de terras no Estado de Mato Grosso, bem como a origem da situa-ção de deslocamentos e sobreposições de títulos, adequado de mostra transcrever na íntegra o artigo de autoria de

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Marcos Martinelli, ex-Presidente do Intermat, conforme segue:

MEMÓRIA FUNDIÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO E A CERTIFICAÇÃO DE IMÓVEIS RU-RAIS 20/01/2010 - Marcos Martinelli Novas exigências em relação às proprie-dades rurais e o seu uso estão sendo in-tensificadas pelos governos Federais, Es-taduais e Municipais, tanto na área de produção como na de preservação do meio ambiente, dando ênfase a utilização da mão-de-obra. A regularização fundiária e o cadastro de imóveis rurais tem sido a tônica do go-verno federal para se conhecer a base fundiária brasileira, tendo por finalidade o planejamento e a locação adequada de recursos tanto na área da produção como na utilização racional e adequada dos re-cursos naturais, com vistas a proporcio-nar o maior beneficio social a todos os brasileiros. Sem exceção, todos os programas go-vernamentais direcionados às proprieda-des rurais, seja no fomento ou no desen-volvimento, tem como base a definição legal e física dos imóveis rurais, o que nos conduz as leis do Registro Público (Lei Federal n° 6.015/73), do Georrefe-

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renciamento e da Certificação de imó-veis Rurais (Lei Federal 10.267/01 e De-creto Federal n° 4.449/02). A aplicação da Lei de Certificação dos imóveis rurais tem nos mostrado que a existência de distorções fundiárias em determinados Estados se constitui num fator limitativo a sua execução, com sé-rios prejuízos aos proprietários, ao sis-tema fundiário e, por conseqüência, ao desenvolvimento rural. O Estado de Mato Grosso se enquadra perfeitamente neste contexto, vez que apresenta uma estrutura fundiária carente de medidas institucionais urgentes, mais contundentes, objetivas e práticas, e me-nos política no sentido lato da palavra. Sem a pretensão de esgotar o assunto, pois o mesmo comporta um maior apro-fundamento, neste artigo procura-se mostrar apenas alguns dos óbices encon-trados na execução dos trabalhos de ge-orreferenciamento e certificação de imó-veis rurais no Estado de Mato Grosso, decorrentes da construção de sua estrutu-ra fundiária, razão pela qual, reporta-se a evolução da estrutura fundiária do terri-tório mato-grossense, com ênfase aos acervos do sistema de Sesmarias (perío-do colonial e monárquico) e da Titulação ocorrida desde o início da República até meados de 1966.

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Como objetivo de colonizar as terras brasileiras, Portugal fazia concessão de extensas áreas de terras, denominadas Sesmarias, cuja prática perdurou até a separação do Brasil de Portugal, ocorrida no ano de 1822, quando por Resolução de 17 de julho daquele ano ficava defini-tivamente suspensa a concessão das Sesmarias por doação. Durante o período de 28 anos compreen-dido entre 1822 e 1850, não se tinha no-tícia de nenhum ordenamento legal regu-lamentando a disposição das terras da Monarquia. Havia, a título declaratório daqueles que possuíam terras, apenas o registro de suas posses ou ocupações nas paróquias das freguesias. A regulariza-ção fundiária das ocupações, posses, le-gitimação de posse e concessões de ses-marias, só foi regulamentada a partir da Lei de Terras n° 601/1850. Com a promulgação da Constituição da República de 1891, a exceção das terras devolutas que fossem indispensáveis pa-ra a defesa das fronteiras, fortificações, construções militares e estradas de ferro federais, as minas e terras devolutas situ-adas em seus respectivos territórios pas-saram a pertencer aos Estados. Nesse período, o Estado de Mato Grosso recebeu um acervo fundiário ativo e pas-sivo, respectivamente, representados pe-

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las terras devolutas aptas para venda e pelo complicado acervo de 28 anos sem qualquer ordenamento legal pertinente às concessões das Sesmarias. O primeiro Código de Terras dispondo sobre as terras devolutas do Estado de Mato Grosso na República – Lei Estadu-al n° 20/1892, regulamentada pelo De-creto Estadual n° 38/1893 –, tinha bem claro seus verdadeiros objetivos: “a ven-da das terras devolutas e a sua definição jurídica”. O caráter ocidental do território mato-grossense constituiu-se historicamente como grande empecilho ao seu povoa-mento, como de resto, para todas as re-giões não inseridas na costa Atlântica. Com território de dimensões continen-tais, economia primária voltada a bovi-nocultura extensiva e uma densidade demográfica da ordem de 0,5 hab/km², o Estado de Mato Grosso imprimiu, logo após o término da Segunda Guerra Mun-dial, uma política de ocupação e povoa-mento de seu território, através da alie-nação de seu patrimônio fundiário a pes-soas físicas e jurídicas que teoricamente, viriam ocupar e tornar produtivas suas propriedades. Com o novo Código de Terras de Mato Grosso – Lei Estadual n° 336/1949 –, coube ao antigo Departamento de Terras

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e Colonização – DTC a responsabilidade e a missão de alienar o patrimônio fundi-ário do Estado e outorgar títulos de pro-priedade de imóveis rurais até meados do ano de 1966. No entanto, o processo se degenerou nos seus objetivos, contribuindo mais a propósitos especulativos e a uma es-tratificação fundiária desajustada, pois o Estado, com exceção ao sul de Mato Grosso, não contava com a mí-nima infra-estrutura viária de acesso, de informações técnicas e de meios ne-cessários e indispensáveis para que as terras alienadas fossem rigorosamente identificadas, materializadas, medidas e demarcadas. Apesar da existência de normas legais e critérios técnicos sólidos, asseguran-do a lisura na transferência do patri-mônio para a iniciativa privada, a ir-responsabilidade, oriunda da grande maioria dos técnicos responsáveis pe-las medições, bem como da conivência política dos gestores da massa fundiá-ria do Estado em concordar e aceitar a prática da titulação virtual (tudo era feito apenas no papel), comprometeu, irremediavelmente, a estrutura fundi-ária do Estado de Mato Grosso. Pesava sobre o Estado a suspeita de que haviam sido vendidas mais terras

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do que dispunha. A tese da superposi-ção de títulos era e ainda é sempre permanente. Na verdade, o problema maior foi provocado pelo longo período de fe-chamento do Departamento de Terras e Colonização – DTC – Durante 12 anos –, período no qual se processou a maior ocupação de terras da história de Mato Grosso sobre uma estrutura fundiária eivada de vícios. Na década de 70, no III Plano Nacional de Desenvolvimento – PND (Resolução n° 1/1980, do Congresso Nacional – CN), que tinha como propósito a Inte-gração Nacional visando incorporar à economia nacional os Estados situados fora da costa Atlântica, definiu-se como meta a expansão das fronteiras agrícolas nacionais, criando os mecanismos esti-muladores de um aproveitamento de á-reas inexploradas de forma que respon-dessem ao apelo nacional. Entre outros, os planos de integração e desenvolvimento do governo federal – Plano de Integração Nacional – PIN (Decreto-Lei n° 1.106/1970), Programa de Redistribuição de Terras e de Estímu-lo à Agroindústria do Norte e do Nordes-te – PROTERRA (Decreto-Lei n° 1.179/1971), Programa de Desenvolvi-mento dos Cerrados – POLOCENTRO

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(Decreto n° 75.320/1975) e Programa In-tegrado de Desenvolvimento do Noroes-te do Brasil – POLONOROESTE (De-creto n° 86.029/1981)–contemplaram o Estado de Mato Grosso com investimen-tos destinados a ampliação e melhoria da sua infra-estrutura com novos incentivos fiscais, o que proporcionou sua apresen-tação à economia global como um celei-ro impar de produção agrosilvopastoril, despertando interesse econômico nos mais diversos setores de investimentos nacionais e internacionais. A exemplo da política adotada pelo go-verno do Estado após a Segunda Guerra Mundial, a política concebida no III Pla-no Nacional de Desenvolvimento – PND, com o mesmo objetivo – integra-ção e ocupação territorial, injetando re-cursos para investimentos na infraestru-tura, fomento e desenvolvimento dos se-tores produtivos do Estado –, provocou o aumento do fluxo migratório e com ele acentuou o desordenamento da ocupação territorial. Apoiados na malha viária até então ine-xistente (BR-158, BR-80, BR-70 e me-lhoramento da BR-364), o mercado imo-biliário foi aquecido, e aos poucos surgi-am os grandes projetos com incentivos

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da Superintendência do Desenvolvimen-to da Amazônia – SUDAM. As colonizadoras oficiais e particulares se instalaram em áreas pioneiras e junto veio a abertura de outras propriedades agropecuárias. Com a descoberta da capacidade de pro-dução, até então sem nenhum interesse econômico, as áreas de cerrado cediam lugar as grandes propriedades de produ-ção de grão, aquecendo cada vez mais a demanda por terras com tais característi-cas. Juntamente com a crescente produção de grãos, da pecuária e do setor madeireiro em franco desenvolvimento, surgiram os programas oficiais de alternativas ener-géticas de combustível, tal como o Pro-grama Nacional do Álcool – PROAL-COOL (Decreto Federal n° 76.593/1975), acarretando a demanda por mais terras agricultáveis e, por con-seqüência, a abertura de novas fronteiras agrícolas, fazendo do Estado de Mato Grosso um dos maiores produtores do país. À medida que os empreendimentos se consolidavam, aumentava o interesse e valorização das áreas até então não ocupadas, gerando conflitos variados em virtude de ação de grileiros, pos-seiros, mas, sobretudo, pela falta de

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informação oficial sobre a veracidade da origem e localização dos títulos ou-torgados pelo governo do Estado de Mato Grosso até 1966, que deram ori-gem às propriedades rurais. Para agravar a situação fundiária do Estado, surgiram as reservas indíge-nas e ecológicas criadas a esmo por a-tos governamentais federais e estadu-ais, também sem nenhum conhecimen-to da estrutura fundiária das áreas por elas abrangidas, que, via de regra, já haviam sido tituladas a terceiros. Registra-se, que durante o período no qual o Departamento de Terras e Coloni-zação – DTC manteve suas portas cerra-das, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA teve sua ação limitada à regularização fundiária ao longo das BR’s e faixa de fronteira, amenizando timidamente a ausência de ações governamentais do Estado de Ma-to Grosso na condução da política fundi-ária de ocupação do seu território. Estava implantado o caos fundiário no Estado de Mato Grosso. Junto com a a-cefalia fundiária surgiram grandes problemas exigindo ao mesmo tempo um ordena-mento imediato. Dentre outros proble-mas, destacava-se:

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1. Títulos falsificados; 2. Títulos deslocados de sua posição ori-ginal; 3. Títulos deslocados e/ou falsificados, unificados; 4. Títulos em terras indígenas ou em re-servas ecológicas; 5. Títulos remontados; 6. Títulos em Faixa de Fronteira sem a-nuência do Conselho de Segurança Na-cional – CSN; e 7. Títulos outorgados em outro Estado da Federação (Pará-PA). Apesar de transcritos ou matriculados nos seus respectivos Cartórios de Regis-tro, nos termos da Lei dos Registros Pú-blicos (Lei Federal nº 6.015/73), tais títu-los, sem exceção, tiveram sua origem comprometida e eivada de vícios, muitas vezes insanáveis, e o que é pior, quando consultado o órgão de terras do Estado (Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT), suas legitimidades quanto às origens e/ou localizações não são con-firmadas ou simplesmente não existem. Este, lamentavelmente, era o quadro fundiário que despontava junto com o nascimento do Estado de Mato Grosso após a divisão política e administrativa ocorrida em 1979, o que, mais do que nunca, tornava-o carente de encontrar os

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caminhos de sua verdadeira vocação e-conômica. Com tal divisão se instalou no sul o Es-tado de Mato Grosso do Sul e no norte permaneceu o remanescente do Estado de Mato Grosso, criando-se com este úl-timo o Instituto de Terras de Mato Gros-so – INTERMAT – órgão máximo de terras do Estado –, que assumiu o acervo do antigo Departamento de Terras e Co-lonização – DTC, na qualidade de gestor da política fundiária mato-grossense. O grande desafio experimentado pelo Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT foi, sem dúvida, conviver com a desatualização da legislação fundiária mato-grossense, fruto do pe-ríodo da paralisação do Departamento de Terras e Colonização – DTC. Enquanto a legislação federal sofrera grandes modificações de natureza estru-tural, tais como o nascimento do Estatuto da Terra (Lei Federal n° 4.504/64), a cri-ação da Superintendência do Desenvol-vimento da Amazônia – SUDAM, a le-gislação estadual permanecia silencio-samente estagnada. Verifica-se, pois, que o histórico fundiá-rio do Estado de Mato Grosso difere so-bremaneira da maioria dos demais Esta-dos da Federação, sendo certo, portanto, que ad cautelam, além dos Cartórios de

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Registro de Imóveis, nunca é demais consultar a situação fundiária de imóveis perante o Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT e o Instituto Na-cional de Colonização e Reforma Agrá-ria – INCRA antes de se ingressar com pleito de certificação de georreferencia-mento de imóveis rurais junto a este úl-timo Instituto, uma vez que nem sempre o registro cartorário confere com o acer-vo dos órgãos fundiários do Estado. Tal Certificação, a propósito, exigên-cia conjugada da Lei Federal nº 10.267/01 e do Decreto Federal nº 4.449/02, dá ênfase à materialização fí-sica e cadastral pelo georreferencia-mento dos imóveis rurais ao Sistema Geodésico Nacional, que, aliada ao monitoramento do desmatamento, respeitabilidade das áreas de preser-vação permanentes, das reservas le-gais e de outras reservas administra-das pelos órgãos ambientais estaduais e federais, constituem uma ação salu-tar na oxigenação fundiária do Estado de Mato Grosso. Os georreferencimentos de poligonais de imóveis para fins de certificações em Mato Grosso espelham, geralmente, o cruel e inevitável confronto entre o ne-buloso acervo histórico fundiário do Es-tado e o que consta nos livros de Regis-

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tro de Imóveis de seus Cartórios, o que, lamentável e constantemente, é atestado por Termo de Certificação expedido pelo Instituto Nacional de Colonização e Re-forma Agrária – INCRA, sem a real convicção dos registros e/ou descrições regulares dos imóveis nos Cartórios das Comarcas de suas jurisdições. É, necessariamente, o confronto de um presente que dispõe de informações, de uma infra-estrutura de comunica-ção e de acesso viário, de tecnologia de ponta com instrumentos eletrônicos de precisão milimétrica, tudo, amparado por uma rede nacional de marcos geo-désicos oficiais e de imagens de alta resolução a disposição dos trabalhos de agrimensuras, contra um passado deficiente de infra-estrutura em co-municação e acesso às terras aliena-das, totalmente dependente da capaci-dade do homem no uso do teodolito, da baliza e da corda ou corrente, das plantas artesanais e da saudosa ma-quininha manual facit de cálculo, sen-sação da época e praticamente sem nenhum apoio de cobertura de ima-gens, pois, estas só apareceram na dé-cada de 70 com o Serviço Geográfico do Exercito e, posteriormente, com o Projeto RADAMBRASIL e com o Ins-tituto Nacional de Pesquisas Espaciais

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– INPE, e mesmo assim, de uso absolu-tamente restrito. Os Estados do Sul, Sudeste e parte do Nordeste, pelas próprias circunstâncias de já estarem ocupados e povoados há sécu-los, têm sua estrutura fundiária centená-ria muito bem definida, sendo certo que os memoriais e plantas de propriedades rurais com acento nos seus Cartórios de Registro de Imóveis, em regra, espelham com exatidão a área e a feição física dos vértices que compõem a sua poligonal, não apresentando, portanto, maiores di-ficuldades para a aplicação da Lei de Certificação de Imóveis Rurais. Em decorrência das suas dimensões e localizações, bem como pressionados pela recente ocupação, os Estados não inseridos na costa Atlântica, como os do Centro-Oeste e os do Norte e de parte do Nordeste, ainda não estão com sua estrutura fundiária definida e apresentam sérios problemas estrutu-rais a serem resolvidos entre o passa-do e o presente. O Estado de Mato Grosso está dige-rindo e por muito tempo ainda irá di-gerir o imbróglio proveniente das Sesmarias dos períodos Coloniais e Imperiais, dos títulos remontados ou-

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torgados só no papel, títulos desloca-dos, títulos falsificados, etc. A ausência e o silêncio do Poder Pú-blico e a falta absoluta de informação oficial que pudesse orientar os interes-sados sobre a veracidade da origem e localização dos títulos outorgados por Mato Grosso até 1966, induziam os proprietários a tomarem posse de suas terras muitas vezes deslocadas da sua origem primitiva. Da mesma forma, com base em títulos falsificados, os grileiros apossavam de terras já titu-ladas gerando os conflitos sociais. O atual cenário impõe severas restri-ções à aplicabilidade plena da Lei de Certificação de Imóveis Rurais no Es-tado de Mato Grosso, mormente quando diante do registro de Termos de Certificações fornecidos pelo Insti-tuto Nacional de Colonização e Re-forma Agrária – INCRA, haja vista que a poligonal de um imóvel certifi-cado geralmente não confere com a do seu titulo primitivo outorgado pelo governo do Estado e nem com a que está registrada no Cartório de Regis-tro de Imóveis respectivos, pois encon-tra-se remontadas, deslocada de sua origem ou, simplesmente, não detém origem.

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Não fosse isso suficiente, impende ain-da registrar, que o acervo fundiário do Estado de Mato Grosso está pulveri-zado entre diversos órgãos do governo estadual, com políticas operacionais e objetivos distintos, e que, institucio-nalmente, nunca rezaram da mesma cartilha. Entre tais órgãos se encon-tram a extinta Companhia de Desen-volvimento de Mato Grosso – CO-DEMAT, o Instituto de Terras de Ma-to Grosso – INTERMAT, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA e o Serviço do Pa-trimônio da União – SPU, atualmente Secretaria do Patrimônio da União – SPU. A Certificação de Imóveis Rurais, em princípio, tem por objetivo o atendi-mento de duas finalidades. A primei-ra, nos termos da Lei n° 6.015/73, ge-orreferenciar os vértices das poligo-nais dos imóveis rurais ao sistema Ge-odésico Brasileiro, de maneira a ofere-cer a igualdade de forma a todos os memoriais descritivos a serem levados a registro. A segunda, a Certificação propriamente dita que, nos termos da Lei Federal n° 10.267/01 e do Decreto Federal n° 4.449/02, dá ênfase à mate-rialização física e cadastral pelo geor-

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referenciamento dos imóveis ao Siste-ma Geodésico Nacional. Instituições de cunho administrativo e executivo do sistema fundiário do Estado de Mato Grosso, o Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma A-grária – INCRA e os Cartórios de Regis-tro de Imóveis estão diretamente envol-vidos em processos de certificação de imóveis rurais, em decorrência de suas funções: 1. INTERMAT – órgão estadual de polí-tica e execução fundiária estadual, res-ponsável pela maior parte acervo fundiá-rio; 2. INCRA – órgão Federal, responsável pela política Nacional de Desenvolvi-mento Rural e Reforma Agrária, geren-cia o Sistema Nacional de Cadastro de Imóveis Rurais, emite do Certificado de Cadastro de Imóveis Rurais – CCIR, e-mite títulos na Faixa de Fronteira e ao longo das Rodovias Federais, responsá-vel por uma parcela do acervo fundiário; e 3. Cartórios de Registro de Imóveis – re-gistram os títulos outorgados pelo IN-TERMAT e pelo INCRA. A título de conhecimento, registra-se o caminhar regular de um processo de Ge-

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orreferenciamento e Certificação em Mato Grosso: 1. Obtenção pelo proprietário de uma Certidão de Inteiro Teor de seu imóvel junto ao Cartório de Registro competen-te, que deve constar localização, área, marcos e caminho (com distâncias e co-ordenadas), enfim, dando a forma da sua poligonal; 2. Contratação pelo proprietário de um profissional credenciado no Instituto Na-cional de Colonização e Reforma Agrá-ria – INCRA para executar o georrefe-renciamento do imóvel; 3. O profissional executa os serviços to-mando por base as feições física dos marcos que definem: a figura geométrica da poligonal, a área, seus limites, seus confrontantes, tudo georreferenciando ao Sistema Geodésico Nacional; 4. Devidamente processado, as peças técnicas do georreferenciamento são a-presentadas ao Instituto Nacional de Co-lonização e Reforma Agrária – INCRA para a certificação da poligonal do imó-vel; 5. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, segundo su-as normas técnicas, nada mais faz do que conferir a exatidão dos trabalhos execu-tados e se as linhas da poligonal resul-tante não estão sobrepondo às dos seus

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confinantes, para, assim, emitir o Termo de Certificação; 6. Expedido o Termo, o Instituto Nacio-nal de Colonização e Reforma Agrária – INCRA o remete ao Cartório de Registro de Imóvel competente (ponto de partida do processo); 7. O Cartório de Registro de Imóvel, conforme recomendam os Provimentos n° 19/04 e 1/07 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso, ad cautelam, consulta formalmente o Instituto de Ter-ras de Mato Grosso – INTERMAT ou o Instituto Nacional de Colonização e Re-forma Agrária – INCRA quanto a legi-timidade de origem e localização do Tí-tulo Definitivo que originou o imóvel ru-ral, ora certificado; e 8. De posse da manifestação de um dos referidos órgãos, confrontada e confir-madas as informações, o Cartório de Re-gistro de Imóvel procede ao registro do Termo de Certificação, com as caracte-rísticas que satisfaçam aos anseios das Leis Federais n° 6.015/73 e 10.267/01 e do Decreto Federal n° 4.449/02. Normalmente, os dados de um imóvel, tanto no Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT, como no Instituto Nacio-nal de Colonização e Reforma Agrária –

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INCRA e nos Cartórios de Registro de Imóvel, deveriam ser iguais aos proveni-entes de levantamento de campo. No en-tanto, não é raro evidenciar as seguintes situações: 1. Títulos falsificados; 2. Títulos deslocados de sua posição ori-ginal; 3. Títulos deslocados e/ou falsificados, unificados; 4. Títulos em terras indígenas ou em re-servas ecológicas; 5. Títulos remontados; 6. Títulos em Faixa de Fronteira sem a-nuência do Conselho de Segurança Nacional – CSN; e 7. Títulos outorgados em outro Estado da Federação (Pará-PA). Diante de tais circunstâncias, não há co-mo registrar o Termo de Certificação que, embora emitido pelo Instituto Na-cional de Colonização e Reforma Agrá-ria – INCRA, não espelha a realidade quanto ao domínio e a localização do imóvel.

Na mesma linha de raciocínio, prescrevendo a

relevância da regularização fundiária no Estado, cite-se o artigo de autoria de Pedro Satélite, Deputado Estadual de Mato Grosso e Vice Presidente da Comissão Parlamentar de Agropecuária, Desenvolvimento Florestal e Agrário e

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de Regularização Fundiária da Asssembléia, conforme segue:

Artigo: Regularização Fundiária, este é o momento

Fonte: *Pedro Satélite O Estado de Mato Grosso ano após ano tem se destacado no cenário nacional e internacional pela sua espetacular pro-dução agropecuária, recebendo o título de campeão brasileiro na produção de grãos e carne, garantindo, com a expor-tação desses produtos, o saldo positivo da nossa balança comercial brasileira. Contudo, por trás dessa pujança econô-mica, existe um problema que há muito tempo vem sendo enfrentado silenciosa-mente pelos nossos valorosos e corajo-sos produtores rurais, o da regulariza-ção fundiária, ou melhor, a falta de re-gularização fundiária. Talvez muitos não saibam ou desconhe-çam do assunto, mas em Mato Grosso a grande maioria das áreas rurais ainda carece de regularização documental, trabalho que deveria ser realizado por órgãos estatais. O problema fundiário mato-grossense vem de um passado distante e tem sua origem em uma história repleta de cho-ques de competências, com diversas á-reas sendo regularizadas pelos mais va-

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riados órgãos, autarquias e colonizado-ras, culminando na realidade atual, com uma mistura de título, glebas, sesmarias, áreas indígenas e áreas de preservação ambiental, os quais, em alguns casos, encontram-se em registros cartorários que os sobrepõe. Assim, a demora na regularização fun-diária tem causado enormes prejuízos ao setor produtivo mato-grossense, na medida em que conduz a um cenário de insegurança jurídica, afastando por completo investidores, prejudicando o acesso ao crédito rural e impedindo o pleno exercício da propriedade. Por esses motivos, faço coro aos que reivindicam a regularização fundiária no Estado de Mato Grosso, não apenas para que seja feita, mas para que seja de forma célere, pois quem depende do campo não pode mais esperar. Ora vivemos em um mundo onde cada minuto vale muito, tudo acontece rapi-damente, as oportunidades vão com a mesma velocidade com que vieram e, por isso, não podemos tardar a regulari-zação fundiária ou poderemos, em um futuro não tão distante, pagar um alto preço pela demora. Assim, este é o mo-mento de os governos Federal, Estadual e Municipal unirem esforços com o obje-

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tivo de dar um ponto final na história do problema fundiário mato-grossense. Precisamos que Incra, Intermat, Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, Mi-nistério Público, Organizações Sociais, enfim, todos os interessados na causa, façam um grande mutirão visando regu-larizar as nossas áreas rurais. Tenho plena certeza que o enfrentamen-to do problema fundiário trará benefí-cios para todo o Mato Grosso e para o Brasil, e aqui não restrinjo apenas ao setor agropecuário, pois a riqueza pro-duzida no campo reflete nas cidades, com geração de emprego, incentivo ao comércio, consumo de produtos e servi-ços, crescimento das cidades e melhoria na qualidade de vida da população em geral. Além disso, a regularização fundiária é uma dívida do Estado Brasileiro com o setor produtivo, visto que a grande maioria dos que vivem no campo, estão ali porque foram incentivados pelo Go-verno Federal nos anos de 1960, sob o argumento de que precisávamos ocupar a região amazônica, em um Plano de Integração da Nacional, intitulado “In-tegrar para não Entregar”, pois vivía-mos com o medo da internacionaliza-ção da Amazônia.

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Conheço inúmeros casos de pessoas que sonham com o tão esperado dia que te-rão em suas mãos o “papel” que lhes assegure a propriedade definitiva da á-rea onde trabalham e vivem há mais de 30 anos, pessoas que deram as suas vi-das pelo campo e hoje clamam para que o Poder Público olhe para os seus casos com carinho, respeito e, acima de tudo, com celeridade.

Pedro Satélite é deputado estadual de Mato Grosso e Vice Presidente da Comissão Parlamentar de Agropecuária, Desenvolvimento Florestal e Agrário e de Regularização Fundiária da Asssembléia II - DO DESLOCAMENTO E SOBREPOSIÇÕES DE TÍTULOS NO ESTADO DE MATO GROSSO E DA MATERIALIZAÇÃO DAS OCUPAÇÕES PACÍFI-CAS

O “deslocamento de matrícula” ocorre quando a ocupação real do imóvel incide, total ou parcialmente, sobre topografia diversa daquela representada em seu títu-lo de origem. A sobreposição ocorre nos casos em que, na origem de emissão de títulos, o Estado, através de seus diversos órgãos competentes, por erro ou falha na comuni-cação entre os mesmos, emitiu diversos títulos definitivos incidindo sobre uma mesma área rural.

A problemática que envolve o “deslocamento de matrículas” e a “sobreposição de títulos” no Estado de Mato Grosso foi bem abordada pelo Desembargador Ma-noel Ornellas de Almeida, na decisão prolatada em 02 de

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fevereiro de 2011, que deu origem ao Provimento 06/2011 – CGJ, e que gerou a revogação do item 6.3.3 da CNGC. Na visão do Des. Manoel Ornellas, caberia ao prejudica-do a iniciativa de apontar eventuais irregularidades havi-das na matrícula, provando a eventual fraude ou má-fé do proprietário, como condição para a eventual nulidade do registro. Nesses termos:

É bom ressaltar que o próprio Intermat, órgão que deveria ter o domínio das ter-ras públicas do Estado de Mato Grosso é o primeiro que dificulta o fornecimento de qualquer certidão ao ponto de obede-cer a um ordenamento legal para isso. O ilustre representante desse órgão, em re-cente Seminário Estadual de Assuntos Fundiários e Ambientais realizado pela FAMATO em 09.09.2010, deixou bem claro que nos seus registros existem prateleiras de títulos sobre um único imóvel; e, as certidões retratam regis-tros que não batem com a localização real das áreas rurais. Pelo menos foi a intervenção feita pelo Dr. Afonso Dal-berto, diretor do INTERMAT naquele simpósio; in verbis: “O Sr. AFONSO DALBERTO – Na ver-dade, as colocações que já ouvi hoje, pe-la manhã, que tenho ouvido, “que o IN-TERMAT não tem condições ou emite, tal...”. Não! As certidões de Legitimida-de de Origem são emitidas conforme a Base cadastral que temos lá dentro. O

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que eu não faço, enquanto Presidente, e que os meus técnicos, que estão aqui e os que não estão aqui, não fazem é emi-tir certidões que não dizem a verdade do deslocamento de títulos das sobreposi-ções existentes. O que nós não fazemos; o que o INTERMAT não faz é tentar re-solver o problema dos outros. Eu não tenho nada com isso. Eu tenho que es-crever a verdade dos títulos deslocados, dos títulos sobrepostos, dos pontos de amarrações que são flutuantes, das á-reas que aparecem lá que são dentro de áreas indígenas, desculpe, das solicita-ções que aparecem lá e que são dentro das áreas indígena, das solicitações que são dentro de reservas ambientais, do monte de título. Em caso de doze títulos sobrepostos, que nós descrevemos na certidão, o deslocamento existe. Portanto, quando colocam que o IN-TERMAT não faz, o que o INTERMAT não faz é não escrever aquilo que não está La dentro; o INTERMAT não faz é resolver o problema dos outros. Enquan-to isso, Dr. Manoel Ornellas, ficará as-sim até encontrarmos uma solução, que eu coloquei ontem, para solicitação das propostas, para buscarmos solicitação de materialização dos títulos onde já não existe mais terra publica. De que forma nós poderíamos fazer? Isso, tam-

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bém, está aguardando propostas, agora, quanto à Certidão de Legitimidade de origem nós continuamos emitindo com as situações verdadeiras de cada um dos títulos que são solicitados. (...) Por fim, a recomendação propriamente dita, sem dúvida nenhuma, não alcançou o espírito que lhe emprestou a Correge-doria Geral de Justiça, passando a fun-cionar como impeditivo absoluto do re-gistro de propriedades, circunstância que não deve ser admitida por este órgão. É inegável asseverar, finalmente, que não é uma certidão do INTERMAT que irá revelar se os inúmeros regis-tros ali existentes sobre um imóvel irá regular fraude ou má-fé, pois, em ca-sos tais compete ao prejudicado inten-tar a ação competente.

Dessa forma, em decorrência da realidade fundiá-ria existente no Estado de Mato Grosso, em que se aponta a existência de mais de 60% dos títulos deslocados no Es-tado (será que os títulos realmente estão deslocados, ou a base fundiária do Estado está topograficamente descarac-terizada?!), há que se regulamentar o procedimento de retificação de matrícula de títulos deslocados, proporcio-nando a materialização de todas essas ocupações que se encontram em descompasso para com a origem de sua titulação.

Conforme acima relatado, esta mesma solução foi apresentada pelo Presidente do INTERMAT, ao apontar a

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“materialização dos títulos onde já não existe mais terra pública”, como forma correta para resolver-se a problemá-tica que envolve o deslocamento de títulos no Estado de Mato Grosso.

III - DA RETIFICAÇÃO DE MATRÍCULA EM CA-SO DE DESLOCAMENTO E SOBREPOSIÇÃO DE TÍTULOS INCIDENTES SOBRE ÁREAS PARTI-CULARES, PRESENTE A CONSENSUALIDADE E A NÃO-OPOSIÇÃO DA OCUPAÇÃO

Primeiramente, há que se compreender a averba-ção de georreferenciamento como modalidade de retifica-ção de matrícula, em atenção ao disposto no artigo 213, inciso II, da Lei nº 6.015/73:

Art. 213. O oficial retificará o registro ou a averbação II - a requerimento do inte-ressado, no caso de inserção ou alteração de medida perimetral de que resulte, ou não, alteração de área, instruído com planta e memorial descritivo assinado por profissional legalmente habilitado, com prova de anotação de responsabili-dade técnica no competente Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA, bem assim pelos confrontantes.

Pelo procedimento da “averbação de georreferen-ciamento”, serão retificadas as medidas perimetrais do imóvel, de acordo com o Sistema Geodésico Brasileiro e com precisão posicional fixada pelo INCRA.

Para a realização do procedimento de retificação de matrícula de imóveis rurais, na forma do Provimento nº 32/2012 – CGJ-MT, há necessidade de apresentação da

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CARTA DE ANUÊNCIA do INTERMAT, suprindo-se a omissão de sua apresentação, a requerimento do interessa-do, pelo encaminhamento de notificação ao INTERMAT, para que, no prazo de 30 dias, havendo motivo justificado, proceda a devida impugnação ao procedimento de retifica-ção.

O Decreto nº 1.399, de 16 de outubro de 2012, que “regulamenta o procedimento de anuência, conforme Provimento nº 32/2012 da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, que altera o Capítulo 6, Seção 3, Norma 4 da CNGCE/MT e dá outras Providências”, prevê, em seu art. 6º, que, “identificada a incidência em área devo-luta, será promovida a impugnação ao Procedimento junto ao CRI, pela Procuradoria Jurídica do INTER-MAT, consoante rito da Lei de Registros Públicos, de-vendo a GECAD expedir planta demonstrativa de inci-dência para instruir a impugnação. “Antes, porém, se a incidência for parcial, poderá o interessado extremar a área devoluta dos trabalhos técnicos, e se expedir a CAR-TA DE ANUÊNCIA” (Parágrafo único).

De acordo com o Decreto nº 1.399, de 16 de ou-tubro de 2012, portanto, somente havendo “incidência sobre área devoluta do Estado de Mato Grosso” será apresentada impugnação ao procedimento de retificação pelo INTERMAT.

É o que decorre da interpretação sistemática do

referido Decreto regulamentar: Decreto nº 1.399, de 16 de outubro de 2012 Art. 1º A anuência do Instituto de Terras de Mato Grosso (INTERMAT) nos tra-

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balhos técnicos relativos aos procedi-mentos de retificação de imóvel rural, inclusive averbação da certificação do georreferenciamento, junto aos Cartórios de Registros de Imóveis (CRIs), previsto no Provimento nº 32/2012-CGJ, que al-tera o item 6.3.4 da CNGCE/MT, será relativa somente à inexistência de área devoluta do Estado de Mato Grosso e obedecerá ao disposto no presente decre-to. Art. 3º... § 1º A CARTA DE ANUÊNCIA, rela-tiva à inexistência de área devoluta, conterá as informações referentes a eventuais deslocamentos do imóvel e sobreposições, em virtude da compa-ração entre o perímetro das peças téc-nicas georreferenciadas apresentadas, das matrículas e dos títulos primitivos de origem; bem como sobre incidências em Terras Indígenas, Unidades de Con-servação e áreas da União, cujos regis-tros ou averbações ficarão a cargo do respectivo Cartório de Registro de Imóveis. § 2º Identificado a incidência parcial em área devoluta, a CARTA DE ANUÊN-CIA somente será expedida após a sua extremação dos trabalhos técnicos. Se a incidência for total, não será expedida a CARTA DE ANUÊNCIA, bem como

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será promovida a impugnação ao proce-dimento junto ao CRI competente, se for o caso. Art. 6º Identificada a incidência em área devoluta, será promovida a im-pugnação ao Procedimento junto ao CRI, pela Procuradoria Jurídica do IN-TERMAT, consoante rito da Lei de Re-gistros Públicos, devendo a GECAD ex-pedir planta demonstrativa de incidência para instruir a impugnação.

Com relação à Carta de Anuência, é comum cons-tar a informação de “eventuais deslocamentos do imóvel e sobreposições, em virtude da comparação entre o períme-tro das peças técnicas georreferenciadas apresentadas, das matrículas e dos títulos primitivos de origem”, a teor do disposto no § 1º do art. 3º do Decreto nº 1.399, de 16 de outubro de 2012.

Diferentemente do que ocorre quando há deslo-

camento incidindo sobre “Terras Devolutas” (inclui-se também “Terra Indígenas, Unidades de Conservação, e Terras da União”), o caso de deslocamento e ou sobrepo-sições de títulos incidentes sobre áreas particulares não consubstanciam indicativo de irregularidade de registro, podendo ser retificada a matrícula e materializada a ocu-pação mediante a utilização do procedimento de retifica-ção de matrícula, na forma do art. 212, inciso II, da Lei nº 6.015/73, ao passo que, na forma do § 1º do art. 3º do De-creto nº 1.399, de 16 de outubro de 2012, nos casos em que a impugnação não é apresentada, diante da inocorrên-cia de deslocamento sobre terras devolutas, estes “regis-

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tros ou averbações ficarão a cargo do respectivo Cartório de Registro de Imóveis”.

Em síntese, somente no caso de “incidência so-bre área devoluta do Estado de Mato Grosso” haverá legitimidade para o INTERMAT oferecer impugnação ao procedimento de retificação de matrícula, na forma do art. 6º do Decreto nº 1.399, de 16 de outubro de 2012.

Dessa forma, há necessidade de se regulamentar, mediante Provimento da Corregedoria-Geral de Justiça, a “retificação de matrícula em caso de sobreposição e/ou deslocamento de títulos”, considerando a realidade fundiá-ria existente no Estado de Mato Grosso, oportunizando, com isso, a materialização dos títulos com relação a sua real ocupação.

Efetivamente, diante da realidade fundiária exis-tente no Estado de Mato Grosso (estima-se que 60% das ocupações legitimamente constituídas do Estado possam estar deslocadas), há que se estabelecer, mediante Provi-mento da CGJ-MT, a regulamentação da “retificação de matrícula em caso de títulos deslocados”, uniformizando, assim, o procedimento a ser adotado perante os Cartórios de Registro de Imóveis.

Nesse quadro, defende-se a possibilidade de re-tificação de matrícula, com base no artigo 213, inciso II, da Lei nº 6.015/73, em caso de deslocamento de títu-lo incidente sobre áreas particulares, sem oposição, proporcionando-se, com isso, a materialização do título com relação a sua real ocupação, estando amparado, tal procedimento, no princípio da consensualidade e da pre-servação do registro, na segurança jurídica e na proteção da boa-fé, permitindo-se, em decorrência, a natural aco-

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modação dos domínios pacíficos existentes em nosso Es-tado.

Somente haveria impedimento para a retifica-ção da matrícula, nos casos de sobreposição e/ou deslo-camento incidentes sobre “áreas devolutas estaduais”, terras indígenas”, “unidades de conservação (parques florestais)”, e “glebas federais”.

No caso de sobreposição de títulos, havendo lití-gio entre dois particulares, deve prevalecer aquele título registrado em primeiro lugar, em atenção ao princípio da prioridade do registro, situação casuística que deve ser apurada em processo autônomo, na via jurisdicional, me-diante provocação de eventual terceiro prejudicado, já que a sobreposição de títulos refere-se à emissão de dois títu-los primitivos abrangendo o mesmo imóvel rural.

O princípio da preservação do registro, da prote-ção da boa-fé, e da segurança jurídica, caracterizam-se como princípios norteadores dos Registros Públicos, con-forme se verifica dos enunciados previstos nos arts. 214, caput, e § 5o, c/c 252 da Lei nº 6.015/73, ao prescrever que as nulidades de pleno direito do registro, uma vez prova-das, invalidam-no, independente de ação direita”; sendo que “a nulidade não será decretada se atingir terceiro de boa-fé que já tiver preenchido as condições de usucapião de ação direta, conforme segue:

Lei nº 6.015/73: Art. 214 - As nulidades de pleno direito do registro, uma vez provadas, invali-dam-no, independentemente de ação di-reta. § 5o A nulidade não será decretada se a-tingir terceiro de boa-fé que já tiver pre-

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enchido as condições de usucapião do imóvel. Art. 252 - O registro, enquanto não can-celado, produz todos os efeitos legais a-inda que, por outra maneira, se prove que o título está desfeito, anulado, extin-to ou rescindido.

Por derradeiro, concluído o “procedimento de re-tificação de matrícula de título deslocado e/ou sobrepos-to”, naqueles casos em que não há oposição, caberá ao Oficial do Cartório de Registro de Imóveis encaminhar comunicando ao INTERMAT, acompanhado das peças técnicas que deram origem à retificação, juntamente com a certidão de inteiro teor e cadeia dominial da matrícula do imóvel, para fins de “averbação da retificação na Base Cadastral do Instituto de Terras do Estado de Mato Gros-so”, aplicando-se, por analogia, o procedimento previsto no Decreto nº 1.469/2012, que “dispõe sobre averbações de Títulos Judiciais previstos no Inciso I, do artigo 167, da Lei nº 6.015/73, na Base Cadastral do Instituto de Terras de Mato Grosso”, conforme segue:

DECRETO Nº 1.469, DE 14 DE DE-ZEMBRO DE 2012. Dispõe sobre averbações de Títulos Ju-diciais previstos no Inciso I, do artigo 167, da Lei nº 6.015/73, na Base Cadas-tral do Instituto de Terras de Mato Gros-so. O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições

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que lhe confere o artigo 66, inciso III, da Constituição Estadual, DECRETA Art. 1º Poderão ser averbados na Base Cadastral do Instituto de Terras de Mato Grosso - INTERMAT os títulos judiciais previstos no Inciso I, do artigo 167, da Lei nº 6.015/73, a fim de serem legiti-madas as suas origens. Art. 2º O pedido de averbação deverá ser instruído os seguintes documentos, ori-ginais ou autenticados: I - Cópia da decisão judicial acompa-nhada da certidão de transito em julgado; II - Certidão da Matrícula do Cartório de Registro de Imóveis; III - Peças Técnicas nos moldes previs-tos na Lei nº 10.267/01, bem como, ser for o caso, devidamente certificada pelo INCRA. Art. 3º Autuado o processo, será o mes-mo encaminhado à Procuradoria Jurídica do INTERMAT para parecer prévio, es-tudo cadastral junto à GECAD e parecer conclusivo quanto aos limites da averba-ção. Art. 4º Para efeito de conhecimento de terceiros interessados, será publicado e-dital com prazo de 15 (quinze) dias. Art. 5º Não havendo impugnação fun-damentada, o processo será remetido à Presidência para efeito de homologação que, em sendo deferida, será encaminha-

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do para averbação em livro próprio junto à COGEPAF e inclusão na base cadas-tral. Art. 6º As eventuais omissões e dúvidas serão supridas pela Presidência do Insti-tuto de Terras de Mato Grosso - IN-TERMAT. Art. 7º Este Decreto entra em vigor a partir de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 14 de de-zembro de 2012,

O procedimento de “retificação de matrícula de título deslocado, sem oposição”, já foi autorizado em pro-cedimento de suscitação de dúvida, devidamente homolo-gado pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Ma-to Grosso, conforme decisão prolatada Dra. Rosângela Zacarkim dos Santos, MM. Juízo de Direito, datada de 01 de junho de 2011, nos autos do processo nº 1569-87.2009.811.0018 - Código: 34002, na Comarca de Juara, Estado de Mato Grosso, em que se autorizou a retificação da matrícula de título deslocado, para a adequação de suas medidas perimetrais à situação ocupacional real do imó-vel, conforme segue:

A Suscitante, devidamente qualificada nos au-tos propôs a presente consulta visando esclare-cimentos acerca do procedimento a ser adota-do pelos Oficiais de Registro de Imóveis quando do registro de georreferenciamento em que há divergências em relação as certidões de legitimidade de origem de área.

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O Instituto de Terras de Mato Grosso (IN-TERMAT), prestou esclarecimentos acerca do assunto em epígrafe, mencionando que se o-correr apenas sobreposição em outro título não haverá óbice ao registro do georreferencia-mento desde que o interessado demonstre de forma inequívoca a posse mansa e pacífica so-bre a área. Todavia, caso haja deslocamento do georrefe-renciamento em face do título definitivo primi-tivo, explica o INTERMAT, que não haverá possibilidade de ser registrado, em razão de ausência de origem da área. O Ministério Público de Mato Grosso, por meio do Promotor de Justiça, manifestou-se no sentido de que no caso em epígrafe deve o in-teressado utilizar-se da via administrativa ou judicial, para fins da identificação correta do imóvel, de forma a evitar prejuízos futuros a terceiros e aos confinantes (fls. 56-60). É sabido que no Estado de Mato Grosso é co-mum a dificuldade na regularização das áreas rurais, em razão de diversos fatores, sejam eles ambientais ou fundiários. Comum também é a questão da sobreposição ou deslocamento de áreas em relação ao título definitivo, principalmente diante da realidade em que estes últimos foram confeccionados, ou seja, numa época em que não havia a tecno-logia dos sistemas digitais utilizados na atuali-

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dade, que denotam maior precisão nas infor-mações. Acerca da averbação dos registros públicos, assim dispõe o inciso II, do artigo 213, da Lei nº 6.015/1973: “Artigo 213 – O Oficial retificará o registro ou averbação: (...) II – a requerimento do interessado, no caso de inserção ou alteração de medida perimetral de que resulte, ou não, alteração de área, instruí-do com planta e memorial descritivo assinado por profissional legalmente habilitado, com prova de anotação de responsabilidade técni-ca no competente Conselho Regional de Enge-nharia e Arquitetura – CREA, bem assim pelos confrontantes.” Tendo em vista que devemos nos atentar a verdade real, outra alternativa não há, senão o disposto no artigo supracitado, devendo o Ofi-cial de Registro proceder a retificação na ma-trícula sempre que estiver comprovado a posse sobre o imóvel nos limites das coordenadas indicadas no memorial descritivo e planta con-feccionados por profissional habilitado. Destarte, em caso de sobreposição e/ou deslo-camento de área em relação ao título definiti-vo, deve o proprietário do imóvel providenciar a documentação comprobatória da localização correta do imóvel, acompanhada de assinatura de todos os confrontantes e encaminhar ao

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Cartório para regularização e/ou retificação na matrícula do imóvel. Afinal, a anuência dos confrontantes, diante do caso concreto em que há alteração da área ge-orreferenciada em relação ao título definitivo, indispensável a ciência inequívoca não só dos possuidores, mas também dos titulares de do-mínio das respectivas áreas sobre as quais há sobreposição e/ou deslocamento, já que, nos termos da lei civil, embora a posse seja uma forma de aquisição da propriedade, esta efeti-vamente só se transmite mediante o registro imobiliário, e assim, o titular do domínio é le-galmente o proprietário das áreas confrontan-tes. É nesse sentido a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vejamos: “Ementa - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - PEDIDO DE AVERBA-ÇÃO DO MEMORIAL DESCRITIVO DO GEORREFERENCIAMENTO- REGISTRO INDEFERIDO DIANTE DA CONTROVÉRSIA SOBRE OS LIMITES E A PROPRIEDADE DA ÁREA - ATUAÇÃO DA AUTORIDADE COA-TORA REALIZADA DE FORMA PERTINEN-TE - ART. 213, II, §§ 4º E 10º DA LEI FEDE-RAL 6015/73 - APELO IMPROVIDO. Exis-tindo controvérsia acerca do direito de pro-priedade, a Lei de Registros Públicos deter-mina de forma peremptória a remessa do in-teressado para as vias ordinárias, até porque

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a mesma só poderá ser dirimida pela via judi-cial, e não pela via administrativa, pois pode-rá demandar instrução probatória, para veri-ficação do fato relativo à sobreposição, ou não, de áreas...” Recurso de Apelação Cível nº 34730/2007 - Classe II - 19 – Comarca de Sorriso – Rel. Dr. Antonio Horácio da Silva Neto. No entanto, havendo divergência entre os con-frontantes, entendo que o litígio deverá ser so-lucionado judicialmente, por meio da ação ca-bível, de forma a evitar possíveis prejuízos a terceiros, bem como garantir a segurança jurí-dica quando da averbação. Dessa forma, com fulcro nos artigos 213 e 246, ambos da Lei 6.015/73, bem como no de-creto nº 5.570/2005, deve a Suscitante tomar as providências aqui elencadas de forma a rea-lizar o registro do georreferenciamento com as devidas retificações na matrícula, atendendo assim ao princípio da verdade real e garantin-do ao mesmo tempo o direito de propriedade dos interessados.

IV - ANTE O EXPOSTO, recomenda-se a edi-ção de Provimento por essa egrégia Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, regulamentando o pro-cedimento de retificação de matrícula de título deslocado, incidente sobre terras particulares, sem oposição, ficando vedada a retificação de matrícula, naqueles casos em que a sobreposição e/ou o deslocamento incide sobre “áreas

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devolutas estaduais”, terras indígenas”, “unidades de conservação (parques florestais)”, e “glebas federais”.

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ANEXO B – MINUTA DE PROVIMENTO

PROVIMENTO Nº...... /2013 – CGJ - MT Dispõe sobre a padroniza-ção do procedimento de re-tificação administrativa de matrícula de título deslo-cado e/ou sobreposto pe-rante o Cartório de Regis-tro de Imóveis, na forma do artigo 213, inciso II, da Lei nº 6.015/73

CONSIDERANDO que a regularização fundiária é um dos mecanismos necessários para o desenvolvimento eco-nômico e social do Estado, que viabiliza o acesso ao sis-tema formal de crédito, fomentando a realização de inven-timentos no setor produtivo, proporcionando a geração de capital e renda para a população, transformando, por fim, o imóvel em ativo financeiro; CONSIDERANDO que a regularização fundiária está diretamente relacionada ao processo de proteção, preser-vação e responsabilização ambiental, constituindo etapa precedente desta; CONSIDERANDO que, nos termos do § 1° do artigo art. 1º da Lei 4.504/64, “considera-se Reforma Agrária o con-junto de medidas que visem a promover melhor distribui-ção da terra, mediante modificações no regime de sua pos-se e uso, a fim de atender aos princípios de justiça social e ao aumento de produtividade”; CONSIDERANDO que a Política Agrícola, por sua vez, é caracterizada como o “conjunto de providências de am-paro à propriedade da terra, que se destinem a orientar, no

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interesse da economia rural, as atividades agropecuárias, seja no sentido de garantir-lhes o pleno emprego, seja no de harmonizá-las com o processo de industrialização do país” (§ 2° do art. 1º da Lei 4.504/64); CONSIDERANDO que o § 2º do artigo 187 da Constitui-ção Federal de 1988 prescreve que “serão compatibiliza-das as ações de política agrícola e de reforma agrária”; CONSIDERANDO que a Constituição Federal de 1988, na mesma oportunidade que assegura a propriedade priva-da (art. 5º, inciso XXII), protegendo da ingerência do Po-der Público a propriedade produtiva (art. 185) que esteja cumprindo com sua função social (184), prescreve a com-patibilização do instituto da destinação de terras públicas e devolutas com a política agrícola e com o plano nacional de reforma agrária (art. 188); CONSIDERANDO que a propriedade privada e a função social da propriedade estão arroladas na Constituição Fe-deral de 1988 dentre os direitos e garantias individuais (art. 5º. XXIII), constituindo princípios basilares da ativi-dade econômica (art. 170, III), e pressupostos inarredáveis para a promoção da política de desenvolvimento urbano (art. 182, par. 2º.) e rural (art. 186, I a IV); CONSIDERANDO a realidade fundiária existente no Estado de Mato Grosso, em que, segundo estimativas, cerca de 60% das ocupações legitimamente constituídas no Estado estão deslocadas, situação decorrente de uma época em que não havia a tecnologia dos sistemas digitais de medição e localização utilizados na atualidade, que denotam maior precisão nas informações; CONSIDERANDO o princípio da celeridade, da consen-sualidade e da especialidade objetiva que regem a retifica-ção administrativa de matrícula, objetivando caracterizar o

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imóvel conforme a sua real localização e identificação, nos termos do do art. 213, inciso II, da Lei nº 6.015/73; CONSIDERANDO o princípio da segurança jurídica, da preservação do registro, e da proteção da boa-fé, que cons-tituem normas basilares da Lei de Registros Públicos, na forma do art. 214, caput, e § 5o, c/c 252 da Lei nº 6.015/73; RESOLVE: Art. 1º A retificação administrativa de matrícula de título deslocado e/ou sobreposto a outro título particular será realizada perante o Cartório de Registro de Imóveis de localização do imóvel, devendo observar o procedimento previsto no artigo 213, inciso II, da Lei nº 6.015/73;

§ 1º A retificação administrativa de matrícula de tí-tulo deslocado e/ou sobreposto somente é cabível nos casos em que o deslocamento e/ou a sobreposi-ção não ultrapasse os limites territoriais do Muni-cípio em que o título de origem fora emitido; § 2º Não se aplica o procedimento de retificação administrativa de matrícula, acima regulamentado, no caso de sobreposição e/ou deslocamento inci-dentes sobre áreas devolutas estaduais, terras indí-genas, unidades de conservação (parques flores-tais), e glebas federais; § 3º O procedimento de retificação de matrícula de título deslocado regulamentado neste Provimento somente é cabível para regularização de ocupações consolidadas há mais de 05 (cinco) anos, admitin-do-se a somatória de posse do proprietário anterior, não podendo ser utilizado para legitimar novos ca-sos de deslocamento de títulos;

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§ 4º Deverá instruir o procedimento declaração firmada pelo proprietário e pelo profissional técni-co responsável pela medição, sob pena de respon-sabilidade civil e criminal, com firma reconhecida, de que a ocupação encontra-se consolidada há mais de 05 anos; que inexiste qualquer ação persecutória de direito pessoal, ação de direito real ou litígio envolvendo o imóvel rural objeto da retificação; e que foram respeitados os direitos dos confrontan-tes;

Art. 2º Concluído o procedimento de retificação de matrí-cula de título deslocado e/ou sobreposto, caberá ao Oficial do Cartório de Registro de Imóveis encaminhar comuni-cado ao INTERMAT, para fins de “averbação da retifica-ção na Base Cadastral do Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso”, aplicando-se, por analogia, o procedimento previsto no Decreto nº 1.469/2012, que “dispõe sobre a-verbações de Títulos Judiciais previstos no Inciso I, do artigo 167, da Lei nº 6.015/73, na Base Cadastral do Insti-tuto de Terras de Mato Grosso”; § 1º Acompanhará o comunicado ao INTERMAT os se-guintes documentos: mapa e memorial descritivo; ART; certidão atualizada da matrícula e cadeia dominial do imó-vel; Art. 3º Este Provimento entrará em vigor na data de sua publicação.

Local, data Assinatura

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ANEXO C JURISPRUDÊNCIA

I - Estudo de casos EMENTA DO RECURSO ESPECIAL Nº 964.223 - RN (2007/0145963-0) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPI-ÃO. IMÓVEL URBANO. AUSÊNCIA DE REGISTRO ACERCA DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL. INEXIS-TÊNCIA DE PRESUNÇÃO EM FAVOR DO ESTADO DE QUE A TERRA É PÚBLICA. 1. A inexistência de registro imobiliário do bem objeto de ação de usucapião não induz presunção de que o imóvel seja público (terras devolutas), cabendo ao Estado provar a titularidade do terreno como óbice ao reconhecimento da prescrição aquisitiva. 2. Recurso especial não provido. ACÓRDÃO A Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Brasília (DF), 18 de outubro de 2011(Data do Julgamento) MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO Relator RELATÓRIO O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (Re-lator): 1. Jetro Maia Dantas ajuizou ação de usucapião extraordi-nária que tramitou perante a Vara Única da Comarca de Taipu/RN, aduzindo ter adquirido o imóvel descrito na inicial de Helena Rodrigues de Araújo, que, por sua vez,

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houvera-o adquirido de Luciano Miranda, ainda no ano de 1977. Sustentou que, desde então, detém a posse do imó-vel de forma mansa e pacífica, como se dono fosse. A U-nião e o Município de Taipu manifestaram desinteresse na ação. O Cartório do Registro de Imóveis informou a inexistência de registro do terreno, em razão do que o procurador do Estado do Rio Grande do Norte pugnou pela rejeição do pedido de usucapião, alegando tratar-se de terra devoluta. A sentença julgou procedente o pedido de usucapião, de-clarando a aquisição do domínio do imóvel em litígio (fls. 64-66). O Estado do Rio Grande do Norte interpôs recurso de ape-lação ao qual foi negado provimento por acórdão assim ementado: EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMÓVEL URBANO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. PREENCHI-MENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.238 c/c 1.243 DO CÓDIGO CIVIL. QUESTÃO PREJUDICIAL, SUSCITADA PELO ESTADO RECORRENTE, EM SE-DE DE PRELIMINAR, DE NULIDADE DA SENTEN-ÇA EM RAZÃO DA SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE SER O IMÓVEL USUCAPIENDO TERRA DEVO-LUTA E, POR CONSEQÜENTE, PERTENCENTE AO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHE-CIDO E IMPROVIDO. - Deve-se considerar que, tratando-se de ação de usucapi-ão, aquele que, por 15 (quinze) anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independente de título e boa-fé.

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- A questão prejudicial suscitada pelo Estado-apelante em sede de preliminar de nulidade da sentença, em razão da suspeição do Magistrado-sentenciante não procede, uma vez que o juiz condutor do feito e que proferiu a sentença foi o Juiz Substituto, bem como que o autor-apelado, in casu, não funcionou como serventuário da justiça, de mo-do que não restam dúvidas ao tratamento impessoal e i-gualitário entre as partes, que deve nortear o julgador quando da condução do regular tramitar do processo, res-tou devidamente assegurado. Documento: 1098309 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 04/11/2011 Página 2 de 8 Superior Tribunal de Justiça - A ausência de transcrição no Ofício Imobiliário não in-duz a presunção de que o imóvel se inclui no rol das terras devolutas; o Estado deve provar essa alegação. Sobreveio recurso especial apoiado na alínea "a" do permissivo cons-titucional, no qual alega o recorrente ofensa ao art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto caberia ao autor a prova do preenchimento dos requisitos para o reconhecimento da usucapião, especialmente o de se tratar de imóvel de propriedade particular. No caso concreto, não estando o imóvel vinculado a nenhuma titularidade, cumpria ao tribunal de origem reconhecer que se tratava de terra devoluta, de propriedade do Estado. Contra-arrazoado (fls. 133-137), o especial foi admitido (fls. 139-141). O Ministério Público Federal, mediante parecer subscrito pelo Subprocurador-Geral da República Pedro Henrique Távora Niess, opina pelo não provimento do recurso espe-cial (fls. 148-149). É o relatório.

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Documento: 1098309 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 04/11/2011 Página 3 de 8 VOTO O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (Re-lator): 2. A questão relativa ao ônus de se provar que o imóvel usucapido é particular, quando objeto de usucapião sem registro no cartório imobiliário respectivo, já é bastante conhecida por este Tribunal, bem como pelo STF, sobre-tudo quando o Estado sustenta a tese de que, nessa hipóte-se, a terra é devoluta. Na generalidade dos casos, busca-se apoio na Lei de Terras (Lei nº 601 de 1850), no seu art. 3º, verbis : Art. 3º São terras devolutas: § 1º As que não se acharem applicadas a algum uso publi-co nacional, provincial, ou municipal. § 2º As que não se acharem no dominio particular por qualquer titulo legitimo, nem forem havidas por sesmarias e outras concessões do Governo Geral ou Provincial, não incursas em commisso por falta do cumprimento das con-dições de medição, confirmação e cultura. § 3º As que não se acharem dadas por sesmarias, ou outras concessões do Governo, que, apesar de incursas em co-misso, forem revalidadas por esta Lei. § 4º As que não se acharem ocupadas por posses, que, apesar de não se fundarem em titulo legal, forem legitimadas por esta Lei. 3. Ocorre que essa tese está superada desde há muito tem-po e tive oportunidade de rechaçá-la na relatoria do REsp. n. 647-558/RS, apoiando-me em doutrina e em preceden-tes, tanto do STF quanto do STJ. De fato, em emblemático precedente de relatoria do então Ministro Moreira Alves, o

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STF examinou com profundidade o tema, proclamando inexistir em favor do Estado presunção iuris tantum de domínio, pois imóveis destituídos de registro não são ter-ras devolutas, cabendo a este provar a titularidade pública do bem. Colhem-se do voto proferido no RE 86.234 - MG os seguintes fundamentos: Esse dispositivo legal [§ 2º, do art. 3º, da Lei nº 601 de 1850] - que não se exaure nesse parágrafo 2º (um, apenas, dos casos em que as terras seriam consideradas devolutas) e que se encontra em Lei que visou, em face da circuns-tância de que a propriedade particular sobre imóveis se formou em nosso país mediante a concessão de sesmarias e simples posses, a extremar o domínio do Estado, nas terras públicas ainda não ocupadas ou já abandonadas, e o domínio particular [...] - esse dispositivo legal, repito, de-finiu, por exclusão, as terras públicas que deveriam ser consideradas devolutas, o que é diferente de declarar que toda terra que não seja particular é pública, havendo pre-sunção iuris tantum de que as terras Documento: 1098309 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 04/11/2011 Página 5 de 8 Superior Tribunal de Justiça são públicas. (sem grifo no original) Extrai-se, ainda, das lições de Pontes de Miranda, o se-guinte: Devoluta é a terra que devolvida ao Estado, esse não exer-ce sobre ela o direito de propriedade, ou pela destinação ao uso comum, ou especial, ou pelo conferimento de poder de uso ou posse a alguém. João de Barros disse que, fu-gindo os Mouros, as terras ficaram devolutas. Os bens do Estado, se não recebem destino, nem exerce o Estado os

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direitos que tem, ficam devolutos. Não se deve, porém, porque se dilataria, atecnicamente, o conceito, dizer que o dono do prédio que se ausenta o deixa devoluto. Pode ele renunciar à propriedade (art. 589, lI), abandoná-Ia (art. 589, III), ou perder a posse própria. Nenhum desses atos faz devoluta, em sentido estrito e exato, a terra. A renúncia fá-Ia adéspota, sem dono. O abandono põe-na em situação que se descreve no art. 589, § 2º. A terra devoluta de que cogitava a Lei nº 601, de 18 de setembro de 1850, art. 3º, não era sem dono; era terra pública (== do Estado), a que o Estado podia dar destino. Se a terra não é pública não é devoluta no sentido da Lei nº 601, de 18 de setembro de 1850, ou do Decreto nº 1.318, de 30 de janeiro de 1854. É terra sem dono. Terra que se adquire por usucapião de cinco anos, ou dez anos, ou quinze anos, ou por usucapião de vinte anos, conforme os princípios. O art. 5º, e) e f), do Decreto-Lei nº 9.760, de 5 de setembro de 1946, admitiu a usucapião das terras devolutas, conforme o Código Civil; mas o mesmo Decre-to-Lei nº 9.760, no art. 200, estabeleceu: "Os bens imóveis da União, seja qual for a sua natureza, não são os sujeitos a usucapião." Adiante, § 1.419, 3. A concepção de que ao Príncipe toca o que, no território, não pertence o outrem, particular ou entidade de direito público, é concepção superada. As terras ou são dos parti-culares, ou do Estado, ou nullius. Nem todas as terras que deixam de ser de pessoas físicas ou jurídicas se devolvem ao Estado. Ao Estado vai o que foi abandonado, no sentido preciso do art. 589, III. Ao Estado foi o que, segundo as legislações anteriores ao Código Civil, ao Estado se de-volvia. A expressão "devolutas", acompanhando "terras", a esse fato se refere. O que não foi devolvido não é devolu-

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to. Pertence a particular, ou ao Estado, ou a ninguém per-tence. Quanto às terras que a ninguém pertence e sobre as quais ninguém tem poder, o Estado - como qualquer outra pessoa, física ou jurídica - delas pode tomar posse. Então, é possuidor sem ser dono. Não foi a essas terras que se referiu a Lei nº 01, de 18 de setembro de 1850, art. 3º, tanto assim que se permitia a usucapião das terras não-apropriadas. Cf. Lei nº 601, art. 1 Q, alínea 1ª: "Ficam proibidas as aquisições de terras devolutas por outro título que não seja o de compra." Tal proposição existia no mesmo sistema jurídico em que existiam as regras jurídi-cas sobre usucapião (de tempo longo e de tempo breve). (Tratado de direito privado. v. 12, Campinas: Bookseller, 2001, p. 523/524). Na esteira desse entendimento, a jurisprudência desta Cor-te Superior também se inclinou no sentido de inexistir em favor do Estado presunção acerca da titularidade de bens imóveis destituídos de registro: CIVIL. USUCAPIÃO. ALEGAÇÃO, PELO ESTADO, DE QUE O IMÓVEL Documento: 1098309 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 04/11/2011 Página 6 de 8 Superior Tribunal de Justiça CONSTITUI TERRA DEVOLUTA. A ausência de trans-crição no Ofício Imobiliário não induz a presunção de que o imóvel se inclui no rol das terras devolutas; o Estado deve provar essa alegação. Precedentes do Supremo Tri-bunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Recurso especial não conhecido. (REsp 113255/MT, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2000, DJ 08/05/2000 p. 89)

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_________________________ No mesmo sentido, foi o precedente inicialmente citado, de minha relatoria: RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO. FAIXA DE FRONTEIRA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REGISTRO ACER-CA DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO EM FAVOR DO ESTADO DE QUE A TERRA É PÚBLICA. 1. O terreno localizado em faixa de fronteira, por si só, não é considerado de domínio público, consoante entendimen-to pacífico da Corte Superior. 2. Não havendo registro de propriedade do imóvel, inexis-te, em favor do Estado, presunção iuris tantum de que se-jam terras devolutas, cabendo a este provar a titularidade pública do bem. Caso contrário, o terreno pode ser usuca-pido. 3. Recurso especial não conhecido. (REsp 674.558/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALO-MÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/10/2009, DJe 26/10/2009) _________________________ Com efeito, inexistindo presunção de propriedade em fa-vor do Estado, e não se desincumbindo este do ônus pro-batório que lhe cabia, o acórdão recorrido há de ser manti-do. 4. Diante do exposto, nego provimento ao recurso especi-al. É como voto. Documento: 1098309 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 04/11/2011 Página 7 de 8 Superior Tribunal de Justiça CERTIDÃO DE JULGAMENTO

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QUARTA TURMA Número Registro: 2007/0145963-0 PROCESSO ELE-TRÔNICO REsp 964223 / RN Número Origem: 20070001601 PAUTA: 18/10/2011 JULGADO: 18/10/2011 Relator Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO Presidente da Sessão Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO Subprocuradora-Geral da República Exma. Sra. Dra. MARIA CELIA MENDONÇA Secretária Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI AUTUAÇÃO RECORRENTE : ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE ADVOGADO : MARJORIE MADRUGA ALVES PI-NHEIRO E OUTRO(S) RECORRIDO : JETRO MAIA DANTAS ADVOGADO : VALTER SANDI DE OLIVEIRA COS-TA ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Aquisição - Usucapião Extraordinária CERTIDÃO Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, profe-riu a seguinte decisão: A Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.

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Em tramitação no Supremo Tribunal Federal en-contra-se O mandado de Segurança n. 30231- PA, em que são partes: Impetrante UNIFLORESTA- Associação da Cadeia produtiva Florestal da Amazônia- Impetrado Cor-regedor nacional de Justiça- Litisconsortes Passivos= Uni-ão e Estado do Pará, discutindo ato da Corregedora de Justiça das Comarcas do interior do Tribunal de Justiça do Pará que, através do Provimento 013-2006- CGJ,determinou o bloqueio de mais de 5 mil matrículas de imóveis rurais naquele Estado.todas passíveis dos vícios de nulidades, apontados alhures. Segundo dados apontados por Patrícia Ferraz 23º Encon-tro Regional dos Oficiais de Registro de Imóveis em Belém do Pará recebe cem participantes de 12 estados e 30 cidades, no Brasil, apenas 2% de seus imóveis estão registrados).

Por que não há um cadastro nacional dos imó-veis, ou mesmo uma separação da propriedade pública e particular, nem o próprio governo tem a propriedade da área que utiliza.

Na conclusão do relatório apresentado pela Co-missão Parlamentar de Inquérito, destinada a Apurar a Ocupação de terras públicas na Região Amazônia, deno-minada CPI da grilagem de terra ( Publicada em 2001, pela gráfica dos Câmara dos Deputados) foi apurado que nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste estão concen-trados os maiores números de fraudes, sendo a principal delas a alteração do tamanho da propriedade registra-da.

Diversas foram às sugestões apresentadas pela ci-tada Comissão, presidida pelo saudoso Deputado Federal

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rondoniense, Sergio Carvalho, das quais colhemos o se-guinte:

Os atos registrais relativos a imóveis rurais têm profundas conseqüências jurídicas, de difícil reversão.

Mais do que os cadastros de propriedades, os re-gistros de imóveis rurais têm índole pública. Não se pode, no regime privado, conceber que o registro seja feito com a cautela necessária, posto que o oficial depende de efeti-vação do ato registral para se manter.

Do exposto, a referida comissão apresentou pro-posta de emenda ao art. 236 da Constituição Federal, de forma a estatizar os serviços notariais e de registro.

Em São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, temos o modelo de Cartório que exerce de maneira ideal a atividade registral, fiscalizada pelo Poder Judiciá-rio.

Ao reverso na Bahia, vemos um mau exemplo da mesma atividade, exercida pelo Poder Público, onde impe-ra a lentidão, deficiência que eleva o custo do serviços prestados, tendo em vista a presença de despachantes que se apresentam para vencer a burocracia, lentidão, defici-ência.

Por esses e outros mais diversos fundamentos, quanto à estatização dos serviços notarias/registrais, penso não assistir razão à comissão da CPI, que smj desconhece a realidade do exercício da atividade registral nos citados Estados e em outros mais da Federação.

Ademais, no Brasil atual, conforme se vê nos no-ticiários diários, eivado de falcatruas estão, a banda podre dos três poderes da República, cravado com o título de Pais de terceiro mundo, sub desenvolvido, desprovido de um seguro banco de dados, em face do sucateamento de

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seus órgãos responsáveis pela terra, não oferece a almeja-da segurança, mencionada pela comissão da CPI da gri-lagem da terra.

Nos países desenvolvidos, onde esses serviços são estatizados, as Prefeituras têm total controle da segu-rança, saúde, transporte, propriedade. Em nosso, salvo raras exceções, isso é utopia.

As notícias veiculadas na imprensa, demonstram esse estado de coisas, mais visível na Região Amazônica, tomando-se como ponto de partida o Centro-Oeste do Bra-sil, passando pelo Nordeste, culminando com a Região Norte.

Os Tribunais das citadas regiões, preocupados com a imagem e segurança jurídica dos atos praticados por maus registradores, vem editando provimentos, conforme a seguir se vê:

Provimento 13/2006- CGJPA INCRA pretende examinar escritu-ras de propriedades para verificar autenticidade dos títulos. As irregularidades encontradas em 17 cartórios do Amazonas, hoje sob intervenção, estão provocando uma verdadeira "operação limpe-za" na atividade cartorial do país. As investigações, que estão em an-damento no Amazonas, devem ser estendidas aos cartórios da Bahia, Pará, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, estados onde a grilagem de terras é mais problemática. Na se-mana passada, o presidente do In-

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cra, Francisco Orlando Muniz, re-uniu-se em Brasília com a presi-dente da Associação de Notários e Registradores (ANOREG), Léa Portugal, e aceitou a ajuda da insti-tuição no trabalho. A Anoreg já tem 15 voluntários interessados em deslocar-se para esses Estados para fazer uma verdadeira devassa nos cartórios. A intenção é que eles auxiliem o Incra no exame de to-das as escrituras registradas nos cartórios, verificando a coerência das cadeias dominiais. Ainda não há data prevista para ida dos técni-cos, mas já foi definido que pelo menos dois representantes da Ano-reg serão enviados para cada Esta-do, sempre provenientes de uma unidade diferente da federação. "Nós não damos respaldo ao mau profissional, porque uma laranja podre passa o problema para as ou-tras" diz Léa, que promete apoiar o governo na investigação para loca-lizar os principais grileiros de ter-ras do país e suas ligações com o-ficiais de cartórios. No Amazonas, as fraudes foram levantadas pela equipe do procura-dor Mário Braule Pinto da Silva, chefe da Procuradoria Regional do

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Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). Seu trabalho faz parte da meta do Incra de detectar todos os registros irre-gulares de imóveis feitos em cartó-rios das regiões Norte, Nordeste e Centro Oeste. A missão do procu-rador é verificar a titulalidade de mais 1,5 milhão de quilômetros quadrados (a área total do Estado), colocados sob suspeita depois que os cartórios amazonenses foram declarados sob intervenção. Para ele, a ajuda da Anoreg será bem vinda, já que "alguns percalços", como define têm atrasado a verifi-cação em regiões mais distantes. Entre eles, a falta de recursos. O orçamento previsto para a checa-gem total do Estado, de R$ 185 mil, não foi repassado à procurado-ria do Incra, que cumpriu um terço do trabalho com R$ 52 mil. "So-mente o dinheiro economizado com os 400 mil hectares que con-seguimos recuperar nestes últimos dois anos já seria suficiente para pagar o que foi investido", diz. Se as fraudes no Amazonas forem comprovadas, títulos hoje sob sus-peita poderão ser cancelados pelo Tribunal de Justiça do Amazonas.

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Já estão na mira do tribunal os re-gistros de 20 milhões de hectares de terra no Estado, que teriam sido "fabricados" nos cartórios. O procurador Mário da Silva re-comenda pressa na anulação. "A-lém de registrar terras que não e-xistem, os grileiros estão vendendo a mesma área para várias pessoas, o que significa que além de grila-gem temos também o crime de es-telionato para investigar", diz. As principais fraudes encontradas pelos procuradores do Incra são de alteração do tamanho da proprie-dade registrada. Há casos incríveis. Segundo o procurador Mário Silva, um dos grileiros mais famosos (e que já está sendo denunciado pelo Ministério Público), é Falb Saraiva de Farias. Até agora, não se sabe se ele realmente existe ou é apenas nome falso. "Em alguns registros ele se diz empresário ou industri-al", conta o procurador. O patrimônio de Falb Farias é de mais de 20 empresas e residências de luxo em Rio Branco, Mato Grosso, Porto Alegre e São Paulo. O detalhe mais curioso encontrado pelo Incra nos registros de terras

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do empresário diz respeito à Canu-tama, município amazonense cuja área total poderia englobar um Es-tado inteiro, com 2,4 milhões de hectares. De acordo com os regis-tros cartoriais, Falb Farias possui 3,2 milhões hectares na região. "É como se ele fosse dono de 147 % do município", brinca Mário Silva. No município de Tapauá, também no Amazonas, uma situação seme-lhante envolve o mesmo empresá-rio. Dos 9,6 milhões de hectares, Falb Farias consta como proprietá-rio de 5,6 milhões (mais de 60 % do município). Decisão - Conselho Nacional de Justiça Terça-feira, 15 de Agosto de 2006 às 12h53min. CNJ manda grileiro devolver quase meio milhão de hectares no Ama-zonas O Conselho Nacional de Justiça acaba de tomar, por unanimidade, decisão relacionada a um dos mais graves problemas vividos na Ama-zônia: a grilagem de terras. No ca-so específico, os conselheiros ana-lisaram pedido da Procuradoria Federal Especializada junto ao In-cra no estado do Amazonas contra

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o Tribunal de Justiça daquele Es-tado, em função de decisão do Conselho da Magistratura do T J-AM. Pela decisão tomada na manhã desta terça-feira (15/08), são de-volvidos ao patrimônio público da União quase meio milhão de hecta-res no município de Lábrea. A área era controlada por Mustafá Said e Leonice Mustafá Said. O caso já havia sido examinado pela CPI das Terras Públicas na Amazônia, constando inclusive em seu relató-rio final. Segundo o relator do caso no CNJ, conselheiro Paulo Schmidt, Said possuía duas áreas distantes entre si somando cerca de 1.400 hecta-res. Mas conseguiu, no TJ-AM, o reconhecimento de toda a área e-xistente entre as duas proprieda-des, resultando em 485 mil hecta-res. Depois de idas e vindas em diver-sas instâncias judiciais, a Correge-doria-Geral acabou anulando o re-gistro da área, decisão que foi re-vogada, em 2005, pelo Conselho da Magistratura no Estado. Agora, o CNJ repõe a decisão do extinto Tribunal Federal de Recursos e rei-

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terada pela Corregedoria-Geral em 2001. Segundo Schmidt, a Corre-gedoria já cancelou registros de quase 50 milhões de hectares nos municípios amazonenses de Lá-brea, Borba, Canutama, Manicoré, Beruli, Tapauá, Carauari, Humaitá, Nova Aripuanã, Boca do Acre, Ei-runepé, Envira, Ipixuna e Pauiní. "Em vários desses municípios, as áreas canceladas superam, muitas vezes, a totalidade do território desses municípios. Em Canutama, por exemplo, a área total do muni-cípio é de 2,4 milhões de hectares, mas foram cancelados os registros de 10,34 milhões de hectares", dis-se ao relatar. Paulo Schmidt lembra, ainda, que a grilagem de terras na Amazônia é o primeiro passo para a destruição da floresta. "Com o registro falso, o grileiro tenta negociar a terra, em geral para fazendeiros interessados em converter a floresta em planta-ções de soja ou em criações de ga-do, no início do processo de des-truição de uma das áreas de maior biodiversidade do planeta". Os e-feitos das agressões à Amazônia não ficam restritos localmente, se-gundo Schmidt, mas afetam a toda

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a população. "A floresta é impor-tante para o equilíbrio do clima no planeta", disse. A decisão do CNJ inclui, além da anulação da decisão administrativa do Conselho da Magistratura do TJ-AM, restabelecendo os efeitos da Portaria 04/2001 da Corregedo-ria-Geral do próprio T J-AM, a de-terminação ao Cartório do Registro de Imóveis o cancelamento dos competentes registros em cinco di-as, com comprovação nos autos. Decisão – Tribunal de Justiça – Piauí – Conflito Agrário Presidente do TJ-PI vai se empe-nhar na solução de conflitos agrá-rios Publicado em: 01/08/2006 O Presidente do Tribunal de Justi-ça do Piauí, desembargador Luis Fortes do Rego vai se empenhar pessoalmente na solução dos con-flitos agrários que envolvem ações em andamento na Justiça Estadual. A promessa foi feita ao Presidente do Instituto de Terras do Piauí-INTERPI, Francisco Guedes e aos representantes da Federação dos Trabalhadores na Agricultura-FETAG, durante audiência conce-

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dida nesta sexta-feira (28.07) na sede do TJ. O desembargador Luis Rego rece-beu cópia de um relatório do IN-TERPI, que aponta para a existên-cia de 28 processos envolvendo conflitos no campo. A maioria se refere à grilagem de terras piauien-ses por produtores rurais de outros estados. "Há casos de terras per-tencentes ao Estado que são incor-poradas em cartório, de forma irre-gular, ao patrimônio desses produ-tores. Eles alteram dados da área nas escrituras. Nos documentos a medida é uma, na prática a exten-são da propriedade é bem maior", denunciou Francisco Guedes. O Presidente do INTERPI pediu ao desembargador Luis Rego, a criação de uma Vara específica pa-ra questões agrárias e acrescentou que as Comarcas onde há maior número de conflitos sofrem com o acúmulo de processos. Em uma de-las, o juiz titular estaria apreciando até 40 processos por mês. O de-sembargador Luis Rego explicou que a existência de apenas 28 a-ções não justifica a criação de uma Vara específica e que 40 processos por mês não comprometem a efici-

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ência do trabalho de um magistra-do. "Passei mais de 20 anos na Va-ra da Infância e da Juventude de Teresina e julgava até 60 ou 70 a-ções a cada mês. Vamos apurar o que está acontecendo e orientar os juízes das Comarcas para que se-jam mais céleres. Quanto aos re-cursos que chegarem ao Tribunal, pedirei ao relator que for sorteado para cada um, que o aprecie com urgência", afirmou o Presidente do TJ-PI.

A reunião contou também com a participação dos desem-bargadores Edvaldo Moura e Nildomar da Silveira, respec-tivamente vice-Presidente do Tribunal e vice-Corregedor Geral da Justiça.

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ANEXO D STF JULGA CAUSA MAIS ANTIGA NA CORTE E MANTÉM VALIDADE DE ALIENAÇÃO DE TER-

RAS EM MT Por votação majoritária, o Plenário do Supremo

Tribunal Federal (STF) julgou improcedente, nesta quinta-feira (15), a ação mais antiga que estava em tramitação na Corte, protocolada em 17 de junho de 1959. Trata-se da Ação Cível Originária (ACO) 79, em que o Tribunal con-validou a concessão do domínio de uma área de 200 mil hectares pelo Estado de Mato Grosso a 20 empresas colo-nizadoras.

A Corte aplicou o princípio da segurança jurídica para manter a validade da operação, em caráter excepcio-nalíssimo, pois reconheceu que a operação foi ilegal, por ofender o parágrafo 2º do artigo 156 da Constituição Fede-ral (CF) de 1946, então vigente, que condicionava à prévia autorização do Senado a alienação ou concessão de terras públicas com mais de 10 mil hectares. Pelo artigo 188, parágrafo 1º, da Constituição Federal de 1988, a área su-jeita a prévia autorização foi reduzida para 2,5 mil hecta-res, porém também a Câmara, além do Senado, deve pro-nunciar-se. SITUAÇÃO DE FATO

Na decisão prevaleceu o voto do relator, ministro Cezar Peluso. Embora ele concluísse pela inconstituciona-lidade da alienação das terras, pela via de concessão de domínio, sem prévia autorização legislativa, ele ponderou que a situação de fato da área se tornou irreversível. Ob-servou que, hoje, ela é ocupada por cidades, casas, estra-das, propriedades rurais, indústrias, estabelecimentos co-

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merciais e de serviços, abrigando dezenas de milhares de pessoas. Por isso, propôs a convalidação da operação, in-vocando o princípio da segurança jurídica, até mesmo porque as terras foram repassadas pelo estado a colonos, na presunção da boa-fé.

De acordo com o fundamento pelo qual foi con-validado títulos de domínio, mesmo ao arrepio da Carta Magna (títulos nulos por não revestir a forma prescrita em lei –art. 166-Código Civil c/c$ 2º. Art. 1), nada impede que em outra oportunidade, pelos mesmos fundamentos, possa-se ter uma conclusão inversa, qual seja: Uma lei que preceitua que o ato é nulo é revogada por outra lei que diz que o ato não é nulo; mais tarde outra norma jurídica po-derá dispor em sentido contrário, ou seja que o ato até en-tão juridicamente correto será tido como nulo.Isso, certa-mente gerará uma instabilidade jurídica, a concluir que no Brasil as normas jurídicas são mutáveis de acordo com interesses pessoais e conveniência dos fatos, ao reverso dos preceitos jurídicos que devem imperar em sua elabo-ração.

Na decisão ficou claro que ela não implica a lega-lização da posse de terras localizadas em área indígena, pois essas são de propriedade da União, nem em área de preservação ambiental. Portanto, a decisão de hoje não afeta pleitos formulados nas Ações Cíveis Originárias (A-COs) 362, 365 e 366, que envolvem terras indígenas. Esta preocupação foi manifestada pela ministra Rosa Weber, relatora da ACO 365, que, diante desse esclarecimento prestado pelo relator, ministro Cezar Peluso, acompanhou o voto dele, pela improcedência da ACO. A AÇÃO

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A ação foi ajuizada pela União contra a Empresa Colonizadora Rio Ferro Ltda., a Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. e outras colonizadoras, bem como contra o Estado de Mato Grosso. Pleiteava a nulidade de contratos de concessão de terras públicas, feitos com di-versas empresas de colonização, com área superior ao li-mite então previsto no artigo 156, parágrafo 2º, da Consti-tuição Federal de 1946.

Na ação, a União se reportou ao relatório final de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Senado Fede-ral, de 2/7/1955, destinada a apurar as alienações ou con-cessões de terras devolutas pelo Estado de Mato Grosso, que confirmou ter havido concessão de largas porções de terras públicas, com área superior ao limite constitucional, sem prévia autorização do Senado.

O Estado de Mato Grosso contestou as alegações. Sustentou que a cessão das terras estava inserida num pro-jeto de colonização da área, mediante introdução de 300 famílias de pecuaristas e agricultores, além da população do núcleo, cabendo às empresas colonizadoras apenas a execução de trabalhos ou benfeitorias necessárias à vida humana e ao desenvolvimento do lugar.

No julgamento de hoje, o advogado que se mani-festou em nome das Construções e Comércio Camargo Corrêa disse que não se tratava de alienação de área supe-rior a 10 mil hectares, pois as concessões teriam sido feitas diretamente pelo governo estadual aos agricultores, e os lotes nunca teriam sido superiores a 1.000 hectares. Ainda segundo ele, as colonizadoras apenas atuaram como in-termediárias, não havendo contratos de cessão de terras firmadas entre elas e os agricultores. EXTINÇÃO

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Em petição datada de 1986, a própria União, au-tora da ACO, chegou a pedir a extinção da ação, sem jul-gamento, alegando não mais existirem os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido. Entretanto, em 1987, requereu a desistência do pedido de extinção do processo, em razão de “fatos supervenientes e conexão de causas”, bem como que o Estado de Mato Grosso forne-cesse o nome dos adquirentes de glebas ou lotes localiza-dos nos imóveis questionados. E, ainda em fevereiro deste ano, elaborou memorial reiterando pedido de anulação dos contratos objeto da ação.

Por seu turno, o Estado de Mato Grosso requereu a extinção do processo. Alegou impossibilidade prática de reverter a situação fundiária da área; que não foram cedi-dos lotes além do limite legal e, portanto, o pedido da U-nião seria inepto, uma vez que a causa de pedir não teria relação direta com a situação dos lotes alienados. O CASO

A ocupação da área ocorreu na esteira da “Mar-cha para o Oeste”, desencadeada pelo então governo Getú-lio Vargas para ocupar o interior do país, cuja população se concentrava, em sua maioria, próxima do litoral. As empresas colonizadoras foram contratadas pelo governo mato-grossense para ocupar a área e efetuar obras e servi-ços, como a construção de estradas, casas, escolas e de-mais estabelecimentos para servir as novas comunidades que vinham nascendo, bem como para nelas prestar servi-ços.

E tais obras, segundo entendimento da maioria dos ministros, não poderiam mais ser revertidas, sendo necessário aplicar o princípio da segurança jurídica para manter a paz e tranquilidade social na área.

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DIVERGÊNCIA O ministro Ricardo Lewandowski abriu a diver-

gência, advertindo que uma decisão pela improcedência da ação representaria a legalização de latifúndios além das dimensões permitidas.

Ele disse que a área em questão envolve 40 mil quilômetros quadrados, equivalente a duas vezes a exten-são do Estado de Sergipe. Lembrou que Mato Grosso tem problemas fundiários (mais de 8 mil latifúndios ocupando 69% da área agricultável do estado), problemas ambientais e de fronteiras. O ministro fez considerações acerca da dimensão da área ilegalmente alienada, apesar da situação lá consolidada, e observou que caberia aos Estados de Ma-to Grosso e Mato Grosso do Sul (surgido após o início deste processo) resolver a situação decorrente de uma e-ventual anulação dos atos de alienação.

Também os ministros Marco Aurélio e Ayres Britto divergiram da maioria. O primeiro manifestou sua estranheza por considerar que a Constituição Federal não reflete um documento rígido, mas flexível, que deva ser colocada em plano secundário ante uma situação de fato, em detrimento de princípios constitucionais.

No mesmo sentido se manifestou o ministro A-yres Britto, por considerar que a causa está “envolta em nebulosidade sobre a ambiência dessas terras públicas”, ocupadas por grandes empresas, estrangeiros e ONGs. Ele também considerou obscura a própria natureza jurídica dos atos celebrados.

O ministro Cezar Peluso observou, em resposta, que, para os latifúndios improdutivos, da mesma forma que para a área indígena, existe legislação própria de que o

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governo poderá valer-se em tais casos, e que a decisão de hoje não interfere neles.

Assim diz a EMENTA- referencia aos processos relacionados-ACO 79

Fonte: Site do STF- Acesso 16-03-2012 “ATO ADMINSITRATIVO. Terras públicas esta-

duais. Concessão de domínio para fins de colonização. Área superiores a dez mil hectares. Falta de autorização do Senado Federal. Ofensa ao artigo 156, # 2º., da Constitui-ção Federal de 1946, incidente á data dos negócios jurídi-cos translativos de domínio. Inconstitucionalidade reco-nhecida. Nulidade não pronunciada. Atos celebrados há 53 anos. Boa-fé e confiança legítima dos adquirentes dos lo-tes. Colonização que implicou, ao longo do tempo, criação de cidades, fixação de famílias, construção de hospitais, estradas, aeroportos, residências, estabelecimentos comer-ciais, industriais e de serviços, etc. Situação factual conso-lidada. Impossibilidade jurídica dos negócios, diante das conseqüências desastrosas que, do ponto de vista pessoal e socioeconômico, acarretaria. Aplicação dos princípios da segurança jurídica e da proteção á confiança legítima, co-mo resultado da ponderação e singularidade do caso. Vo-tos vencidos. Sob pena de ofensa aos princípios constitu-cionais da segurança jurídica e da proteção á confiança legítima, não podem ser anuladas, meio século depois, por falta de necessária autorização prévia do legislativo, con-cessões de domínio de terras públicas, celebradas para fins de colonização, quando esta, sob absoluta boa fé e convi-ção de validez dos negócios por parte dos adquirentes e sucessores, se consolidou, ao longo do tempo, com criação de cidades, fixação de famílias, construção de hospiais,

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estradas, aeroportos, residências, estabelecimentos comer-ciais, industriais e de serviços, etc.”

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ANEXO E – DECISÃO JUDICIAL SOBRE DESLO-CAMENTOS / SOBREPOSIÇÕES

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE JUARA DIRETORIA DO FORO

Autos nº 1569-87.2009.811.0018 Código: 34002

Vistos, Trata-se de suscitação de dúvida

formulada pela Oficiala de Registro RUBIA MARA OLI-VEIRA CASTRO GIRÃO, na qual se requer esclareci-mentos acerca do procedimento a ser adotado pelos regis-tradores de imóveis, quando há deslocamentos e/ou sobre-posições nas Certidões de Legitimidade de Origem de Á-rea para fins de averbação do Georreferenciamento.

Instado a se manifestar o Instituto de Terras de Mato Grosso (INTERMAT), prestou esclare-cimentos, conforme fls. 50-53.

O Ministério Público apresentou parecer, conforme fls. 56-60.

É o breve relato. Passo a decidir. A Suscitante, devidamente qualifi-

cada nos autos propôs a presente consulta visando esclare-cimentos acerca do procedimento a ser adotado pelos Ofi-

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ciais de Registro de Imóveis quando do registro de georre-ferenciamento em que há divergências em relação as certi-dões de legitimidade de origem de área.

O Instituto de Terras de Mato Grosso (INTERMAT), prestou esclarecimentos acerca do assunto em epígrafe, mencionando que se ocorrer apenas sobreposição em outro título não haverá óbice ao registro do georreferenciamento desde que o interessado demons-tre de forma inequívoca a posse mansa e pacífica sobre a área.

Todavia, caso haja deslocamento do georreferenciamento em face do título definitivo primi-tivo, explica o INTERMAT, que não haverá possibilidade de ser registrado, em razão de ausência de origem da área.

O Ministério Público de Mato Grosso, por meio do Promotor de Justiça, manifestou-se no sentido de que no caso em epígrafe deve o interessado utilizar-se da via administrativa ou judicial, para fins da identificação correta do imóvel, de forma a evitar prejuí-zos futuros a terceiros e aos confinantes (fls. 56-60).

É sabido que no Estado de Mato Grosso é comum a dificuldade na regularização das áreas rurais, em razão de diversos fatores, sejam eles ambientais ou fundiários.

Comum também é a questão da sobreposição ou deslocamento de áreas em relação ao títu-lo definitivo, principalmente diante da realidade em que estes últimos foram confeccionados, ou seja, numa época em que não havia a tecnologia dos sistemas digitais utili-zados na atualidade, que denotam maior precisão nas in-formações.

279

Acerca da averbação dos registros públicos, assim dispõe o inciso II, do artigo 213, da Lei nº 6.015/1973:

“Artigo 213 – O Oficial retificará o registro ou averbação: (...) II – a requerimento do interessa-do, no caso de inserção ou altera-ção de medida perimetral de que resulte, ou não, alteração de área, instruído com planta e memorial descritivo assinado por profissio-nal legalmente habilitado, com prova de anotação de responsabi-lidade técnica no competente Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA, bem assim pelos confrontantes.”

Tendo em vista que devemos nos atentar a verdade real, outra alternativa não há, senão o disposto no artigo supracitado, devendo o Oficial de Re-gistro proceder a retificação na matrícula sempre que esti-ver comprovado a posse sobre o imóvel nos limites das coordenadas indicadas no memorial descritivo e planta confeccionados por profissional habilitado.

Destarte, em caso de sobreposição e/ou deslocamento de área em relação ao título definitivo, deve o proprietário do imóvel providenciar a documenta-ção comprobatória da localização correta do imóvel, a-companhada de assinatura de todos os confrontantes e encaminhar ao Cartório para regularização e/ou retificação na matrícula do imóvel.

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Afinal, a anuência dos confrontan-tes, diante do caso concreto em que há alteração da área georreferenciada em relação ao título definitivo, indispen-sável a ciência inequívoca não só dos possuidores, mas também dos titulares de domínio das respectivas áreas sobre as quais há sobreposição e/ou deslocamento, já que, nos termos da lei civil, embora a posse seja uma forma de aquisição da propriedade, esta efetivamente só se transmi-te mediante o registro imobiliário, e assim, o titular do domínio é legalmente o proprietário das áreas confrontan-tes.

É nesse sentido a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vejamos:

“Ementa - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - PEDIDO DE AVERBAÇÃO DO MEMORIAL DESCRITIVO DO GEORREFERENCIAMENTO- REGISTRO INDEFERIDO DI-ANTE DA CONTROVÉRSIA SO-BRE OS LIMITES E A PROPRI-EDADE DA ÁREA - ATUAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA REALIZADA DE FORMA PER-TINENTE - ART. 213, II, §§ 4º E 10º DA LEI FEDERAL 6015/73 - APELO IMPROVIDO. Existindo controvérsia acerca do direito de propriedade, a Lei de Registros Públicos determina de forma pe-remptória a remessa do interes-sado para as vias ordinárias, até

281

porque a mesma só poderá ser dirimida pela via judicial, e não pela via administrativa, pois po-derá demandar instrução proba-tória, para verificação do fato re-lativo à sobreposição, ou não, de áreas...” Recurso de Apelação Cível nº 34730/2007 - Classe II - 19 – Comarca de Sorriso – Rel. Dr. Antonio Horácio da Silva Ne-to.

No entanto, havendo divergência entre os confrontantes, entendo que o litígio deverá ser solucionado judicialmente, por meio da ação cabível, de forma a evitar possíveis prejuízos a terceiros, bem como garantir a segurança jurídica quando da averbação.

Dessa forma, com fulcro nos arti-gos 213 e 246, ambos da Lei 6.015/73, bem como no de-creto nº 5.570/2005, deve a Suscitante tomar as providên-cias aqui elencadas de forma a realizar o registro do geor-referenciamento com as devidas retificações na matrícula, atendendo assim ao princípio da verdade real e garantindo ao mesmo tempo o direito de propriedade dos interessa-dos.

Homologo ainda, o atual procedi-mento adotado pela Ilustre Oficiala do Cartório de Regis-tro de Imóveis de Juara, qual seja, de que nos casos em que existam irregularidades na cadeia de domínio do imó-vel georreferenciado, desde seu título de origem primitivo, será requerida a apresentação da certidão de legitimidade de origem da área.

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Determino seja encaminhada cópia da presente decisão à Corregedoria Geral de Justiça de Mato Grosso, para as providências que entender cabíveis.

P.R.I. Cumpra-se. Após, arquive-se procedendo as

baixas e anotações de praxe. Juara, 01 de junho de 2011.

Rosângela Zacarkim dos San-tos

Juíza de Direito

283

ANEXO F

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ANEXO G - PROCESSO DE ARRECADAÇÃO DE TERRAS DEVOLUTAS - FAZENDA COLORADO –

MUNÍCIPIO CAMPO NOVO DO PARECIS – MT

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ANEXO H GEORREFERENCIAMENTO- CERTIFICAÇÃO

A Certificação de Imóveis Rurais, em princípio, tem por objetivo o atendimento de duas finalidades. A pri-meira, nos termos da Lei n° 6.015/73, georreferenciar os vértices das poligonais dos imóveis rurais ao sistema Geodésico Brasileiro, de maneira a oferecer a igualda-de de forma a todos os memoriais descritivos a serem levados a registro. A segunda, a Certificação propria-mente dita que, nos termos da Lei Federal n° 10.267/01 e do Decreto Federal n° 4.449/02, dá ênfase à materia-lização física e cadastral pelo georreferenciamento dos imóveis ao Sistema Geodésico Nacional. Instituições de cunho administrativo e executivo do siste-ma fundiário do Estado de Mato Grosso, o Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT, o Instituto Nacio-nal de Colonização e Reforma Agrária – INCRA e os Car-tórios de Registro de Imóveis estão diretamente envolvi-dos em processos de certificação de imóveis rurais, em decorrência de suas funções: 1. INTERMAT – órgão estadual de política e execução fundiária estadual, responsável pela maior parte acervo fundiário; 2. INCRA – órgão Federal, responsável pela política Na-cional de Desenvolvimento Rural e Reforma Agrária, ge-rencia o Sistema Nacional de Cadastro de Imóveis Rurais, emite do Certificado de Cadastro de Imóveis Rurais – CCIR, emite títulos na Faixa de Fronteira e ao longo das

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Rodovias Federais, responsável por uma parcela do acervo fundiário; e 3. Cartórios de Registro de Imóveis – registram os títulos outorgados pelo INTERMAT e pelo INCRA. A título de conhecimento, registra-se o caminhar regular de um processo de Georreferenciamento e Certificação em Mato Grosso: 1. Obtenção pelo proprietário de uma Certidão de Inteiro Teor de seu imóvel junto ao Cartório de Registro compe-tente, que deve constar localização, área, marcos e cami-nho (com distâncias e coordenadas), enfim, dando a forma da sua poligonal; 2. Contratação pelo proprietário de um profissional cre-denciado no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA para executar o georreferenciamento do imóvel; 3. O profissional executa os serviços tomando por base as feições física dos marcos que definem: a figura geométrica da poligonal, a área, seus limites, seus confrontantes, tudo georreferenciando ao Sistema Geodésico Nacional; 4. Devidamente processado, as peças técnicas do georrefe-renciamento são apresentadas ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA para a certifica-ção da poligonal do imóvel; 5. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, segundo suas normas técnicas, nada mais faz do que conferir a exatidão dos trabalhos executados e se as linhas da poligonal resultante não estão sobrepondo às dos seus confinantes, para, assim, emitir o Termo de Certifica-ção;

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6. Expedido o Termo, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA o remete ao Cartório de Re-gistro de Imóvel competente (ponto de partida do proces-so); 7. O Cartório de Registro de Imóvel, conforme recomen-dam os Provimentos n° 19/04 e 1/07 da Corregedoria Ge-ral da Justiça de Mato Grosso, ad cautelam, consulta for-malmente o Instituto de Terras de Mato Grosso – IN-TERMAT ou o Instituto Nacional de Colonização e Re-forma Agrária – INCRA quanto a legitimidade de origem e localização do Título Definitivo que originou o imóvel rural, ora certificado; e 8. De posse da manifestação de um dos referidos órgãos, confrontada e confirmadas as informações, o Cartório de Registro de Imóvel procede ao registro do Termo de Certi-ficação, com as características que satisfaçam aos anseios das Leis Federais n° 6.015/73 e 10.267/01 e do Decreto Federal n° 4.449/02. Normalmente, os dados de um imóvel, tanto no Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT, como no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA e nos Cartórios de Registro de Imóvel, deveriam ser iguais aos provenientes de levan-tamento de campo. No entanto, não é raro evidenciar as seguintes situações: 1. Títulos falsificados; 2. Títulos deslocados de sua posição original; 3. Títulos deslocados e/ou falsificados, unificados; 4. Títulos em terras indígenas ou em reservas ecológicas; 5. Títulos remontados;

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6. Títulos em Faixa de Fronteira sem anuência do Conse-lho de Segurança Nacional – CSN; e 7. Títulos outorgados em outro Estado da Federação (Pará-PA). Diante de tais circunstâncias, não há como registrar o Termo de Certificação que, embora emitido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, não espelha a realidade quanto ao domínio e a localização do imóvel. Revista dos Tribunais, 1978.

289

ANEXO I DOCUMENTOS HISTORICOS

RESOLUÇÃO Nº 76 – REINO – DE CONSULTA DA MESA DO DESEMBARGO DO PAÇO DE 17 DE JU-

LHO DE 1822 Manda suspender a concessão de sesmarias futuras até a convocação da Assembléia Geral Constituinte. Foi ouvida a Mesa do Desembargo do Paço sobre o reque-rimento em que Manoel José dos Reis pede ser conservado na posse das terras em que vive há mais de 20 anos com a sua numerosa família de filhos e netos, não sendo jamais as ditas terras compreendidas na medição de algumas ses-marias que se tenha concedido posteriormente. Responde o Procurador da Coroa e Fazenda: Não é com-petente este meio. Deve portanto instaurar o suplicante novo requerimento pedindo por sesmaria as terras de que trata, e de que se acha de posse; e assim se deve consultar. Parece à Mesa o mesmo que ao Desembargador Procura-dor da Coroa e Fazenda, com que se conforma. Mas V. ª Real Resolverá o que houver por bem. Rio de Janeiro, 8 de julho de 1822. Resolução Fique o suplicante na posse das terras que tem cultivado e suspenderam-se todas as sesmarias futuras até a convoca-ção da Assembléia Geral, Constituinte e Legislativa. Paço, 17 de julho de 1822. Com o rubrica de S.ª Real o Príncipe Regente. José Bonifácio de Andrada e Silva. Fonte: Coletânea de Legislação e Jurisprudência Agrá-ria e Correlata organizada por Joaquim Modesto Pinto Júnior e Valdez Farias (Brasília: MDA, 2007, p. 44).

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http://arisp.wordpress.com/2011/03/11/resolucao-76-de-17-de-julho-de-1822/

291

ANEXO J LEI No 601, DE 18 DE SETEMBRO DE 1850. Dispõe

sobre as terras devolutas do Império. Dispõe sobre as terras devolutas no Império, e acerca

das que são possuídas por titulo de sesmaria sem preen-chimento das condições legais. bem como por simples titulo de posse mansa e pacifica; e determina que, medidas e demarcadas as primeiras, sejam elas cedidas a titulo one-roso, assim para empresas particulares, como para o esta-belecimento de colonias de nacionaes e de extrangeiros, autorizado o Governo a promover a colonisação extrangei-ra na forma que se declara.

D. Pedro II, por Graça de Deus e Unanime Acclama-ção dos Povos, Imperador Constitucional e Defensor Per-petuo do Brasil: Fazemos saber a todos os Nossos Subdi-tos, que a Assembléa Geral Decretou, e Nós queremos a Lei seguinte:

Art. 1º Ficam prohibidas as acquisições de terras devolutas por outro titulo que não seja o de compra.

Exceptuam-se as terras situadas nos limites do Imperio com paizes estrangeiros em uma zona de 10 leguas, as quaes poderão ser concedidas gratuitamente.

Art. 2º Os que se apossarem de terras devolutas ou de a-lheias, e nellas derribarem mattos ou lhes puzerem fogo, serão obrigados a despejo, com perda de bemfeitorias, e de mais sof-frerão a pena de dous a seis mezes do prisão e multa de 100$, além da satisfação do damno causado. Esta pena, porém, não terá logar nos actos possessorios entre heréos confinantes.

Paragrapho unico. Os Juizes de Direito nas correições que fizerem na forma das leis e regulamentos, investigarão se as autoridades a quem compete o conhecimento destes delictos põem todo o cuidado em processal-os o punil-os, e farão effec-tiva a sua responsabilidade, impondo no caso de simples negli-gencia a multa de 50$ a 200$000.

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Art. 3º São terras devolutas: § 1º As que não se acharem applicadas a algum uso publi-

co nacional, provincial, ou municipal. § 2º As que não se acharem no dominio particular por

qualquer titulo legitimo, nem forem havidas por sesmarias e outras concessões do Governo Geral ou Provincial, não incursas em commisso por falta do cumprimento das condições de medi-ção, confirmação e cultura.

§ 3º As que não se acharem dadas por sesmarias, ou outras concessões do Governo, que, apezar de incursas em commisso, forem revalidadas por esta Lei.

§ 4º As que não se acharem occupadas por posses, que, a-pezar de não se fundarem em titulo legal, forem legitimadas por esta Lei.

Art. 4º Serão revalidadas as sesmarias, ou outras conces-sões do Governo Geral ou Provincial, que se acharem cultiva-das, ou com principios de cultura, e morada habitual do respec-tivo sesmero ou concessionario, ou do quem os represente, em-bora não tenha sido cumprida qualquer das outras condições, com que foram concedidas.

Art. 5º Serão legitimadas as posses mansas e pacificas, ad-quiridas por occupação primaria, ou havidas do primeiro occu-pante, que se acharem cultivadas, ou com principio de cultura, e morada, habitual do respectivo posseiro, ou de quem o repre-sente, guardadas as regras seguintes:

§ 1º Cada posse em terras de cultura, ou em campos de cri-ação, comprehenderá, além do terreno aproveitado ou do neces-sario para pastagem dos animaes que tiver o posseiro, outrotan-to mais de terreno devoluto que houver contiguo, comtanto que em nenhum caso a extensão total da posse exceda a de uma sesmaria para cultura ou criação, igual ás ultimas concedidas na mesma comarca ou na mais vizinha.

§ 2º As posses em circumstancias de serem legitimadas, que se acharem em sesmarias ou outras concessões do Governo,

293

não incursas em commisso ou revalidadas por esta Lei, só darão direito á indemnização pelas bemfeitorias.

Exceptua-se desta regra o caso do verificar-se a favor da posse qualquer das seguintes hypotheses: 1ª, o ter sido declara-da boa por sentença passada em julgado entre os sesmeros ou concessionarios e os posseiros; 2ª, ter sido estabelecida antes da medição da sesmaria ou concessão, e não perturbada por cinco annos; 3ª, ter sido estabelecida depois da dita medição, e não perturbada por 10 annos.

§ 3º Dada a excepção do paragrapho antecedente, os pos-seiros gozarão do favor que lhes assegura o § 1°, competindo ao respectivo sesmero ou concessionario ficar com o terreno que sobrar da divisão feita entre os ditos posseiros, ou considerar-se tambem posseiro para entrar em rateio igual com elles.

§ 4º Os campos de uso commum dos moradores de uma ou mais freguezias, municipios ou comarcas serão conservados em toda a extensão de suas divisas, e continuarão a prestar o mes-mo uso, conforme a pratica actual, emquanto por Lei não se dispuzer o contrario.

Art. 6º Não se haverá por principio do cultura para a reva-lidação das sesmarias ou outras concessões do Governo, nem para a legitimação de qualquer posse, os simples roçados, derri-badas ou queimas de mattos ou campos, levantamentos de ran-chos e outros actos de semelhante natureza, não sendo acompa-nhados da cultura effectiva e morada habitual exigidas no artigo antecedente.

Art. 7º O Governo marcará os prazos dentro dos quaes de-verão ser medidas as terras adquiridas por posses ou por sesma-rias, ou outras concessões, que estejam por medir, assim como designará e instruirá as pessoas que devam fazer a medição, attendendo ás circumstancias de cada Provincia, comarca e municipio, o podendo prorogar os prazos marcados, quando o julgar conveniente, por medida geral que comprehenda todos os possuidores da mesma Provincia, comarca e municipio, onde a prorogação convier.

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Art. 8º Os possuidores que deixarem de proceder á medi-ção nos prazos marcados pelo Governo serão reputados cahidos em commisso, e perderão por isso o direito que tenham a serem preenchidos das terras concedidas por seus titulos, ou por favor da presente Lei, conservando-o sómente para serem mantidos na posse do terreno que occuparem com effectiva cultura, ha-vendo-se por devoluto o que se achar inculto.

Art. 9º Não obstante os prazos que forem marcados, o Go-verno mandará proceder á medição das terras devolutas, respei-tando-se no acto da medição os limites das concessões e posses que acharem nas circumstancias dos arts. 4º e 5º.

Qualquer opposição que haja da parte dos possuidores não impedirá a medição; mas, ultimada esta, se continuará vista aos oppoentes para deduzirem seus embargos em termo breve.

As questões judiciarias entre os mesmos possuidores não impedirão tão pouco as diligencias tendentes á execução da presente Lei.

Art. 10. O Governo proverá o modo pratico de extremar o dominio publico do particular, segundo as regras acima estabe-lecidas, incumbindo a sua execução ás autoridades que julgar mais convenientes, ou a commissarios especiaes, os quaes pro-cederão administrativamente, fazendo decidir por arbitros as questões e duvidas de facto, e dando de suas proprias decisões recurso para o Presidente da Provincia, do qual o haverá tam-bem para o Governo.

Art. 11. Os posseiros serão obrigados a tirar titulos dos ter-renos que lhes ficarem pertencendo por effeito desta Lei, e sem elles não poderão hypothecar os mesmos terrenos, nem alienal-os por qualquer modo.

Esses titulos serão passados pelas Repartições provinciaes que o Governo designar, pagando-se 5$ de direitos de Chancel-laria pelo terreno que não exceder de um quadrado de 500 bra-ças por lado, e outrotanto por cada igual quadrado que de mais contiver a posse; e além disso 4$ de feitio, sem mais emolumen-tos ou sello.

295

Art. 12. O Governo reservará das terras devolutas as que julgar necessarias: 1º, para a colonisação dos indigenas; 2º, para a fundação de povoações, abertura de estradas, e quaesquer outras servidões, e assento de estabelecimentos publicos: 3º, para a construção naval.

Art. 13. O mesmo Governo fará organizar por freguezias o registro das terras possuidas, sobre as declaracões feitas pelos respectivos possuidores, impondo multas e penas áquelles que deixarem de fazer nos prazos marcados as ditas declarações, ou as fizerem inexactas.

Art. 14. Fica o Governo autorizado a vender as terras de-volutas em hasta publica, ou fóra della, como e quando julgar mais conveniente, fazendo previamente medir, dividir, demar-car e descrever a porção das mesmas terras que houver de ser exposta á venda, guardadas as regras seguintes:

§ 1º A medição e divisão serão feitas, quando o permitti-rem as circumstancias locaes, por linhas que corram de norte ao sul, conforme o verdadeiro meridiano, e por outras que as cor-tem em angulos rectos, de maneira que formem lotes ou qua-drados de 500 braças por lado demarcados convenientemente.

§ 2º Assim esses lotes, como as sobras de terras, em que se não puder verificar a divisão acima indicada, serão vendidos separadamente sobre o preço minimo, fixado antecipadamente e pago á vista, de meio real, um real, real e meio, e dous réis, por braça quadrada, segundo for a qualidade e situação dos mesmos lotes e sobras.

§ 3º A venda fóra da hasta publica será feita pelo preço que se ajustar, nunca abaixo do minimo fixado, segundo a qua-lidade e situação dos respectivos lotes e sobras, ante o Tribunal do Thesouro Publico, com assistencia do Chefe da Repartição Geral das Terras, na Provincia do Rio de Janeiro, e ante as The-sourarias, com assistencia de um delegado do dito Chefe, e com approvação do respectivo Presidente, nas outras Provincias do Imperio.

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Art. 15. Os possuidores de terra de cultura e criação, qual-quer que seja o titulo de sua acquisição, terão preferencia na compra das terras devolutas que lhes forem contiguas, comtanto que mostrem pelo estado da sua lavoura ou criação, que tem os meios necessarios para aproveital-as.

Art. 16. As terras devolutas que se venderem ficarão sem-pre sujeitas aos onus seguintes:

§ 1º Ceder o terreno preciso para estradas publicas de uma povoação a outra, ou algum porto de embarque, salvo o direito de indemnização das bemfeitorias e do terreno occupado.

§ 2º Dar servidão gratuita aos vizinhos quando lhes for in-dispensavel para sahirem á uma estrada publica, povoação ou porto de embarque, e com indemnização quando lhes for pro-veitosa por incurtamento de um quarto ou mais de caminho.

§ 3º Consentir a tirada de aguas desaproveitadas e a passa-gem dellas, precedendo a indemnização das bemfeitorias e ter-reno occupado.

§ 4º Sujeitar ás disposições das Leis respectivas quaesquer minas que se descobrirem nas mesmas terras.

Art. 17. Os estrangeiros que comprarem terras, e nellas se estabelecerem, ou vierem á sua custa exercer qualquer industria no paiz, serão naturalisados querendo, depois de dous annos de residencia pela fórma por que o foram os da colonia de S, Leo-poldo, e ficarão isentos do serviço militar, menos do da Guarda Nacional dentro do municipio.

Art. 18. O Governo fica autorizado a mandar vir annual-mente á custa do Thesouro certo numero de colonos livres para serem empregados, pelo tempo que for marcado, em estabele-cimentos agricolas, ou nos trabalhos dirigidos pela Administra-ção publica, ou na formação de colonias nos logares em que estas mais convierem; tomando anticipadamente as medidas necessarias para que taes colonos achem emprego logo que desembarcarem.

Aos colonos assim importados são applicaveis as disposi-ções do artigo antecedente.

297

Art. 19. O producto dos direitos de Chancellaria e da ven-da das terras, de que tratam os arts. 11 e 14 será exclusivamente applicado: 1°, á ulterior medição das terras devolutas e 2°, a importação de colonos livres, conforme o artigo precedente.

Art. 20. Emquanto o referido producto não for sufficiente para as despezas a que é destinado, o Governo exigirá annual-mento os creditos necessarios para as mesmas despezas, ás qua-es applicará desde já as sobras que existirem dos creditos ante-riormente dados a favor da colonisação, e mais a somma de 200$000.

Art. 21. Fica o Governo autorizado a estabelecer, com o necessario Regulamento, uma Repartição especial que se deno-minará - Repartição Geral das Terras Publicas - e será encarre-gada de dirigir a medição, divisão, e descripção das terras devo-lutas, e sua conservação, de fiscalisar a venda e distribuição dellas, e de promover a colonisação nacional e estrangeira.

Art. 22. O Governo fica autorizado igualmente a impor nos Regulamentos que fizer para a execução da presente Lei, penas de prisão até tres mezes, e de multa até 200$000.

Art. 23. Ficam derogadas todas as disposições em contra-rio.

Mandamos, portanto, a todas as autoridades, a quem o co-nhecimento, e execução da referida Lei pertencer, que a cum-pram, e façam cumprir, e guardar tão inteiramente, como nella se contém. O Secretario de Estado dos Negocios do Imperio a faça imprimir, publicar e correr.

Dada no Palacio do Rio de Janeiro aos 18 dias do mez do Setembro de 1850, 29º da Independencia e do Imperio.

IMPERADOR com a rubrica e guarda. Visconde de Mont'alegre.

Carta de lei, pela qual Vossa Magestade Imperial Manda executar o Decreto da Assembléa Geral, que Houve por bem Sanccionar, sobre terras devolutas, sesmarias, posses e coloni-sação.

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Para Vossa Magestade Imperial Ver. João Gonçalves de Araujo a fez. Euzebio de Queiroz Coitiuho Mattoso Camara.

Sellada na Chancellaria do Imperio em 20 de Setembro de 1850. - Josino do Nascimento Silva.

Publicada na Secretaria de Estado dos Negocios do Impe-rio em 20 de setembro de 1850. - José de Paiva Magalhães Cal-vet.

Registrada á fl. 57 do livro 1º do Actos Legislativos. Se-cretaria d'Estado dos Negocios do Imperio em 2 de outubro de 1850. - Bernardo José de Castro Este texto não substitui o publicado na CLBR de 1850

299

ANEXO K

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ANEXO L

301

ANEXO M HIPERLINKS VISITADOS

23º Encontro Regional dos Oficiais de Registro de I-móveis em Belém do Pará recebe cem participantes de 12 estados e 30 cidades http://www.irib.org.br/html/boletim/boletim-iframe.php?be=611 CPI Ocupação de Terras Públicas na Região Amazôni-ca http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes temporarias/parlamentar-de-inquerito/51-legislatura/cpiamazo INCRA esboço do banco de dados NOTÍCIA http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0,,OI1316625-EI306,00 Incra+espera+cadastro+de+imoveis+rurais+em+tres+meses.html 23º Encontro Regional dos Oficiais de Registro de I-móveis em Belém do Pará recebe cem participantes de 12 estados e 30 cidades http://www.irib.org.br/html/boletim/boletim-iframe.php?be=611

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José de Arimatéia Barbosa

http://lattes.cnpq.br/8904984415239183

Oficial de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos da Comarca de Campo Novo do Parecis – MT. Cartório Rui Barbosa – 1º Oficio – Registro Imóveis – Títulos e Documentos. Doutor em Ciências Jurídicas e Sociais pela UMSA - Uni¬versidad Del Museo Social Argentino, 2014; Pós-Doutor Università degli Studi di Messina – UNIME – Messina – Itália, 2014. Membro do Comitê de Assuntos Fundiários e Registros Públicos, criado pela Corregedoria de Justiça do Estado de Mato Grosso, representando, como vice-presidente, o Instituto dos Registradores do Brasil pelo estado de Mato Grosso; Integrante da Comissão Revisora de seu Boletim em revista: http://www.irib.org.br/; Livros publicados em Coautoria - 1 - Regime Jurídico dos Contratos no Con¬texto do Mercosul e da globalização. In: Romano, Letícia.II.Aragão, Paulo.III.título. (Org.). Reflexiones sobre Derecho Latinoamericano. 1ª. ed.Buenos Aires: Edtorial Quorum, 2012, v. 7, p. 1-703; 2 - Aqusición de inmoble rural por extrangero, Buenos Aires, 26 abr. 2013. In: Romano, Letícia.II.Aragão, Paulo.III.título. (Org.). Reflexiones sobre Derecho Latinoamericano. 1ª. ed.Buenos Aires: Edtorial Quorum, 2013, v. 10, p. 1-5992; 3 - Inscricpción de reserva legal y el ejercicio del derecho de propriedade, In: Romano, Letícia.II.Aragão, Paulo.III.tít; ulo. (Org.). Reflexiones sobre Derecho Latinoamericano. 1ª. ed.Buenos Aires: Editorial Derecho Latino, 2014, v. 14, p. 9-525; 4 - Aplicabilidade da multiparentalidade, In: Romano, Letícia.II.Aragão, Paulo.III.tít; ulo. (Org.). Reflexiones sobre Derecho Latinoamericano. 1ª. ed.Buenos Aires: Edito-rial Derecho Latino, 2014, v. 14, p. 167.