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Movimientos regionales en BoliviaAuthor(s): Gonzalo FLORES and Roberto LASERNASource: Cahiers du monde hispanique et luso-brésilien, No. 44, Numéro consacré à la Bolivie(1985), pp. 59-76Published by: Presses Universitaires du MirailStable URL: http://www.jstor.org/stable/40851252 .

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C.M.H.L.B. CARAVELLE, n° 44, p. 59-76, Toulouse, 1985.

Movimientos regionales en Bolivia PAR

Gonzalo FLORES et Roberto LASERNA Centro de Estudios de la Realidad Económica

y Social (CERES), Cochabamba (Bolivie).

En los últimos quince años Bolivia volvió a vivir un fenómeno que habiendo tenido antecedentes históricos de importancia, vino a hacer aún más complejo el campo de las conductas colectivas y de las relaciones políticas : los movimientos regionales.

En efecto, en el período señalado, algunas de las movilizaciones regionales más importantes, sobre todo bajo regímenes autoritarios, fueron movilizaciones donde los actores en conflicto no eran clases sociales sino regiones enfrentadas al Estado central.

Provisionalmente, movimiento regional podría ser definido como aquella acción social colectiva mediante la cual, a partir de una identidad de referencia sobre todo espacial (pero también cultural, de origen y tradición comunes), se constituye un sujeto colectivo social- mente heterogéneo : la región. Así, en un movimiento regional conver- gen diversos sectores y categorías sociales ejerciendo presión sobre el gobierno central o sobre el sistema político-institucional, en torno a objetivos específicamente definidos y que son, aunque sea momen- táneamente, reconocidos como generales. Por tanto, estos movimien-



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tos ponen en cuestión la relación Estado-región, o sus efectos, a tra- vés de luchas controladas por sectores dominantes a nivel regional (1)

ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y ESTRUCTURALES

Los movimientos regionales que vive Bolivia surgen en gran medida de un espacio donde se combinan la heterogeneidad estructural, la pluralidad cultural y étnica y la diversidad ecológica.

La heterogeneidad estructural de la sociedad boliviana descansa en la existencia combinada de diferentes tipos de relaciones sociales, que se desarrollan con ritmos propios. Frente a formas avanzadas de capitalismo en la minería y algunas ramas de la industria han hecho contraste formas no capitalistas - como las economías domésticas e incluso economías naturales - y también formas tan históricamente retrasadas como la propiedad latifundaria de la tierra. De modo para- lelo, los distintos modelos de desarrollo históricamente vividos en el país, han estimulado el desarrollo y crecimiento de unas regiones mientras que facilitaron el estancamiento o depresión de otras. La arritmia en el cambio y el desarrollo entre las regiones ha sido un factor esencial de la historia económica de Bolivia.

A su vez, pese al proceso de modernización y desarrollo capitalista, la diversidad étnica y cultural sigue siendo un elemento mayor de la realidad boliviana, y aunque no organiza la sociedad, es parte importante de la forma en que la población se agrupa y se reconoce.

Por último, el extenso territorio boliviano contiene una gran diversidad ecológica. Se distingue por lo general tres grandes macro-regiones ecológicas (altiplano, valles y llanos), cada una de las cuales contiene a su vez una variedad de microclimas. La marcada diferencia de las tres grandes regiones favorece así tendencias en favor de una especialización productiva y fortaleció en el pasado el aislamiento e incomunicación de las regiones, especialmente de las más distantes.

Sobre esta base, los movimientos regionales se han expresado de formas diversas dentro de cada uno de los tipos societales que se han formado en el país.

(1) Evidentemente, « movimiento regional » es una categoría de la práctica y no de la teoría. De ahí también la dificultad de precisarla. Hacerlo atañe a la definición de un objeto de estudio con toda la complejidad que ello representa. En nuestro caso, la discusión del tema continúa pese a su ya largo trayecto. Ver: Blanes, Calderón y Flores (1982), los trabajos de Calderón, Flores y Laserna en Calderón, y Laserna (1983 b). Está actualmente en marcha un Programa de Investigaciones sobre Formaciones y Movimientos Regionales que desarrollan conjuntamente CERES (Bolivia), CÍESE (Ecuador) y CEPES-CISEPA (Perú).



MOVIMIENTOS REGIONALES EN BOLIVIA 61

En el período colonial fue clara la distinción entre lo que Barnadas (1973) llamó la Charcas « nuclear » y la Charcas « periférica », así como la dinámica complementaria pero contradictoria entre los centros mineros del altiplano y las zonas agropecuarias de los valles.

La organización del espacio colonial tardío, centrada en torno a Potosí y Charcas, empezó a dislocarse desde la crisis de la producción platera. Con la guerra de Independencia emergería una nueva y efímera forma de organización, centrada en torno a las republiquetas creadas por las guerrillas y sus caudillos. Ellas expresaron con gran nitidez la fuerza del poder local.

Bajo la naciente república el espacio fue reorganizado sobre la base del nuevo auge argentífero en el altiplano y el sistema de ha- cienda, en vigorosa expansión en la misma zona, mientras que en los valles, junto a las haciendas ya establecidas se desarrollaba un incipiente sistema de pequeñas propiedades. La región oriental tenía una participación mínima en el modelo, basada en un intercambio restringido.

La guerra civil de 1899 fue en gran medida la expresión de cambios sustanciales en el modelo descrito : sobrevinieron la depresión de la minería de la plata y el acelerado desarrollo del estaño, acarreando cambios sociales y políticos de importancia. Mientras los mineros de la plata residían y tenían su centro de operaciones en Sucre, capital de la República, los nuevos mineros del estaño operaban en La Paz. Agrupados en torno a una ideología paceñista, laica y federal, las nuevas fuerzas emergentes de la minería del estaño derrotaron a las antiguas, fundadas en la minería de la plata, católicas y conservadoras, en una de las confrontaciones con mayor contenido regional del siglo.

Sobre la base del nuevo poder, los gobiernos liberales impulsaron la minería del estaño, la vertebración del territorio, unificaron el Estado y la emisión de moneda e impulsaron la educación, favore- ciendo en gran medida el desarrollo de La Paz y los centros occiden- tales del país, a los que dedicaron la mayor parte de sus recursos, dejando sujetos a su propio ritmo a los departamentos del Sur y del Oriente. Asentado sobre la relación minería-latifundio, el modelo oli- gárquico de dominación llevado a su más alta expresión por los liberales, sentó plena hegemonía por el prolongado lapso de veinte años.

Aunque en 1920 fue derrocado el régimen liberal, el modelo econó- mico siguió vigente hasta fines de la década del 40. En este prolongado período, las regiones centrales del espacio eran las zonas mine- ras y las ciudades de Cochabamba, La Paz y Oruro. Los llanos, aunque con una ligera mayor participación e intercambio económicos, poseían escasa capacidad de influencia sobre el sistema político, en



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el que las decisiones estatales eran fundamentalmente dirigidas a favorecer los centros urbanos del altiplano. Prueba de ello y res- puesta, fueron sucesivas revueltas producidas especialmente en Santa Cruz, donde en repetidas ocasiones movimientos protagonizados por los sectores dirigentes locales exigieron al gobierno central de La Paz una mayor atención al desarrollo y comunicación de esta región con el resto del país. En 1905 la Sociedad Histórica y Geográfica de Santa Cruz había hecho público un famoso memorándum al gobierno en el que demandaba la construcción de ferrocarriles a Santa Cruz y su conexión con las cuencas amazónica y del Plata y una política de protección a la producción y comercialización de los productos crú- cenos, en contra de la política vigente, que favorecía al intercambio con el extranjero, particularmente con el Perú. En 1921 las demandas llegaron a su punto más alto, cuando estalló una revuelta en Santa Cruz ante la negativa del gobierno republicano a construir los ferrocarriles. Más adelante, en 1924, una Junta Revolucionaria formada por militantes de diversas agrupaciones políticas (liberales, republicanos y « regionalistas ») tomó la ciudad, acusando al gobierno de corrup- ción, ineptitud, olvido y destrucción del ejército, y demandando aspiraciones más regionales que partidistas.

En breve, los movimientos regionales no son fruto exclusivo del presente. Tienen raíces y antecedentes, pero las características que asumen hoy derivan más directamente de las transformaciones producidas en Bolivia a partir de la revolución de 1952.

Para el análisis de los movimientos regionales contemporáneos conviene destacar tres elementos centrales derivados de la Revolu- ción Nacional : en primer lugar, la Revolución Nacional dio lugar a una reorganización radical del espacio. El antiguo eje dominante, formado por La Paz, los centros mineros y Cochabamba, cambió al haberse favorecido enormemente el desarrollo de Santa Cruz mediante la conexión caminera con Cochabamba, el estímulo a la producción agroindustrial, la apertura de la frontera agrícola mediante la polí- tica de colonización, la ampliación del mercado, el desarrollo urbano y la canalización de abundantes recursos financieros a la región, tanto a través de las regalías que ésta empezó a percibir por la producción petrolera como por una notable afluencia de créditos nacionales y externos. De este modo, al cabo de veinte o treinta años de la revo- lución nacional, Santa Cruz aparece fuertemente incorporada al eje dominante, desplazando a Cochabamba del segundo lugar entre los departamentos y centros urbanos del país y constituyéndose en un departamento con fuertes tendencias modernizadoras.

En segundo término, la revolución nacional permitió consolidar una especialización productiva y nuevos sectores sociales. A la antigua




localización productiva existente se sumó el desarrollo en Santa Cruz de la producción petrolera, ganadera y agroindustrial (algodón, caña, soya y otros) junto con un activo proceso de colonización de tierras por parte de pequeños productores emigrantes del altiplano y valles. Sobre la base de las antiguas y extensas propiedades agrícolas escasa- mente afectadas por la reforma agraria, y al calor de la política de incentivo del gobierno del MNR, se desarrolló una nueva joven bur- guesía agroindustrial, que pronto incursionaría en la esfera financiera y empezaría a definir un proyecto político con proyección nacional.

En tercer término, la revolución nacional acentuó y profundizó un modelo político altamente centralizado. El débil Estado pre-revolucionario se convirtió en un auténtico Estado central unificador de la sociedad y en poderoso actor económico al convertirse en el propie- tario de los principales medios productivos y con ello en el principal inversor y empleador de la economía. Destaca igualmente el gran crecimiento de los aparatos y particularmente de la burocracia estatal, convertida en factor clave de la decisión sobre los recursos y la misma distribución del ingreso.

Es sobre la base de estos tres elementos que se redefinen a partir de 1952 las características y contenido de los movimientos regionales. Su contenido se orienta en torno al proceso de desarrollo, la disposi- ción de los recursos y el modo de disponer de ellos.

LAS MOVILIZACIONES REGIONALES DE LOS ÚLTIMOS AÑOS

Los últimos quince años han sido abundantes en movilizaciones regionales pero fue desde los años 70 cuandos éstas se hicieron particularmente fuertes. Santa Cruz, Cochabamba y el Bloque Cívico del Sur (Tari ja, Chuquisaca y Potosí) han sido los principales prota- gonistas junto a otros departamentos donde se produjeron movilizaciones menores.

Santa Cruz. Santa Cruz tiene, como hemos señalado, una larga experiencia de

movilización regional. La más fuerte, por sus dimensiones y conse- cuencias, fue la producida en torno a las regalías petroleras.

Después de la guerra del Chaco, el gobierno del Tcnl. Germán Busch dictó una ley, determinando que el 11 % del valor de la producción bruta del petróleo se destinaría a los tesoros de los departamentos productores. Pero más adelante, bajo el gobierno del MNR fue cuando se produjo el verdadero conflicto. El gobierno del MNR sancionó el Código del Petróleo, que determinaba que el 11 °/o señalado se desti-




naría al Estado central. Pero al no derogar las disposiciones del gobierno Busch, el gobierno creó una gran ambigüedad : a quién se destinaría el 11 % ? (2).

Un fuerte movimiento se desarrolló en Santa Cruz para reclamar los fondos que debía generar la ley Busch y para arrancar una ley interpretativa del nuevo código del petróleo. La cuestión tomó pro- gresivo carácter político y de oposición al MNR. Mientras éste impul- saba medidas de carácter social en la ciudad y las provincias, la opo- sición formada por el Comité Pro-Santa Cruz y la Falange Socialista Boliviana, exigía una definición sobre las regalías. En 1957 la cues- tión era, al decir de Roca (1980), « de vida o muerte ». El MNR cru- ceño se sumó a las demandas ya generalizadas. Por último, en medio de una gran fragmentación y de luchas intestinas donde inter- vinieron el comando cruceño del MNR, el gobierno central, FSB, el Comité Pro-Santa Cruz, milicias campesinas y tropas del ejército, la región obtuvo que el gobierno aprobara la ley del 15-1-57 que en su artículo único determinaba que las regalías se destinarían a los tesoros departamentales en cumplimiento de lo dispuesto por la ley Busch. Santa Cruz pudo así disponer de una considerable cantidad de recursos que fueron utilizados a través de la Corporación Regional de Desarrollo del departamento y permitieron impulsar el veloz proceso de modernización vivido por la región y particularmente por el centro urbano principal.

No sólo con los fondos obtenidos con las regalías, sino también a partir de una activa política de desarrollo impulsada por el gobierno del MNR, que comprendió asfaltado de carreteras, impulso a la agro- industria, apertura de frontera agrícola, poblamiento y ampliación del mercado, Santa Cruz atravesó un acelerado proceso de desarrollo y modernización capitalistas, al mismo tiempo que se consolidaban los organismos que habían hecho posible la victoria de 1957 y se fortalecía una clara conciencia de identidad e interés regional.

Fue así que la nacionalización del petróleo (1969) fue concebida como un peligro para Santa Cruz, ante la posibilidad de que se redu- jera el monto de las regalías o que desaparecieran definitivamente. Los gobiernos de tono popular y de izquierda fueron percibidos como potenciales ejecutores de este peligro. En 1971 el movimiento militar que derrocó al régimen izquierdista de Torres fue también en gran medida un movimiento regional impulsado por las nuevas clases dirigentes formadas en la región que veían en el gobierno una ame- naza a sus intereses.

(2) Ya antes de Busch, otros gobiernos habían dictado disposiciones relativas a la participación del Estado y los departamentos en la producción petrolera. Cf. Roca (1980).




Durante el gobierno de Banzer la región siguió beneficiándose de las regalías petroleras, tanto más cuanto el precio del petróleo, en vista de la crisis energética mundial, había crecido notablemente. Pero producida la caída del gobierno de Banzer sucedió un prolongado período de inestabilidad donde se combinaron breves gobiernos militares con cortos interregnos civiles democráticos.

El momento político más difícil fue el vivido desde julio de 1980, cuando fracciones militares vinculadas al narcotráfico tomaron el poder intentando consolidar una forma autoritaria de gobierno. En una de las confluencias antiautoritarias más notables, las fuerzas sociales, políticas, sindicales, corporativas y cívicas de la sociedad se opusieron a lo que un analista llamó acertadamente el gobierno de la « cleptocracia ». Pero en esa coyuntura de disolución, cuando se veía sobrevenir el inevitable derrumbe del régimen, quedaba pen- diente la cuestión de las fuerzas que tendrían bajo su control el nuevo juego político. El movimiento obrero y campesino, fortalecido con las aperturas electorales desde 1978 constituían alternativa importante, así como los partidos de corte populista y de izquierda agrupados en torno a la joven Unitad Democrática y Popular.

Que los Comités Cívicos no se alinearían con el gobierno de García Meza había quedado claro cuando se opusieron vivamente a la for- mación de un Comité Cívico Nacional, frenando en seco una iniciativa tomada en ese sentido por ese gobierno. Pero lo que no se espe- raba era que los Comités Cívicos desempeñaran el rol casi protagónico que jugaron en la disolución del autoritarismo y la apertura demo- crática. En efecto, sumados a una corriente más amplia de oposición al régimen, pero no confundidos con ella, los Comités Cívicos volvieron a jugar un rol importante y directamente político. En medio de una gran ola de rechazo al régimen, el Comité Pro Santa Cruz fue el primero de los Comités Cívicos en lanzar un paro departamental exi- giendo la entrega del gobierno a los civiles. En pocos días se sumaron a la iniciativa los Comités Cívicos de los otros departamentos, con- tribuyendo de esta manera de forma decisiva a la huelga general que obligó a los militares a reconocer la legitimidad de las elecciones de 1980 y a entregar el gobierno a la UDP.

Cochabamba. En Cochabamba las movilizaciones regionales tienen menor fuerza

y nitidez que en el caso precedente. Mientras que en Santa Cruz la revolución nacional creó las bases para el desarrollo de una nueva clase dirigente, en Cochabamba destruyó las bases de las antiguas clases superiores, dando paso a la formación de una sociedad regional muy diversificada pero poco integrada por relaciones centrales.




No han habido paros cívicos en Cochabamba antes de 1972. Según Laserna (1983) ello se debe tanto a la economía más estable de Cocha- bamba (no ha sido nunca centro de ninguno de los enclaves pero ha estado ligada a todos), como a que el nuevo patrón de ocupación del espacio creado desde 1952 la reforzó en su rol comunicador. Adi- cionalmente, el departamento ha tenido una escasa tradición regio- nalista y en la práctica, los intereses regionales contemporáneos sólo empezaron a ser formulados con una cierta claridad cuando sur- gió una organización capaz de recoger y sistematizar los intereses dis- persos y agruparlos en un provisional programa regional : JUNCO (Junta de la Comunidad) fundada en 1972 y posteriormente fusionada con el Comité Pro Cochabamba.

En 1973, convocado por JUNCO, tuvo lugar un primer paro, bajo el cartel de demandas muy particulares, en el que los objetivos de fondo fueron lograr que los aparatos del Estado en la región corres- pondieran más directamente a la relación local de fuerzas. Se trató, como señaló un investigador, de un esfuerzo por « localizar » el Estado (Laserna, 1983 : 119).

En 1976, JUNCO condujo una protesta local ante la ausencia de proyectos específicamente « cochabambinos » en el plan quinquenal de desarrollo aprobado por el gobierno de Banzer. En 1978 tuvo lugar un nuevo paro, cuando trabajadores docentes y administrativos de la Universidad lograron catalizar en su favor el movimiento regional, movilizando a la región para que el Estado Central les reconociera mejoras salariales. Por último, en 1982 JUNCO convocó a un nuevo paro, sumándose a la lucha por la entrega del poder a los civiles y la constitucionalización del país.

En el conjunto de estos cuatro grandes eventos, el movimiento regional en Cochabamba no compite con el Estado, sino que juega a obtener una influencia dentro de él. En gran medida la orientación menos « rupturista » de Cochabamba obedece a la forma que se inserta en el conjunto de la economía nacional, pero también y de modo central, a la naturaleza compleja y diversificada de la estruc- tura social en la región y por tanto a la gran diversidad de intereses que se juegan y deben conjugarse en un movimiento regional. Al no existir una clase social hegemónica o « reinante » al nivel regional, que hubiera sido también capaz de tomar el control del movimiento regional, la dirigencia del mismo descansa sobre todo en los nuevos notables y en la burocracia local, muy permeables a una diversidad de demandas e intereses y poco orgánicos en su práctica. Pueden así sucederse demandas globales por el desarrollo de la región como luchas por intereses puntuales de uno u otro grupo social. El parti- cularismo aparece de forma explícita y abierta.




El Sur.

Chuquisaca, Tarija y Potosí han formado el Bloque Cívico del Sur. Aunque geográficamente no corresponden con exactitud a esta deno- minación, los agrupa el hecho de ser los departamentos con menor desarrollo en el país. Un reciente estudio sobre la calidad de vida demostró que en Chuquisaca y Potosí se encuentra la población más empobrecida de todo el país y que ambos departamentos ocupan el más bajo lugar en la jerarquía departamental (MPC, 1984).

Son regiones donde prima una población rural y agrícola, de escaso desarrollo industrial e incluso limitado desarrollo urbano, donde la zona minera aparece como excepción. Prima por tanto la heterogeneidad social y la consiguiente escasa correspondencia entre bases y organizaciones y la limitada organicidad de éstas.

Las reivindicaciones se dirigen hacia la obtención de obras de desarrollo básico (conexiones camineras, infraestructura, servicios esenciales, comunicaciones), mostrando con claridad el aislamiento y deterioro de las regiones.

En las movilizaciones realizadas, la dirección recae en los notables locales y pequeñas élites urbanas y menos en las clases dominantes, pues éstas son estructuralmente ausentes. Desde 1977 los Comités Cívicos de los tres departamentos empezaron a reunirse y consti- tuyeron el Bloque Cívico del Sur. La agrupación de estos tres comités les dio una mayor capacidad de presión, en contraste con su aislamiento. En efecto, los paros realizados en el sur tienden a ejecutarse de forma simultánea o por lo menos coordinada entre los tres departamentos participantes. Esta forma de agrupamiento permitió que varios de los objetivos buscados fueran efectivamente logrados.

La Paz.

En La Paz se había fortalecido una clara conciencia regional a prin- cipio de siglo, cuando los intereses mineros del estaño condujeron victoriosamente la revolución que trasladó a esta región la sede del gobierno y los principales aparatos del Estado. Pero progresivamente, el Estado se identificó con La Paz y la conciencia nacional terminó primando y sepultando la conciencia regional paceña. En La Paz está al mismo tiempo el más alto nivel de conciencia nacional y el más bajo nivel de conciencia regional. Ello se debe en gran medida a que las relaciones económicas, los intereses de clase y otros conflictos, tienen un referente más nacional que local.

No obstante, han empezado a surgir iniciativas para formar un




movimiento y una dirigencia regional. Una de ellas, desde sectores empresariales y antiguas familias originalmente hacendales; la otra, desde sindicatos obreros y campesinos, pero hablando ambas a nombre de intereses regionales, aunque con perspectivas sociales diferentes.

A diferencia de otras regiones, los esfuerzos por constituir un movimiento regional apenas cristalizan. Los intereses regionales están poco organizados y son poco visibles, incluso para la región misma. Quizá por ello aparecen con nitidez sólo cuando entran en juego la oposición con otra región. Aunque progresivamente empiezan a definirse metas regionales, queda claro que La Paz es y seguirá siendo por mucho tiempo escenario y campo de resonancia más de problemas nacionales que de temas regionales.

¿ QUÉ LUGAR OCUPAN EN LA POLÍTICA LOS MOVIMIENTOS REGIONALES ?

Como se mencionó, la práctica reciente ha ubidado en muchos casos a los movimientos regionales en los marcos de una acción dirigida por los grupos dominantes emergentes en las regiones y por sus organizaciones políticas y corporativas.

En 1957, la derrotada reticencia del gobierno del MNR a reconocer el régimen de regalías petroleras había consolidado la fusión del regionalismo cruceño, con los intereses del nuevo empresariado agrí- cola, bajo la conducción de la oposición a la Revolución Nacional : la FSB y el Comité Pro Santa Cruz. Quince años después el Comité Pro-Santa Cruz y la ideología de la « cruceñidad » volvieron a arti- cular la hegemonía regional de los agroindustriales y otros empresarios crúcenos, ofreciendo una primera y sólida fuerza social de apoyo al régimen autoritario que presidió Banzer. Este período fue fundamental para el desarrollo de los movimientos regionales y a su vez, éstos jugaron un rol gravitante en el sistema político del autoritarismo burocrático.

La probada eficacia del « modelo cruceño » inspiró a los políticos allegados al régimen y las propias élites locales. Viejos Comités fueron remozados o se crearon nuevas organizaciones cívicas que hablaban a nombre del interés general. Este esfuerzo coincidía con el proyecto desarrollista del gobierno que, con grandes disponibili- dades financieras provenientes de la exportación de petróleo y del endeudamiento externo, aparecía como el principal inversionista. Gran parte de las luchas regionales, presididas por estos organismos cívicos, giraron en torno a proyectos específicos a través de los cuales se pugnaba por la asignación de los recursos públicos.




Aparentemente regida por criterios de eficiencia técnica y de plani- ficación, la política económica del gobierno de Banzer era, en realidad, muy sensible a las presiones de las fuerzas sociales mejor colocadas en el sistema autoritario burocrático. La coacción dirigida hacia algunas contrasta con el grado de permisión concedido a otras : es la doble relación entre dominio-contestación e incorporación-integración que aparece tan nítidamente estos años.

Se desactivaron sistemáticamente los movimientos considerados desestabilizadores de la política y perturbadores del proceso de crecimiento. La coacción sobre ellos alcanzó los niveles más altos. Pero en contraste, se concedió un margen, un espacio a movimientos de otro orden, que aunque ponían en juego temas de la economía e incluso de la política, tendieron, como los movimientos regionales (y vecinales) a la « coyunturalización » de los conflictos. Pero, los « movimientos coyunturales », como señalara Gramsci (1978 : 40), « dan lugar a una crítica política mezquina, cotidiana, que se dirige a los pequeños dirigentes y a las personalidades que tienen la responsabilidad inmediata del poder », impidiendo que los conflictos pongan en juego el sistema de dominación o la política general del Estado. Que esto fue percibido por el régimen lo demuestra la extraordinaria tolerancia con que trató a las organizaciones cívicas y a la luchas que éstas liderizaron. En suma, a medida que la dictadura cerraba los espacios de expresión de la sociedad civil, los movimientos regionales adquirían cada vez mayor importancia, desplazando u ocultando los conflictos sociales dentro de las regiones (Cf. Calderón y Laserna 1983a).

Habría que añadir que tal como se desarrollaron en los años del autoritarismo burocrático (1971-1978) las luchas regionales contri- buyeron eficazmente a su legitimación, aunque parcial y temporal- mente. « Frente a su naturaleza verticalista, la actitud contestaría asumida por las organizaciones regionalistas les da a éstas la apariencia de fiscalizadoras del régimen y a éste la apariencia de estar controlado desde abajo. Frente a la naturaleza excluyente de la dictadura, el regionalismo ofrece un espacio de aparente participación social en las decisiones de gobierno. Frente a su esencia autoritaria, en las entidades regionalistas puede encontrarse un campo para el diálogo y el debate » (Laserna 1983 : 131).

No cabe pues, ninguna duda sobre la relevancia política de los movimientos regionales durante el régimen autoritario. Pero este papel cambia bajo un marco político diferente.

En efecto, apenas iniciada la apertura democrática en 1978, las organizaciones sindicales y partidarias canalizaron la expresión social, adquirieron fuerza y representatividad y rápidamente reba- saron los marcos previstos y proyectados por el régimen.




En un escenario ocupado por sindicatos, partidos, elecciones, golpes militares y parlamento, los movimientos regionales refluyeron sobre sí mismos hasta casi desaparecer. Las organizaciones cívicas se resistieron a ello, pero incluso sus acciones más consistentes mostraron que la nueva situación no les ofrecía un lugar de importancia.

Súbitamente, el cruento golpe militar de julio de 1980, que encabezó García Meza, modificó nuevamente el escenario. Con el recuerdo todavía fresco del papel desempeñado por los organismos regionales entre 1971 y 1978, los ideólogos de la nueva dictadura aspiraban a institucionalizarla recurriendo a los comités cívicos, a los que condideraron la base organizativa y representativa de la « democracia inédita » : el Comité Cívico Nacional que agrupara a los Comités Cívicos Departamentales (ya existentes), por debajo de los cuales se formarían comités cívicos provinciales, admitiéndose a ese nivel participación directa de la ciudadanía mediante órganos sectoriales de base.

El pasado inmediato de los comités cívicos e incluso la presencia de connotados dirigentes regionales en el gobierno, permitían suponer una aplicación exitosa del modelo. Sin embargo, el rechazo provino precisamente de los dirigentes cívicos y particularmente del Comité Pro Santa Cruz. Desde entonces el distanciamiento fue cada vez mayor, agrandándose mientras más persistía el régimen en su intento de manipular las luchas regionales y cooptar a las organizaciones cívicas.

Momento culminante de este proceso fueron los hechos ocurridos cerca ya del primer año del golpe. Conciente de su extrema debilidad, el gobierno de García Meza buscó apoyo en La Paz ofreciendo la ejecución del proyecto agroidus trial de San Buenaventura, conside- rado hasta entonces como la primera y más sentida reivindicación del regionalismo paceño. El débil apoyo logrado por el régimen fue mínimo ante la contundente oposición que provocó, pues sintiéndose directamente amenazados los empresarios del azúcar de Santa Cruz, convocaron a través del Comité Cívico la solidaridad cruceña y dieron así inicio a una movilización rechazando la instalación de un ingenio azucarero en La Paz.

La iniciativa del gobierno de García Meza en favor del ingenio azucarero de San Buenaventura no hizo sino exacerbar el sentimiento adverso que había despertado Santa Cruz como en el resto del país. Progresivamente se fue desarrollando una poderosa lucha con un claro objectivo : echar a los militares del poder y constitucionalizar el país.

La incorporación de los movimientos regionales a la lucha por la democracia no puede explicarse únicamente por su rechazo a la




cooptación. Un factor extraordinariamente importante en la preci- pitación de los hechos fue la comprobación pública del profundo grado de corrupción e irresponsabilidad a que habían llegado los actos gubernamentales. El saqueo de piedras semi-preciosas en La Gaiba puso nuevamente en el primer plano de la sensibilidad pública el tema de los recursos naturales, considerados por los movimientos regionales como patrimonio de la colectividad territorial. El mismo papel jugaron las denuncias sobre indiscriminada tala de árboles para la exportación ilegal de maderas finas, realizada al amparo del gobierno. El deterioro del autoritarismo, su descomposición evidente, no solamente obstaculizaban cualquier posibilidad de apoyo social sino que alentaban y provocaban una oposición decidida : rápida- mente se generalizó el consenso de finalización, para cambiar las reglas del juego político.

Ya hemos descrito la participación de los movimientos regionales en la caída del militarismo, su opción democrática. No lo hicimos con el ánimo de sobredimensionar su importancia, ya que la derrota pacífica lograda sobre los militares en octubre de 1982 sólo puede entenderse por el consenso casi unánime logrado en favor de la democracia. Pero es justo reconocer que así como la lucha sindical de obreros y campesinos a la persistencia de los militantes políticos fueron fundamentales, también los movimiento regionales aportaron su fuerza hasta alcanzar la constitucionalización del país.

MOVIMIENTO REGIONAL Y DEMOCRACIA

No se puede descartar del todo la hipótesis de que en esa coyuntura de apertura, a través de los movimientos regionales se expresaban los nuevos grupos dominantes y particularmente la burguesía agroindustrial del oriente, disputando las banderas de la democracia a la Central Obrera Boliviana y evitando, con ello, un desenlace radical o revolucionario a la crisis política que vivía el país (Laserna 1982). Pero es cierto, también, que la lucha por la democracia condujo hacia la democratización de los órganos regionales (Calderón y Laserna 1983a y 1983b).

Desde la instalación del gobierno constitucional presidido por Hernán Siles Zuazo, la prensa ha dado testimonio de serios esfuerzos realizados en el seno de los comités cívicos por ampliar su representatividad social. En muchos casos, como en Chuquisaca, Potosí y Cochabamba, estos organismos dejan de ser controlados por minorías más o menos consistentes para incorporar en su seno a organizaciones obreras, campesinas, provinciales y otras. En otros, como en La Paz, los esfuerzos de unificación institucional fracasan precisa-




mente por la falta de apoyo popular, y se observan, más bien esfuerzos de los organismos sindicales y vecinales de base por constituir opciones cívicas alternativas. Todo esto ocurre, además, mientras dichas organizaciones luchan por consolidar en su favor un espacio en el sistema institucional de la democracia.

Como no podía ser de otra manera, la nueva composición social de los movimientos regionales ha puesto nuevos matices en sus objetivos y reivindicaciones. No sólo se reafirma la necesidad de preservar la democracia, sino que también se ponen en juego propuestas que tienen que ver con su consolidación o con su orien- tación.

Así, además de reiterar en sus pronunciamientos su respaldo a la democracia y a la Constitución Política del Estado, los movimientos regionales demandan la realización de elecciones municipales, sus- pendidas desde hace más de 30 años, exigen la puesta en marcha de un proceso de descentralización política y administrativa de los aparatos del Estado.

Las elecciones municipales (que no se realizan desde 1949) han sido hasta ahora obstaculizadas por los partidos políticos, tanto del gobierno como de la oposición, que se acusan mutuamente de la inexistencia de iniciativas concretas para el establecimiento del régimen legal que haría posibles los Consejos Municipales Autónomos. Mientras tanto, crece la impaciencia y se hará más conflictiva a medida que se aproxima la fecha fijada para su ejecución : el 2 de diciembre de 1984. Bien vistas las cosas, la ejecución de elecciones municipales en todo el país para dicha fecha está fuera de todo alcance. Aparte de la formulación del proyecto de ley, su discusión, promulgación y sanción por los correspondientes poderes del Estado queda la difícil tarea de la organización misma de las elecciones. El material y antecedentes de las elecciones generales de 1979, también utilizados para 1980, fueron destruidos por el gobierno de García Meza. Se debe entonces proceder a inscribir nuevamente a la pobla- ción, fijar las circunscripciones electorales, comprar o producir el abundante material necesario, registrar partidos, imprimir papeletas y realizar otras tareas cuyo cumplimiento en el más optimista de los cálculos tomaría un mínimo de cuatro meses. Ante esta imposibilidad real surgen dos alternativas : o se postergan nuevamente las elecciones municipales, abriendo paso a una ola de descontento, o las regiones lanzan iniciativas independientes del Estado central para constituir sus municipios. En este segundo caso estaríamos ante una de las notables iniciativas regionales.

Por su parte, el tema de la descentralización es más trascendente para los movientos regionales, no sólo por sus implicaciones futuras




sino también porque en él cristalizan aspiraciones lentamentes labra- das los años anteriores.

Cualquiera hubiera sido su conducción, la acción regional hacia el Estado fue despertando deseos de participación social en los asuntos locales y en las decisiones políticas de alcance regional. Tan frecuen- tes como las luchas por lograr el respaldo financiero del gobierno a proyectos de desarrollo regional, fueron aquellas en las que se exigían cambios o designaciones de autoridades legales. Y todo esto en el marco de una práctica ya habitual en las organizaciones sociales en Bolivia : el énfasis por la autodeterminación tanto frente a los partidos como frente al propio aparato estatal. Así, cuando en los debates sobre la descentralización los movimientos regionales postulan la formación de Gobiernos Departementales, lo que se plantean como objetivo es la institucionalización de un efectivo control local sobre la gestión estatal y naturalmente, una participación más amplia en la misma por parte de las fuerzas regionales.

Hacia el futuro, la importancia del tema de la descentralización es de inestimable importancia. En lo inmediato, porque tiene que ver con la conducción del más grande inversionista y el más importante y productor de bienes y servicios : el Estado, núcleo y eje del patrón de acumulación y desarrollo,

Hay varios proyectos de descentralización que están en debate. Los surgidos desde el Estado plantean, en general, formas conservadoras de limitada desconcentración del Estado. Los nacidos desde las regiones tienen mucho más alcance y gran potencia de reforma del Estado. Pero en un país donde el centralismo y el presidencialismo se han reforzado mutuamente en una larga tradición política, es poco probable que el gobierno aliente una efectiva descentralización, pues ésta supone en lo esencial restar atribuciones al poder central para traspasarlas a las regiones. Por tanto, en torno a la descentralización se avecina un nuevo capítulo de luchas regionales.

En otra dimensión, puede verse en los movimientos regionales un planteamiento nuevo aunque implícito acerca del crucial problema de la constitución nacional. Pues si por un lado los movimientos regionales ponen de manifiesto la existencia de una nación hetero- génea en sus referencias económicas y culturales, por el otro apuntan hacia una reforma del Estado de tal modo que su institucionalidad reconozca una configuración social, regional y cultural diversa.

En esta perspectiva, los movimientos regionales parecerían capaces de revertir los planteamientos vigentes en América Latina acerca de la relación Estado-nación. « Y ya no se trataría, entonces, de utilizar al primero para construir a la segunda, sino de admitir una configu- ración nacional altamente diferenciada, adecuando en ese sentido, las estructuras institucionales de modo que sean auténticamente




expresivas de la diversidad en vez de intentar su disolución » (Cal- derón y Laserna 1983a). Pero esta aspiración implica la necesidad de la forma democrática de acción política, en tanto su vigencia supone aceptar la alteridad, estableciendo relaciones que no culminen en la destrucción del adversario.

Cochabamba - Santa Cruz, Agosto de 1984.



BIBLIOGRAFIA

Barnadas, Josep, 1973. - Charcas, Orígenes Históricos de una Sociedad Colonial La Paz, CIPCA.

Calderón, Fernando y Laserna, Roberto, 1983a. - « Nación, Estado y Movimientos Sociales Regionales en Bolivia (197M983).» Seminario Movimientos Sociales en América Latina. UNU-FLACSO. Costa Rica.

- 1983b. - El poder de las regiones. Ed. CERES, Cochabamba.

Flores, Gonzalo, 1983. - « Movimientos regionales : algunos temas de base » en Calderón y Laserna, 1983b.

Gramsci, Antonio, 1978. - La política y el Estado Moderno, México : Premio Editores.

Laserna, Roberto, 1982. - « Los paros cívicos en Cochabamba, 1971-1982 » (Ms.), CERES.

- 1983. - « Movimiento regional y Estado (conflictos regionales en Cochabamba, 1972-1982).» En: Calderón y Laserna, 1983b.

M.P.C. (Ministerio de Planeamiento y Coordinación), 1984. - Extrema Pobreza en Bolivia: situación y perspectivas políticas. La Paz, Dirección de Planificación social.




Résumé. - Les mobilisations politiques les plus importantes des dernières années ont plus été le fait de régions entrant en conflit avec l'Etat que de classes sociales. La diversité et les tensions régionales anciennes ont organisé l'espace national selon quatre pôles : La Paz, Cochabamba, Santa Cruz et les départements du sud. Les luttes régionales ont pesé d'un grand poids dans le retour récent de la démocratie dont une des tâches serait de redéfinir les rela- tions Etat-régions.

Resumen. - Las movilizaciones políticas mãs importantes de estos últimos años se deben más a regiones que inician conflictos con el Estado que a clases sociales. La diversidad y las tensions regionales antiguas han organizado el espacio nacional según cuarto polos: La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y las regiones del sur. Las luchas regionales han pesado mucho en el reciente retorno a normas democráticas, subrayando la urgencia de una nueva definición de las relaciones entre Estado y regiones.

